La mayoría de Gobierno acelera la derogación de la sedición

La mayoría gubernamental tumbó ayer las enmiendas a la totalidad, entre ellas las de Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos (Cs), y el próximo día 15 se debatirán las enmiendas parciales, para las que hay ahora un periodo de apenas días, y con el puente de diciembre por medio.

Es todo un alarde de celeridad legislativa que culminará con otra votación en el Senado y la previsible publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la última semana del año. Y que en el pleno de ayer fue duramente criticado por los partidos de la oposición. El secretario general del Grupo Popular, Carlos Rojas, comenzó su intervención señalando que un pleno con ese carácter urgente tendría que haber servido para «reformar» la conocida como ley del 'solo sí es sí', cuya entrada en vigor ha provocado la reducción de penas a varios condenados por abuso sexual en varios lugares de España. La líder de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, la única primera espada en un debate de subalternos, acusó al Ejecutivo de querer tramitar la reforma «deprisa y corriendo» e incluso de pretender «taparla con un partido de España», en alusión al encuentro que la misma tarde del pleno la selección nacional disputaba contra Japón en el Mundial de Qatar.

Noticia Relacionada

La supresión de la sedición avanza mientras la oposición acusa a Sánchez de rendirse ante los «golpistas»

Mariano Alonso

La mayoría gubernamental rechaza las enmiendas de totalidad, incluidas las de PP, Vox y Cs

Rojas y Arrimadas, al igual que el vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, volvieron a acusar a Pedro Sánchez de haber acometido esta supresión de la sedición con el único objetivo de completar la legislatura y garantizarse el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado, aprobados la semana pasada. «Esto es para mantener a Sánchez un año en La Moncloa, no tiene nada que ver con el interés general», aseguró Rojas, quien añadió que «es el pago al independentismo con la ley de todos».

El dirigente popular defendió una enmienda que, en línea con las promesas de Alberto Núñez Feijóo, plantea volver a penalizar la convocatoria de un referéndum ilegal (un delito suprimido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) como elemento «disuasorio» para, explicó, «que no se puedan utilizar las instituciones de un país para atentar contra su integridad territorial».

La enmienda de Vox, ante la que el PP se abstuvo –cosa que le reprocharon los de Santiago Abascal en las redes sociales– pedía aumentar las penas por sedición hasta los quince años y la retirada de la nacionalidad española a quien cometa delitos «contra la unidad de la nación» y no la tuviera de origen.

Arrimadas, por su parte, rememoró en primera persona lo sucedido en Cataluña en 2017, cuando no en vano ella misma lideraba la oposición en el Parlament, y en septiembre la mayoría independentista impuso las llamadas «leyes de desconexión» sin atender los pronunciamientos en contra de los tribunales (y de los propios letrados de la cámara autonómica) ni permitir a los partidos constitucionalistas presentar enmiendas a las mismas. Y es que para la presidenta de Cs no hay ninguna duda de que los separatistas no han renunciado a la vía emprendida entonces. «Hay que tener muy poca moral para ponerse del lado de quienes quieren volver a dar un golpe», aseguró desde la tribuna, donde describió a Sánchez como alguien sin «escrúpulos».

Además, la dirigente de la formación liberal acusó al Gobierno de pretender blanquear a sus socios y aludió para ello al término «filoetarra» con el que una diputada de Vox se había referido días atrás a los diputados de Bildu. Aludiendo al pasado de la portavoz de ese grupo, Mertxe Aizpurúa, como editorialista del periódico Egin y al hecho de que fue condenada en su día por enaltecimiento del terrorismo, concluyó que ese término se les quedaba corto y aseguró, citando también a Arnaldo Otegi, que son «directamente terroristas», algo que le granjeó aplausos de varios diputados de Vox.

Desde la mayoría gubernamental, el presidente del grupo confederal de Unidas Podemos, Jaume Asens, reiteró los argumentos del Ejecutivo de coalición para emprender esta reforma, que serían los de «homologar» el Código Penal español al del resto de países de la Unión Europea.

Por el Grupo Socialista intervino el diputado por Jaén y antiguo portavoz de la Ejecutiva Federal socialista, Felipe Sicilia, quien centró su discurso en un ataque al PP por no haber sabido nunca, dijo, gestionar los conflictos territoriales en España, ya que, concluyó, «no lo comprenden».

Previamente, Carlos Rojas había tildado de «falacia» el relato socialista sobre lo ocurrido en Cataluña y había aseverado que el golpe secesionista lo «paró» tanto la aplicación del artículo 155 de la Constitución, como los «jueces y tribunales» y, en definitiva, la «actuación del Estado».

Arrimadas coincidió parcialmente con su diagnóstico, pues añadió al Rey entre quienes frenaron a los que pretendían declarar unilateralmente la independencia de Cataluña, en alusión al mensaje a los españoles de Felipe VI el 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum ilegal del 1 de octubre.