«Tranquilidad» en Justicia tras la decisión del juez Peinado de solicitar la imputación de Félix Bolaños al Tribunal Supremo
Fuentes del ministerio comparan la situación del ministro de Presidencia con el caso de Juan José Güemes
El juez pide al Supremo que impute a Bolaños por la contratación de la asesora de Begoña Gómez
La solicitud del juez Peinado al Supremo de imputar a Félix Bolaños, ministro de Presidencia, no ha provocado ningún sobresalto en el Gobierno. Según fuentes cercanas al Ejecutivo y al ministerio, se encuentran «tranquilos» con la situación, aunque «preocupados» por como «cómo esta decisión ... afecta a la imagen de la Justicia».
La declaración de Félix Bolaños frente a Juan Carlos Peinado fue filtrada horas después de la realización de la misma, algo que, según comentan, es beneficios para los ciudadanos ya que se pudo «escuchar y cotejar lo que dice el ministro con lo que dice la exposición motivada».
Las fuentes denuncian, además, que la acusación por falso testimonio se «se erige sobre una respuesta que el ministro no dio». Según explican, el juez Peinado «preguntó por el responsable (la persona que supervisa) a Cristina Álvarez», una información que el ministro Bolaños proporcionó, pero el escrito incluye que «se le preguntó por la persona que realizó el nombramiento de Cristina Álvarez y dio el nombre de una persona que después negó serlo».
Así fue el interrogatorio del juez Peinado a Bolaños que ha conducido a su petición de imputación
El juez se refiere a su tenso interrogatorio que mantuvo con el ministro el 16 de abril en Moncloa
Acerca de la malversación, explican, el escrito afirma que «los responsables de la Secretaría General de la Presidencia eran los responsables del nombramiento de Cristina Álvarez y que debían conocer un supuesto uso irregular de recursos públicos en favor de actividades privadas de Begoña Gómez». Algo que, según la documentación proporcionada y la legislación vigente, también contradicen las fuentes ministeriales, explicando que «la Secretaría General no realizó el nombramiento de Cristina Álvarez y Cristina Álvarez no dependía de este departamento».
Por último, recalcan que «no hay un solo indicio de que haya el menor uso irregular de recursos públicos» y comparan el caso con el de Juan José Güemes, al que se imputó en base a unas «declaraciones que el testigo no realizó». Es necesario recordar que, en este caso, «un tribunal superior (la Audiencia Provincial de Madrid) rectificó el error». Finalizan comentando que «confían» el resultado sea el mismo que el de Juan José Güemes.
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