Los militares piden ser reconocidos como profesión de riesgo

Cuando juran bandera, los militares se comprometen a defender España derramando «hasta la última gota» de su sangre si es necesario. Una responsabilidad para la que se entrenan día a día y ponen en práctica en las numerosas misiones que asumen tanto dentro como fuera de España, en terrenos no siempre fáciles ni exentos de innumerables peligros. Sin embargo, la realidad choca con la legalidad y, pese a la evidente contradicción, la militar no está considerada como profesión de riesgo. Esta es una calificación especial que se concede a determinados trabajos para reconocer su especial penosidad y otorgar a sus miembros singularidades en sus condiciones laborales, sobre todo cuando llega el momento de la jubilación.

Según datos estadísticos del Ministerio de Defensa, entre los años 2011 y 2022 cada dos días hubo un militar herido o accidentado en acto de servicio, cada tres días un militar fue declarado apto con limitaciones como consecuencia de un accidente en acto de servicio, cada nueve días se retiró un militar como consecuencia de un accidente en acto de servicio y cada veintidós días falleció un militar en acto de servicio. «¿Estos datos no son suficientes? -pregunta Marco Antonio Gómez, de la Asociación de Tropa y marinería Española (Atme)-. ¿No tiene una profesión de riesgo el militar que salta en paracaídas o el que es enviado a una zona de guerra?».

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Se trata de un asunto debatido en varias ocasiones en las Cortes y que pondrá de nuevo sobre la mesa el Partido Popular con una proposición de ley registrada en el Senado. Allí podrá sacarla adelante gracias a su mayoría absoluta, aunque después se enfrentará a la compleja aritmética parlamentaria del Congreso y la postura de los partidos de Gobierno. El primer filtro que tendrá que superar en la Cámara Baja será el de su tramitación, ya que son ya decenas las iniciativas aprobadas por el Senado y que se encuentran bloqueadas en la Mesa del Congreso a la espera de seguir su camino. El PP ya ha anunciado que tomará medidas legales para intentar superar este escollo, pero de momento esta ley quedará ahí a la espera junto al resto de iniciativas.

La Seguridad Social considera 'de riesgo' determinadas profesiones que por su naturaleza «excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad». En concreto, se incluye en este abanico a los trabajadores de la minería, el personal de vuelo de trabajos aéreos, los trabajadores ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos y miembros de policías autonómicas y locales. «¿Y los militares?», insiste Marco Antonio Gómez. Las profesiones tipificadas como de riesgo cuentan con determinados regímenes especiales sobre horarios, equipos de protección o formaciones específicas. Pero la más importante es la que afecta a la edad de jubilación, ya que permite adelantarla en ciertas condiciones sin recortes ni penalizaciones. El presidente de Atme explica que los militares acceden a la situación de retiro a los 58 o los 61 años, según su empleo, pero no alcanzan la jubilación hasta la misma edad que el resto de empleados públicos. Esto significa que podrían ser llamados de nuevo a filas en caso de necesidad.

El PP pretende por ello modificar la ley general de la Seguridad Social con el objeto de incluir a los miembros de las Fuerzas Armadas dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación debido a la peligrosidad de su trabajo. «Es de sentido común enmendar esta injusticia con los miembros de las Fuerzas Armadas», sostienen los populares.

Atme ha redactado su propia propuesta, que está trasladando a los grupos parlamentarios, e insiste en que los militares han demostrado sobradamente su capacidad para cumplir cualquier misión, por peligrosa que sea, «con un compromiso ejemplar». «Ningún trabajo iguala el nivel de peligrosidad inherente a la profesión militar», insiste recordando despliegues en Afganistán o Irak, las evacuaciones de Kabul o Sudán o las labores de emergencias en la dana o la pandemia.

Con esta idea coincide la Asociación Unificada de Militares Españoles (Aume), que explica que este reconocimiento es especialmente importante para aquel personal que accedió a las Fuerzas Armadas a partir del 1 de enero de 2011, ya que cotizan al régimen general de la Seguridad Social y no a clases pasivas como los anteriores. El PP también aborda este punto en su proposición de ley para facilitar el pase voluntario de un régimen a otro de aquellos militares que lo soliciten.

«Sánchez no cree ni en el Ejército ni en la defensa. Muestra de ello es que el plan anunciado es un plan vacío, sin medidas concretas y sin explicación de lo que quiere hacer con ese aumento del gasto», denuncia a ABC la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, impulsora de la iniciativa. En cambio, reivindica que los populares sí saben el camino que quieren seguir y cree que «lo primero que hay que hacer es poner en valor al Ejército y reconocer la importantísima labor de los militares». «Por eso proponemos una ley para que sea reconocida como profesión de riesgo e impulsaremos una batería de medidas para extender la cultura de defensa», ahonda.

Este asunto ya fue debatido y aprobado en la comisión de Defensa del Congreso, a iniciativa de Vox, el mes de febrero. Pese al voto en contra de PSOE, Sumar, ERC y Bildu, fue aprobada con los votos de PP y UPN, aunque se trataba de una proposición no de ley sin carácter vinculante para el Gobierno. En el debate de aquel día, los socialistas reconocieron que no podían negar que la militar sea una profesión de riesgo pero aludieron a la complejidad que implicaría su cambio legal. «Cuando les interesa modifican leyes de la noche a la mañana», replica el presidente de Atme.