Moncloa ve amarrado a Puigdemont toda la legislatura aunque la amnistía se alargue

Poco después de conocerse la ponencia elaborada por Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del TC y número dos de Cándido Conde-Pumpido, los herederos de Convergència cargaron contra el Tribunal Supremo, al que consideran «en rebeldía» por su criterio de no ver amnistiable el delito de malversación. Esa sigue siendo la piedra en el zapato de Puigdemont y aún tardará tiempo en resolverse. Lo que no hubo fueron reproches al Gobierno ni tampoco transmitieron su decepción al constatar que la situación de su líder no cambia en nada, al menos por ahora. Hace solo unos días, cuando el Gobierno naufragó en su intento de hacer oficial el catalán en Europa la respuesta de Junts fue similar culpando al PP de haber maniobrado para impedir la oficialidad.

Tanto en el Gobierno como en la oposición hay un diagnóstico compartido: Junts no tiene ningún incentivo para dejar de apoyar a Sánchez. Primero, porque Puigdemont esperará a la amnistía efectiva y no solo política. Y eso puede alargarse todavía muchos meses. Y, segundo, porque unas elecciones generales son el escenario menos favorable para el independentismo en este momento.

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Junts y ERC celebraron el contenido de la ponencia del TC, que es un aval casi completo a la ley de amnistía. También daban por hecho que no habría pronunciamiento sobre la malversación. Esa, saben, será la próxima pantalla. Y a pesar de que el gran objetivo es ver a Puigdemont de nuevo pisando la calle en Cataluña, en el Gobierno anticipan que los plazos pueden dilatarse mucho si el Supremo, como todo parece, da la batalla hasta el final elevando el asunto a Europa.

Si eso ocurre y la amnistía llega por la 'vía lenta' el futuro de Puigdemont estará atado al Gobierno el resto de la legislatura. Y si, al final, se produjeran plazos más favorables, advierten en el entorno más cercano a Sánchez, «ya nos ocuparemos de que no olviden todo lo que esto ha sido».

De ahí la sensación de que no hay golpe en la mesa posible: la ruptura de relaciones entre los independentistas y el PP es absoluta y Junts en ningún caso querría tumbar a Sánchez para ir a unas elecciones.

Los más optimistas en el Gobierno hablaban del otoño como posible fecha para la vuelta de Puigdemont, porque será a la vuelta del verano cuando el TC ya se refiera a la malversación. Pero la mayoría se decanta por la 'vía lenta' porque si hay consulta a Europa todo quedará paralizado durante meses, incluso un año.

A pesar de los tiras y afloja y los sustos parlamentarios a los que de vez en cuando los independentistas someten al Gobierno, la interlocución y la coordinación entre ambos es total. Junts ya estuvo informado en todo momento de las gestiones que hacía el Ministerio de Asuntos Exteriores en Europa –«ellos saben que lo hemos intentado todo» admitían en Moncloa tras el varapalo en Bruselas– y ahora el análisis es muy parecido ante lo que está por venir con el fallo del Constitucional. Una coordinación en el calendario y un apoyo político que solo podría alterarse si, finalmente, Puigdemont se cansa de esperar.