Moncloa eleva el lío jurídico al rectificar a medias su intento de legislar sin las Cortes

Sin embargo, la rectificación ha sido a medias ya que, como adelantó este miércoles ABC, el Consejo de Ministros aprobó este martes con sigilo un real decreto con las nuevas tablas salariales para todas las categorías de jueces y fiscales, en lo que supone una enmienda a la corrección de errores. Pero no revocó esa corrección de errores que, por tanto, sigue publicada y vigente.

«El Gobierno hace un mix. Un decreto que funciona como real decreto y, a la vez, como corrección de error de la corrección de error. El problema es que la ley no la puede modificar un real decreto. Sigue vigente la ley y la corrección de error primera», subrayan letrados de las Cortes a este diario.

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Emilio V. Escudero

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«La ley sigue vigente con esa corrección incorporada y es una corrección que el BOE no puede realizar», coinciden fuentes de la Mesa del Senado a este periódico. «Por tanto, el Gobierno tiene que revocar esa publicación y sacar nuevamente una norma con rango de ley para poder corregir el error cometido. Con una norma de rango reglamentario no nos sirve», añaden. Esto implica que el conflicto de atribuciones iniciado por la Cámara Alta sigue su curso y que si el Ejecutivo no revoca la corrección de errores el contencioso acabará ante el Tribunal Constitucional.

Para más inri, el Gobierno reconoce en el nuevo real decreto que también se equivocó al redactar la propia corrección de errores que sigue vigente. «Se ha detectado que las cuantías correspondientes al complemento de destino de magistrados del grupo de población 4 y jueces del grupo 5, no se corresponden con las actualizaciones operadas, por lo que mediante el presente real decreto (...) procede realizar su regularización», señala.

Además, el Ejecutivo admite también el desconcierto creado con la redacción original que le dio a la Ley de Eficiencia de la Justicia. «No se regularizaron empero las retribuciones correspondientes a los complementos de destino y específico de la carrera fiscal» de dos anexos, y que «permanecen» con las cuantías previstas para 2024. «Aun cuando las retribuciones de los miembros de ambas carreras (judicial y fiscal) se rigen por las mismas disposiciones» y «el complemento de destino obedece a los mismos principios», señala el real decreto, «la discrepancia aparente (...) puede llevar a confusión». «Por ello resulta oportuno regularizar y armonizar ambos anexos a través del presente instrumento», añade.

El nuevo real decreto ley no fue explicado por la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado. El texto aparece firmado por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Consta de un artículo único que regulariza los complementos salariales de jueces y fiscales, y una justificación sobre la necesidad de este real decreto.

Y es que la norma que regula las publicaciones en el BOE recoge específicamente que los fallos «padecidos en el texto recibido» para su publicación pueden rectificarse cuando sean «meros errores u omisiones materiales, que no constituyan modificación o alteración del sentido de las disposiciones». Todos los demás casos, las alzas salariales por ejemplo, «se salvarán mediante disposición del mismo rango».

Dicho de otro modo, el Gobierno debería haber subsanado su olvido utilizando otro proyecto de ley porque éste es el rango que tiene el texto de Eficiencia de la Justicia. Pero primero abusó al utilizar la corrección de error y ahora ha empleado un real decreto, que tiene rango inferior al de proyecto de ley. Es por ello, que letrados de las Cortes subrayan que este vehículo no tiene capacidad para modificar la Ley de Eficiencia, y por lo que la Mesa del Senado seguirá adelante con el conflicto de atribuciones mientras el Gobierno no revoque la corrección de errores que publicó, o la anule mediante otra ley.

El debate de fondo no es menor ya que el pasado mes de septiembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró al Comité Federal del PSOE su decisión de gobernar «con o sin apoyo de un poder legislativo que tiene que ser más constructivo y menos restrictivo». O, dicho de otro modo, avanzó su intención de gobernar al margen de Congreso y Senado si lo considera necesario

En ambas Cámaras, esta declaración disparó el temor a que el líder socialista ponga en marcha tácticas legislativas al margen de la ley, y es en este contexto en el que la Cámara Alta no va a dejar pasar esta irregular corrección de errores al entender que abre la puerta a una praxis muy peligrosa. De hecho, letrados de las Cortes consultados por este periódico mostraban la semana pasada su estupefacción por el atrevimiento del Ejecutivo. «Si extiende esta práctica, puede introducir lo que quiera en el BOE», señalaban.

«Sánchez ya advirtió que gobernaría de espaldas al Parlamento y legislar con enmiendas intrusas o corrección de errores es solo un ejemplo. También le advertimos de que nos tendría enfrente para evitar esas tropelías. Y un ejemplo de eso es la iniciativa que impulsamos para que el Gobierno no legisle mediante corrección de errores», avisaba este miércoles la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.