Marlaska niega las balizas ilegales que la propia Guardia Civil reconoció ante un juez

La batería de preguntas la formularon el pasado 29 de noviembre las diputadas del Partido Popular Ana Belén Vázquez e Isabel Borrego tras la publicación en ABC de las informaciones que desvelaron el uso masivo y sistemático de balizas chinas ilegales en las operaciones contra el narcotráfico de la unidad de elite que creó Marlaska, OCON-Sur, adquiridas mayoritariamente en la plataforma Aliexpress.

Las diputadas de la oposición formularon cinco preguntas: quién ordenó utilizar este tipo de balizas, quién las adquirió y con qué coste, si el Ministerio del Interior tiene constancia de su uso, por qué se usaron balizas chinas sin el obligatorio certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y si se ha abierto alguna investigación interna sobre su uso.

La respuesta del ministro, datada el 17 de enero, ha sido escueta y niega la mayor: «Se señala que las balizas de seguimiento y localización son utilizadas previa autorización judicial, cumpliendo con lo dispuesto tanto en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, como en la Circular 4/2019, de 6 de marzo, de la Fiscalía General del Estado sobre estos dispositivos». Añade el Gobierno que «todas las balizas utilizadas por la Guardia Civil se han adquirido legalmente, contando para su empleo con expresa autorización judicial, tal y como establece el ordenamiento jurídico español».

Se da la circunstancia que la circular de la Fiscalía que cita Grande-Marlaska obliga a que las balizas usadas cuenten con el certificado oficial de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, para que sólo puedan ser controldas por los agentes mediante sus identificaciones oficiales y no sean manipulables, pero la propia Guardia Civil reconoce en un informe entregado a un juez que ha usado las balizas chinas TKSTAR, que carecen de esos certificados.

Como publicó este diario, se trata de un escrito el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil entregado el pasado 23 de juniod en el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga.

Los agentes describen los movimientos de unos investigados por narcotráfico de hachís y marihuana, para lo que dan la referencia de la baliza utilizada para seguir el vehículos mediante GPS: «Dispositivo de geolocalización con ID 9053419437 (TK905B)». TK905B se refiere a una baliza TKSTAR, las que se adquirían en Aliexpress y Amazon, que carecen de homologación y, por lo tanto, no se pueden instalar para seguimientos ni siquiera con autorización judicial.

Dado que se trata de un dispositivo que en la propia Guardia Civil denominaban «balizas B», puede ser manipulado. De hecho, otro informe de la Guardia Civil refleja que los agentes detectaron «la manipulación del dispositivo de geolocalización con ID 9053419437 observándose que se habían modificado los parámetros editables». Los presuntos narcos aprovecharon para burlarse de los agentes. En el campo 'Nombre dispositivo' escribieron «Estás perdiendo tu tiempo»; en el 'Número de matrícula', «Hasta muy pronto»; en el de 'Número de tarjeta SIM', «Guardia Civil zebiii», una expresión en árabe que significa «mi polla», y otros insultos como «maricón». En una baliza oficial -las únicas legales- no podrían haberlo hecho.

Cabe recordar también el escrito que la defensa de un cabo de la Guardia Civil encargado de Medios Técnicos en OCON-Sur presentó en el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, en el que desvelaba el uso indiscriminado de cientos balizas ilegales, la inmensa mayoría de ellas instaladas incluso sin autorización judicial: «Son balizas prohibidas por la Dirección General de la Guardia Civil y no cumplen con los requisitos exigidos por la Circular 4/2019 de 6 de marzo de la Fiscalía General del Estado, por lo que toda la información y pruebas obtenidas a través de las mismas es nula de pleno derecho», argumenta el agente.

Dos juzgados

Por otro lado, un juzgado de Madrid y otro de Majadahonda (Madrid) investigan a un brigada de la Guardia Civil por el uso de balizas ilegales instaladas en vehículos sin autorización judicial. La primera causa, denominada Águila-Frazen, tiene su origen en la investigación del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Se trata de unas pesquisas por narcotráfico en las que una mujer, relacionada sentimentalmente con el brigada S. B., grabó al agente. El guardia civil se jactaba en las conversaciones con la mujer de ser «el más ilegal de los ilegales» y, como ejemplo, dijo haber colocado balizas de seguimiento GPS sin autorización del juez. El brigada declaró como investigado el pasado 12 de septiembre, tras lo cual la Fiscalía, ante los indicios de delito, interesó que se dedujera testimonio. El juez Santiago Pedraz así lo acordó y remitió los hechos a los juzgados ordinarios de Madrid.

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La segunda investigación nace de unas diligencias del Juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda sobre una presunta estafa a una compañía de seguros. Un investigado descubrió que habían instalado en su vehículo y en una motocicleta sendas balizas sin que conste autorización judicial en la causa. Se da la circunstancia de que el mismo brigada S. B. estaba al cargo de estas pesquisas. La defensa del investigado presentó un escrito y el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda ordenó que se dedujera testimonio. Las diligencias recayeron en el Juzgado de Instrucción número 6 de esta localidad madrileña.