Soraya Sáenz de Santamaría durante la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles. - JAIME GARCÍA

Moncloa impide al Congreso derogar la congelación de pensiones

El PP recurrirá ante el Constitucional el nuevo veto del Gobierno

madrid Actualizado:

Hay un recorte social que une a la oposición en bloque contra el Gobierno de Zapatero por encima de cualquier otro asunto: la congelación de pensiones en 2011. La mayoría del Congreso ha pedido al Ejecutivo hasta en nueve ocasiones que respete el Pacto de Toledo y deje sin efecto una medida de recorte social que afecta a los más débiles, los pensionistas. La insistencia parlamentaria no ha tenido ningún éxito, y el Gobierno ya ha dejado claro que no piensa cumplir esas iniciativas, que no son vinculantes. Pero en el registro del Congreso permanece un texto diferente, una Proposición de Ley para suprimir la congelación de pensiones, que si se aprobara sí tendría que aplicarse. Ante el alto riesgo de que eso sucediera, Moncloa ha optado por el camino más corto y ha vetado la Proposición para que no pueda debatirse. El Grupo Popular, autor de la iniciativa, presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional ante lo que considera un nuevo «atropello» de Presidencia.

El escrito del Ministerio de Presidencia donde se comunica el veto a la Proposición de Ley entró en el registro de la Cámara el pasado jueves. Entre sus argumentos para la prohibición del debate, explica que la aprobación de la iniciativa «generaría inseguridad y desconfianza exterior en la política económica española, incremento de la carga financiera que corresponde al servicio de la deuda, con impacto inmediato en el déficit y, en consecuencia, un aumento de los créditos presupuestarios, por lo que el Gobierno no presta la conformidad para su tramitación en virtud de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución».

Lo cierto es que si la Proposición de Ley se llevara a votación, saldría adelante casi con toda seguridad, pues a priori cuenta con el apoyo mayoritario de la Cámara. La iniciativa del PP, que se registró el pasado 28 de mayo, tiene un artículo único, que suprime el capítulo de «medidas en materia de pensiones» del real decreto-ley de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, más conocido como «tijeretazo social».

El Ministerio de Presidencia explica, para justificar su veto, que «las finanzas públicas han sufrido un grave deterioro que ahora debe ser corregido como requisito esencial para alcanzar una recuperación económica sólida y duradera». En esa corrección incluye el Gobierno de Zapatero la congelación de pensiones, una decisión que tomó fuera del consenso del Pacto de Toledo y que recibió una contundente contestación por parte de toda la oposición. Según el Gobierno, la congelación, «excepcional», de las pensiones aportará 1.400 millones de euros al ajuste en el régimen de Seguridad Social y otros 130 millones en el de clases pasivas del Estado.

«Pérdida de credibilidad»

«Una Proposición de Ley como la planteada supone una marcha atrás en una medida valorada por todas las instituciones internacionales como fundamental para el cumplimiento de nuestro objetivo de déficit», advierte Presidencia, quien destaca que «la sensibilidad del mercado ante cualquier duda sobre la voluntad de ajuste es muy elevada». Más aún, cree que la iniciativa supondría una «pérdida de credibilidad importante para el conjunto del país».

El veto del Gobierno se basa en el artículo de la Constitución que establece que toda proposición que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios «requeriría la conformidad del Gobierno para su tramitación». El PP considera que su Proposición no tiene impacto en el actual ejercicio presupuestario, por lo que el Gobierno no tiene capacidad de bloqueo. El veto era una herramienta excepcional antes de esta legislatura. En los dos últimos años, sin embargo, el Ejecutivo ha echado mano de ella para impedir el debate de 12 iniciativas del Grupo Popular.