Moncloa busca hacer del 28 de mayo un plebiscito sobre los servicios públicos

A comienzos de esta semana la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, y Santos Cerdán, secretario de Organización, reunieron en Ferraz a los secretarios provinciales del PSOE. La campaña regional, especialmente en aquellos territorios con presidente en ejercicio, tendrá mucha autonomía. Sí habrá una convención municipal, aunque también en ese ámbito territorial la prioridad será lo local. Pero los socialistas no quieren invisibilizar la acción del Gobierno. Y se ha pedido a los territorios que se afanen en explicar el carácter de «protección» de estas medidas. Los últimos sondeos del CIS están situando al PSOE con una ventaja sobre el PP en la franja de votantes entre 65 y 74 años. La reciente subida de las pensiones va a ser la medida que los socialistas más van a destacar estos meses. En paralelo la otra medida más destacada es la subida del Salario Mínimo. Mientras el PP hablará de la necesidad de cambio, de gestión tranquila y pondrá el foco en el desgaste del Ejecutivo central, los socialistas quieren que se vote en una disyuntiva entre izquierda o derecha como modelos antagónicos. Esa es la estrategia.

Sánchez sometió a la política española a un final de año trepidante. Buscó acelerar asuntos pendientes que podían acarrear mucho desgaste para empezar 2023 centrado en el discurso económico. El choque con Podemos a cuenta de la reforma de la ley del solo sí es sí ha roto ese esquema. Pero el presidente sí está centrando sus mensajes en esa polarización ideológica, anclando al PSOE en un discurso nítidamente de izquierdas y abandonando recursos más tecnocráticos en los que Sánchez se ha fogueado en otros momentos. El tiempo de destacar los acuerdos transversales con la patronal se ha terminado. En favor de un discurso muy crítico con las «élites económicas» que tienen «un plan» de erosión de los servicios públicos que ejecuta «la derecha política». Este fue el eje de su intervención en el Senado esta semana.

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En vez de hacer un retrato optimista sobre la realidad del país, Sánchez hizo un planteamiento pesimista en varios pasajes. Denunció la pérdida de poder adquisitivo en los últimos 20 años y el crecimiento en la utilización de sistemas privados por parte de los ciudadanos, especialmente en Sanidad. Para Sánchez todo responde a «un plan oculto» para «debilitar, cuando no socavar, el Estado de bienestar». Un plan, dijo Sánchez «diseñado por ciertas élites económicas pero apoyado por una derecha política» para «hacer que los servicios públicos se deterioren para que pasen a lo privado». Y acusó al PP de «enmascarar» ese plan bajo «la promesa de bajar impuestos».

Un debate económico haciendo oposición a la oposición desde el Gobierno. Con el plácet del enfoque de respuesta expansiva a la crisis que está dando ahora la Unión Europea, el gran balón de oxígeno de este Gobierno, en comparación con la reacción a la crisis que arrancó en 2008. Sánchez enmarca la campaña haciendo oposición no a Feijóo, sino a Zapatero y Rajoy. Realmente solo a Rajoy, porque en el relato de hechos los años 2010 y 2011 no existen.

El enfoque económico no se desarrolla tanto en el plano presente, donde el Gobierno presume de algunos datos pero sabe que otros se le pueden volver en contra, sino en algo más conceptual y primario. Si en 2019 el riesgo del que se advirtió era una suerte de involución democrática, al calor del ascenso de Vox, ahora se articula un nuevo eje de competición en torno a la sanidad y la educación pública. Da igual que los socialistas lideren nueve de las comunidades autónomas que se someten a refrendo. La imagen de Isabel Díaz Ayuso y el recuerdo de la gestión de la anterior crisis por el PP son el recurso del que se va a servir el PSOE. Desde que comenzó el año Sánchez está intensificando este eje de acción. El más relevante y el que más explotó el Gobierno fue su discurso en el Foro de Davos: «Sabemos que el sistema no es justo. Está lleno de injusticias y desigualdades. Y ya es hora de arreglarlo. Es hora de que nuestra economía y nuestra política vuelvan a centrarse en lo que realmente importa: el bienestar de los ciudadanos». Una semana después cargaba contra el pasado en su intervención en el Congreso de los Diputados cuando presumía de su influencia en alguna de las medidas adoptadas por la Unión Europea: «A diferencia de lo que ocurrió hace diez años bajo otros gobiernos con los que, si importábamos algo, fueron rescates al sector financiero y recortes a nuestro Estado de bienestar».

El 11 de enero, desde la sede de UGT, Sánchez hacía su primera gran intervención del año con un discurso en el que estableció el año electoral como la elección entre dos disyuntivas: «La sociedad española tendrá que decidir entre dos alternativas. Una, que es la centrada en proteger empleos, en proteger familias, rentas desde lo que yo calificaría como la política útil, desplegando todas las herramientas del Estado para ese fin. Y otra anclada en proteger los intereses de algunos poderosos y ofreciendo las mismas recetas que durante la crisis financiera». Y abundó: «¿Hay diferencias políticas entre un gobierno y otro? Uno dedica el dinero a dignificar las pensiones, y otro lo dedica al rescate de bancos quebrados».

Un día después, desde el Spain Investors Day, con un tono menos combativo ante los inversores que ante los sindicalistas, hacía pedagogía sobre sus impuestos a las grandes entidades financieras y eléctricas: «Deben ayudar para proteger a la sociedad a la que tanto deben». En el Gobierno ven al PP «muy incómodo» y «perdido» con el debate económico porque la respuesta de la UE los descoloca: «En 2011 el PP representaba mejor que nosotros lo que se demandaba desde Bruselas. Pero eso ahora ha cambiado», reflexiona un miembro del Gobierno. Y esa es la gran esperanza de Sánchez.