La matriz de las empresas de los helicópteros de Vigilancia Aduanera debe casi un millón al Fisco

Fuentes de Hacienda consultadas por ABC explican así la situación: «La entidad que figura en el listado de publicación del 95 bis (las empresas morosas con Hacienda) no es la que tiene el contrato de operación técnica de vuelo, suministro de repuestos, mantenimiento y administración de la flota de helicópteros del SVA. El contrato está suscrito con una UTE formada por dos de sus filiales, Eliance Helicopter Global Services SL y Eliance Service & Support SL». Tanto la sociedad matriz como las filiales comparten accionariado, al menos la mayoría de él, y también sede social. El socio mayoritario desde octubre de 2021 es un fondo de inversión de nombre River Rock.

«El contrato con estas dos entidades -continúan esas fuentes- se formalizó en febrero de 2021 con vigencia de dos años y posible prórroga. Actualmente, el contrato se encuentra prorrogado hasta finales de noviembre de 2024».

«En la tramitación del procedimiento de adjudicación -añaden- se constató que ambas entidades integrantes de la UTE estaban al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como el cumplimiento de las condiciones de solvencia exigidas en la contratación. Estas circunstancias -cumplimiento de obligaciones tributarias, de Seguridad Social y de solvencia económico financiera- se volvieron a comprobar, con resultado favorable, con ocasión de la firma de la prórroga vigente».

Hasta aquí las explicaciones de Hacienda, que se remiten a la ley de contratos con la administración que no permite actuar contra una filial que está al corriente de sus obligaciones porque la matriz sea deudora del Fisco. «No podemos hacer otra cosa».

¿Qué se sabe de las dos filiales, Eliance Helicopter Global Services SL y Eliance Service & Support SL, que para Hacienda sí son cumplidoras, hasta el punto de prorrogar el contrato? Lo cierto es que tienen un largo historial de polémicas e incumplimientos con administraciones públicas, muchas conocidas antes de ser adjudicatarias del concurso de Vigilancia Aduanera, hasta el punto de haber sido expulsadas de alguna administración, tal como informó ABC en su momento.

En cuanto a los asuntos polémicos, el más grave guarda relación con el accidente del 11 de julio de 2021, cuando un agente de Aduanas perdió la vida al caer al mar el helicóptero en el que volaba, frente a las costas de Cádiz. La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac), dependiente del Ministerio de Transportes, hizo en su informe sobre el siniestro un par de recomendaciones a Eliance Helicopter «con carácter de urgencia»: que modificara su «manual de operaciones» y siguiera el «procedimiento de aprobación establecido para que contemple todos los aspectos relacionados con la operación demandada por el Servicio de Vigilancia Aduanera»; y pedir a esa compañía que suspendiera «todas las actividades relacionadas con el servicio demandado (...) que impliquen la realización de operaciones no recogidas en su Manual de Operaciones» hasta que se actualizara el documento.

Se trata de un asunto esencial para la seguridad, pues en esos manuales se recoge con la máxima precisión qué maniobras pueden hacer los pilotos que dan el servicio, quedando excluidas el resto. Y Eliance no disponía ni siquiera de un manual de operaciones adaptado al servicio que iba a prestar cuando el SVA, dependiente de Hacienda, le adjudicó el contrato.

En cuanto a las rescisiones de contratos por parte de las administraciones, el 18 de septiembre de 2020 la Junta de Extremadura decidió resolver el que le unía con Eliance Helicopter Global Service, que había ganado el concurso convocado para operar con un helicóptero ligero durante la campaña de extinción de incendios. El aparato iba a ser dedicado a la coordinación de medios aéreos y a la transmisión de imágenes de los siniestros en tiempo real. El valor estimado a pagar por estos servicios, muy importantes en la lucha contra el fuego, era de 870.478,30 euros .

Cuatro meses antes, el 28 de abril de 2020, el aparato debía haber comenzado a operar, pero para sorpresa de los técnicos de la Consejería de Agricultura, el helicóptero aportado por Eliance no cumplía con los requisitos recogidos en el pliego de condiciones técnicas, por lo que no podía prestar el servicio. No obstante, se dio un plazo a la compañía, hasta mayo, para que subsanara el problema, lo que no hizo.

En el momento en el que debía comenzar a operar, el citado 28 de abril, la administración extremeña llegó a detectar hasta 28 incumplimientos del contrato, algunos muy llamativos. Por ejemplo, el aparato de Eliance no tenía la capacidad de ocupantes requerida; tampoco una emisora portátil para comunicar los tripulantes; el piloto no disponía de certificados, ni de experiencia, ni de aptitud, ni la empresa aportaba una lista de técnicos de mantenimiento ni operadores de cámara; carecía además de seguro y de certificación de los elementos instalados en la aeronave, así como de mecanismo de coordinación para el suministro del combustible.

Asimismo, fallaban todos los elementos, menos uno, en la prueba de funcionamiento del sistema de transmisión de imágenes, de tal modo que había un retardo de 45 minutos en esa operación sobre el máximo de 5 requeridos. Y así, hasta 28 deficiencias.

También Eliance Service&Support, la segunda empresa de la UTE que da servicio a Vigilancia Aduanera, fue expulsada de una comunidad autónoma, en este caso Baleares. En diciembre de 2019 la consejería de Salud del ejecutivo autonómico rescindió el contrato con esa sociedad, que se encargaba del transporte sanitario aéreo en las Islas, tras un año de prestar sus servicios. La razón: incumplimientos de los requisitos técnicos recogidos en el pliego de contratación. Entre ellos, la imposibilidad de realizar vuelos en modo instrumental, para situaciones de escasa visibilidad, y en multipiloto. También Galicia tuvo problemas serios con Eliance.

Para sorpresa del sector, todos estos problemas en los que se vio envuelto Eliance no impidieron que en abril de 2022 la Policía decidiera adjudicar el mantenimiento de su flota de helicópteros a Eliance Service&Support, aunque incurriera en una baja temeraria en su oferta, con un precio casi un 40 por ciento más bajo en mano de obra que el máximo que permitía el concurso. Los servicios técnicos del Cuerpo pidieron las correspondientes explicaciones a la empresa, y su contestación pareció creíble a la comisión técnica que lo evaluaba. «Analizados los argumentos de la empresa» es «creíble que existan las sinergias suficientes para poder ofrecer los precios licitados y cumplir adecuadamente las obligaciones contractuales», dijo entonces esa comisión.