Marlaska, el ministro de las mil razones para dimitir

El último episodio que le desacredita incluso a ojos del propio Sánchez se produjo este jueves, con la rectificación ordenada por el presidente del contrato firmado con la empresa israelí IMI Systems por su número dos en el Ministerio, el Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz. Todo tras la presión ejercida por Izquierda Unida (IU), que llegó a amagar seriamente con sacar del Gobierno a su ministra Sira Rego, la cartera que por cuota le corresponde dentro de la representación de Sumar. Aunque viendo los antecedentes muchos puedan pensar que se trata sólo del penúltimo de esos episodios.

El mes pasado, el acuerdo migratorio con Junts per Catalunya para delegar las competencias a la Generalitat de Cataluña le puso de nuevo en la diana, sobre todo por sus afirmaciones previas negando que eso fuera posible. «El control de fronteras y los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Estado y el Gobierno central» señaló en septiembre en el Congreso de los Diputados. Según argumentó entonces, no eran competencias «susceptibles de ser transferidas ni delegadas».

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Lo que invita a trazar un paralelismo con lo sucedido este jueves. No es posible -ora la transferencia de una determinada competencia, ora la disolución o extinción de un contrato firmado por el Estado con una compañía extranjera- hasta que las circunstancias cambian, los socios aprietan -ora Junts, ora IU- y el presidente decide que hay que pegar un volantazo a una determinada política.

Grande-Marlaska, en su día magistrado estrella de la Audiencia Nacional, desde donde se las tuvo tiesas con el anterior Gobierno del PSOE, sobre todo a raíz de sus actuaciones contra Arnaldo Otegi en pleno proceso de negociación de José Luis Rodríguez Zapatero con ETA; el mismo que recaló en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP, con el que entonces cultivaba excelentes relaciones, se convirtió andado el tiempo en acólito de Sánchez y en el brazo ejecutor de muchas de sus maniobras. En 2020 una de las más discutidas, el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, en plena pandemia, y precisamente por no haberle dado cuenta al ministro de su investigación, como jefe de la Comandancia de Madrid, de la posible incidencia en el contagio del covid de la multitudinaria manifestación del 8-M, autorizada apenas días antes de que se declarase el confinamiento mediante el primer estado de alarma. El Tribunal Supremo le dio la razón a De los Cobos, anulando su cese.

Sus polémicas desde 2018 no solo han soliviantado a la oposición, sino también a los socios del Gobierno. En el verano de 2021 se procedió a una masiva devolución de menores inmigrantes a Marruecos desde Ceuta que la Justicia tumbó por ilegal y por no atenerse ni a la ley de Extranjería ni al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Un año después, y en esta ocasión en Melilla, la actuación de las fuerzas policiales provocó la muerte de 23 inmigrantes en la valla de la ciudad autónoma. En 2023 el Congreso le reprobó gracias al apoyo de ERC a la iniciativa y a la abstención de Bildu.

Otro episodio ya casi olvidado, y cuando apenas llevaba un año en el cargo, es cuando justificó las agresiones recibidas por Ciudadanos en el Orgullo Gay asegurando que los pactos políticos de ese partido tenían «consecuencias». Inés Arrimadas pidió su dimisión por ello, como luego han hecho distintos partidos políticos.