Moncloa asume el fracaso del embargo de armas y mira al PP

La medida estrella, punta de lanza de la ofensiva gubernamental contra el gobierno de Benjamín Netanyahu por las atrocidades perpetradas en Gaza está en serio peligro. A las dificultades internas, en el seno del Gobierno, para alumbrar un texto que no comprometiera la seguridad nacional y que ya conllevaron sucesivos retrasos en su aprobación en Consejo de Ministros, se suman ahora, las complicaciones en la siguiente pantalla: su aval en el Parlamento.

Pedro Sánchez tiene un plazo de 30 días, a contar desde que hace una semana se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el real decreto ley para lograr su convalidación en el Congreso de los Diputados. El plazo vence el próximo 21 de octubre y necesita una mayoría simple que, a día de hoy, no tiene asegurada. Por ello, resulta llamativo que se hayan acelerado los plazos y sea la próxima semana cuando se debata la iniciativa en Pleno. Fuentes gubernamentales en conversación con ABC aseguran que esta cuestión se aprobó siguiendo un «trámite de urgencia» y que, en coherencia, no tiene sentido esperar. «Si todo el mundo tiene tan claro su voto, para qué dilatarlo más», resuelven. Las prisas en la tramitación parlamentaria se circunscriben también en el actual contexto de negociaciones auspiciadas por Estados Unidos, dejar dormir la iniciativa unas semanas más podría convertirla en extemporánea. También, se están organizando protestas por la detención de la flotilla, que pueden poner ante el espejo a algunos grupos. La aritmética parlamentaria del Gobierno se deshace por dos flancos: por la izquierda, por Podemos y por la derecha, por Junts.

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Las citadas fuentes asumen ya que los de Carles Puigdemont se borrarán de la ecuación. Es el escenario con el que trabajan. «No van a entrar, intentaremos convencerlos, pero no está nada claro», señalan abiertamente. «Esperemos que recapaciten», sostiene un miembro del Gobierno. Junts destaca por sus posiciones prosionistas y, aunque no han querido posicionarse abiertamente sobre el embargo de armas, han atacado el «partidismo» del Gobierno abanderando la causa palestina. Es más, en el Parlament de Cataluña se han opuesto recientemente a que se leyese una declaración institucional contra el «genocidio», «los asesinatos» y la «negación de los derechos básicos» de la población palestina. Sin los siete votos de los postconvergentes la iniciativa decae. Y es, en estas situaciones de excepcionalidad cuando en Moncloa miran hacia Génova. «Vamos a ver si el PP se abstiene», dicen.

El planteamiento de buscar al PP para una iniciativa que no se ha negociado con el principal partido de la oposición y que, es más, se ha instrumentalizado políticamente para cuestionar su compromiso con la masacre en Gaza invita, como mínimo, al escepticismo. Cada vez que el Gobierno apunta a la bancada popular, resuena la frase que Feijóo le dedicó a Sánchez el día de su investidura: «Cuando el independentismo le falle, cuando hasta a usted le supere la legislatura, y ocurrirá, no me busque». El movimiento de trasladar la responsabilidad de la viabilidad de esta u otra medida al PP es una argucia estratégica. Endosando la culpabilidad del fracaso a Feijóo, se intenta desviar la atención de la falta de mayoría del Gobierno y de la responsabilidad de sus socios en la deriva legislativa. Además, en este punto, se vuelve a tratar de comprometer a los populares por su posición respecto a Israel y el «genocidio» en Gaza.

Tampoco en Podemos parecen muy proclives al acuerdo. En Moncloa reconocen que todavía no han iniciado los contactos en serio con la formación de Ione Belarra, pero sus pronunciamientos al respecto del embargo de armas alejan las posiciones. Los morados han dejado su apoyo en el aire, si no se trata de un veto «real y efectivo» y no «un coladero». Por «coladero» se refieren a la disposición adicional única que recoge la propia norma en la que se prevé que por cuestiones de «interés general», por ejemplo, la seguridad nacional, el Gobierno vía Consejo de Ministros podrá sortear el propio embargo que ha impuesto. Los sistemas israelíes son claves en la inteligencia española y también en algunos de los equipos del Ejército y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En este punto, desde el Gobierno llaman a la «reflexión» a los partidos de izquierda para que «remen» a favor de la causa y que, aunque los consideren insuficientes, apoyen los pasos que se puedan ir dando. «Hemos agotado la vía legal, hemos llegado hasta donde podíamos», se justifican. Las discrepancias de Podemos no son las únicas que han aflorado por la disposición que habilita al Gobierno a neutralizar el veto a Israel, incluso en el seno de la coalición esta cuestión ha generado roces. De hecho, Sumar quiere que el real decreto ley se convierta en un proyecto de ley para que puedan añadir mejoras al texto. Esta opción también la barajan en la parte socialista, a cambio de que algunos partidos permitan que la iniciativa salga adelante. Mientras esto ocurre y se modifica la citada disposición adicional, algo poco probable, los ministros del sector minoritario de la coalición ya avanzan que se opondrán a cualquier operación que se proponga como excepción al embargo de armas en el seno del Ejecutivo.

Con la calculadora en la mano, en el peor de los escenarios, la medida decaería por mayoría absoluta si votan en contra Podemos y Junts. Si los morados se abstuvieran y los de Puigdemont se opusieran, también se comprometería la viabilidad del embargo. La abstención de Junts y el «no» de los de Ione Belarra forzaría un empate, a 175, que también se antojaría insuficiente. Por tanto, si Junts se abstiene, toda la presión se volcaría sobre Podemos para que avalase la medida con su «sí». En la formación morada recelaron desde un inicio de la fórmula legislativa del real decreto ley, porque consideraban que abría la puerta a que el embargo de armas no saliera adelante por el veto de los postconvergentes. De hacerlo, sería la segunda iniciativa estrella que tumba Puigdemont en apenas dos meses de curso político, después de la reducción de la jornada laboral. Desde Waterloo se dan este otoño para demostrar al Gobierno cuán complicada pueden hacer su supervivencia en la Moncloa. Una palanca de presión para acelerar los compromisos pendientes con Junts, aunque, por el momento, sigan sin abrir la puerta al apoyo a una moción de censura que entregaría el poder a Feijóo.

En Moncloa están ya en una estrategia de control de daños ante un nuevo fracaso. Relativizan el impacto práctico del real decreto ley, porque aseguran que la voluntad política de no contratar con Israel ya existe en el Gobierno. «Siempre queda esa voluntad de no hacer esos contratos en el futuro, la norma nos servía para, desde el punto de vista económico administrativo, dar más flexibilidad y acelerar los procesos», aseguran las fuentes consultadas. En esta estrategia también opera el marcaje a sus socios, desde el Ejecutivo ya se advierte de que quien se oponga al texto tendrá que «explicar el sentido de su voto» a sus electores.