La mitad de los detenidos o investigados por ocupación de viviendas en España son extranjeros

Un total de 7.057 personas fueros detenidas o investigadas por los delitos de ocupación de viviendas, de los que la mitad de ellos (3.544) fueron extranjeros, de acuerdo a la estadística del Ministerio del Interior entre enero y septiembre de 2023, según una respuesta parlamentaria consultada por Europa Press.

En 2022 fueron detenidos o investigados -entre enero y diciembre- un total de 9.721 personas, de las que 4.866 fueron extranjeros y otros 4.855 de nacionalidad española. Ese año se registraron 16.765 infracciones penales por usurpación o allanamiento de inmuebles, frente a los 11.539 anotados entre enero y septiembre de 2023.

En los años precedentes se mantiene esta proporción en relación con la ocupación de viviendas, según una respuesta parlamentaria a Vox con los datos aportados por Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales al Sistema Estadístico de Criminalidad.

La estadística de Interior refleja que, a falta de anotar los tres últimos meses de 2023, el número de detenidos o investigados ha ido bajando ligeramente desde 2020, un año marcado por las restricciones de la pandemia de Covid-19 y en el que se dictaron instrucciones contra la 'okupación'.

En 2021, los detenidos o investigados subieron hasta 10.030 personas -de ellos, 4.969 extranjeros-, prácticamente el mismo dato que en 2020, cuando fueron 10.034 -entonces, con 5.359 extranjeros-.

En paralelo, las infracciones penales por usurpación y allanamiento repuntaron desde las 14.792 en 2020 a las 17.274 en 2021, para luego moderarse hasta las 16.765 infracciones en toda España en 2022 y seguir la tendencia a la baja entre enero y septiembre de 2023, con 11.539 denuncias.

Los datos figuran en una respuesta parlamentaria del Gobierno, con fecha de 12 de febrero, en la que se recuerda las instrucciones de Fiscalía y del Ministerio del Interior para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúen de «forma urgente y perentoria en caso de allanamiento de morada, desalojando las viviendas de inmediato, siempre que se tenga permiso del morador y éste haya presentado una denuncia».

«Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también actúan en el caso de las usurpaciones de inmuebles, residenciales o no, pero que no son morada», continúa el Gobierno, que explica que en estos casos la intervención policial queda sujeta a una orden judicial de desalojo previa, «además de la intención manifiesta del propietario de recuperar su propiedad».

Esto es así en casos de usurpación, añaden, «salvo que puedan intervenir en el momento en el que se está cometiendo el delito y sea con violencia o intimidación, en cuyo caso las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sí pueden desalojar los casos de usurpación en el momento».

La estadística de Interior también refleja que Cataluña suma más casos de ocupación de viviendas que Andalucía, Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid, las tres comunidades autónomas que le siguen con más infracciones penales tanto de allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal) como de usurpaciones, sea o no residenciales y mediando o no la violencia (artículo 245).

Las infracciones relacionadas con la 'okupación' sufren una leve tendencia a la baja en el conjunto de España desde que, en septiembre de 2020, entraron en vigor las órdenes de Fiscalía y del Ministerio del Interior para combatir esta problemática. En concreto, Cataluña sigue liderando de forma destacada las 'okupaciones' al sumar el 40% del total.

El septiembre de 2020, después de un verano con noticias sobre ocupaciones de inmuebles que derivó en debate político, la Fiscalía General del Estado dictó una instrucción para agilizar las medidas cautelares y facilitar el desalojo cuando se incurra en un delito de allanamiento de morada, a lo que siguió otra instrucción de Interior para unificar criterios de actuación.

Según la estadística de Interior consultada por Europa Press, con datos de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en 2020 se contabilizaron un total de 14.792 infracciones penales. En 2021, primer año con la instrucción en vigor, estos delitos subieron a 17.274 (+16%), aunque en 2022 la cifra ya sí se moderó a 16.726 (-3%). En 2023, hasta septiembre, en el conjunto de España hubo 11.539 'okupaciones'.

En 2020, al aprobar la instrucción 'antiokupas', el Ministerio del Interior reconocía la «confusión y alarma social», y lo relacionó a las diferencias entre allanamiento de morada y la usurpación: en los primeros casos se contempla que las Fuerzas de Seguridad desalojen tanto en primeras como en segundas viviendas «sin necesidad de solicitar medidas judiciales, en caso de delito flagrante, de forma inmediata», incluyendo la «identificación de los ocupantes y su detención si procede».

Desde Interior se remiten a los datos de la Fiscalía General del Estado recogidos en la memoria de la institución correspondiente al año 2022, donde queda constancia de que sólo el 0,16% de los delitos genéricos de ocupación se refieren a delitos de allanamiento. En concreto, se incoaron un total de 8.868 procedimientos por usurpación, un 9% menos que en el año anterior, y 96 procedimientos por allanamiento.