Robles acusa a Mazón de retraso en la activación de la UME: «Pasaron cinco horas hasta que lo hizo para toda la provincia»

Robles ha desplegado desde la tribuna de oradores del Senado toda la cronología de actuación de las Fuerzas Armadas durante el martes 29 de octubre y los días sucesivos. Según ha apuntado, a las 7.39 horas de esa mañana la UME ya tuvo conocimiento de varios informes de aviso sobre el peligro de la situación meteorológica.

Ante la evolución de la situación, ha asegurado que la UME puso en marcha los dos mecanismos legales de actuación de los que dispone: la alerta temprana y el despliegue adelantado. Todo hasta que a las 15.59 horas se recibe por parte de la Generalitat la petición de activación de la unidad de emergencias, pero solo para la zona de Utiel-Requena, ha remarcado Robles.

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Como consecuencia de esa activación, ha asegurado que a las 16.36 horas salieron los primeros efectivos, que a las 17.35 horas lograron llegar a la zona «con graves dificultades». Mientras, la UME siguió ordenando el alistamiento de más unidades, hasta las 20.36 horas que la Generalitat amplió la solicitud de activación de la UME para toda la provincia de Valencia.

«Transcurren casi cinco horas desde que la dirección de la emergencia de la Comunidad Valenciana solicita la activación de la UME solo para Utiel-Requena hasta que se pide la activación para toda la provincia de Valencia», ha remarcado Robles. Es más, ha deslizado que, en ese lapso de tiempo, los propios mandos de la UME la trasladaban que esa petición de ayuda no podía limitarse a una zona y tenía que extenderse a toda la provincia.

«Cuando me decían que se iba a pedir en la zona Requena-Utiel me decían, pero esto no puede ser -ha relatado la ministra-. Se tardó todavía mucho tiempo movilizar la UME solo para Utiel-Requena y otras cinco horas para movilizarla en toda la provincia de Valencia».

A partir de ahí, Robles ha detallado la movilización de militares durante toda la madrugada del día 29 al 30 de octubre desde las bases de Morón, León, Torrejón o Zaragoza y ha reivindicado la labor de las Fuerzas Armadas ante las críticas. «Desde el primer momento han estado en primera línea, cuando se declaró el nivel 2 ya estaban 96 militares trabajando en esa zona», ha insistido.

Antes, la ministra de Defensa había debatido también sobre el asunto en la sesión de control del Congreso, donde ha insistido en que las competencias para hacer frente a la crisis provocada por la DANA son de la Comunidad Valenciana ya que la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil indica que corresponde al Gobierno autonómico tomar las medidas necesarias.

Esta ha sido la respuesta a Javier Ortega Smith, diputado de Vox, en una interpelación parlamentaria en el Congreso en la que ha achacado a Robles la «escasez de militares y de los instrumentos necesarios» para «una correcta actuación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez». También, ha argumentado que el Ejecutivo nacional debería haber aplicado la Ley de Seguridad Nacional para solventar la situación y no estar «derivando responsabilidades al Gobierno valenciano».

Durante su discurso, Ortega Smith ha preguntado a la ministra por los según él pocos efectivos destinados a la tragedia de Valencia y por el rechazo de la ayuda internacional. Ambas cuestiones no han obtenido respuesta por parte de la titular de Defensa. «El Salvador prestó 300 rescastistas y 20 toneladas de equipo. La República de Argentina ofreció desplazar unidades de cascos blancos. Francia, 25 bomberos. Estados Unidos se prestó a dar toda la ayuda disponible. No la pidió», explicaba el diputado. Por esto y la «falta de actuación», Ortega Smith acusa al Gobierno de una «omisión del deber de socorro».

Así, el que fuera secretario general del partido de Santiago Abascal ha recriminado en todo momento la falta de agentes en las zonas más afectadas. «Hay miles de militares prestados y preparados para ir y no les han dejado ir. Han mandado en cuenta gotas y tarde. Maltratados, mal pagados...». Todo esto viene englobado a una «actuación tardía» del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la situación: «El Gobierno actuó, pero tarde de tiempo e insuficiente en los medios».

Robles defiende la actuación de las Fuerzas Armadas y asegura que la coordinación de las mismas y de los efectivos que se encuentran allí depende de «sus mandos», de la propia jerarquía dentro del cuerpo militar. «Está todo controlado. Hay cuerpos militares por tierra, mar y aire; sumando, psicólogos, psiquiatras, 12 helicópteros... Todo con un mando y control determinado, con la única finalidad de ayudar al ciudadano». 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados en otra interpelación urgente, esta solicitada por el Partido Popular, para dar cuenta sobre las actuaciones llevadas a cabo durante el fatídico 29 de octubre. El titular suscribe las afirmaciones de Robles y ha chocado con los populares en la interpretación sobre cómo se declara el estado de emergencia en una comunidad autónoma.

Los reproches de los populares se han situado más en la omisión y la falta de prevención que en la respuesta una vez ocurrida la tragedia. Llueve sobre mojado porque es la misma queja que ha expresado el PP durante la comparecencia de Ángel Víctor Torres de esta misma mañana. Aun así, la diputada del Partido Popular Carmen Navarro no ha dudado en desplegar el rosario de advertencias y negligencias acaecidas durante la jornada del 29 de octubre, cuando la Conferencia Hidrográfica del Júcar, según ella, tuvo un lapso de unas horas en el que no informó sobre el caudal que se acumulaba en el barranco del Poyo que acabó anegando localidades como la de Paiporta.

«¿Dónde estaba usted las horas previas?», ha sido la pregunta de Navarro al ministro del Interior, quien ha respondido que se encontraba en el Senado, que es donde, ha dicho, debía estar. No ha querido entrar en «provocaciones» —así ha tildado la intervención de la diputada popular— y ha insistido en que «no es el momento de buscar responsabilidades políticas». Marlaska ha defendido la actuación de su ministerio durante las horas claves de la catástrofe e insiste en que las competencias para hacer frente a las consecuencias de la DANA son del Gobierno de Mazón «con todos los recursos del Estado a su disposición».

Pero la gran bronca la ha servido la interpretación que hacen Gobierno y oposición sobre de qué forma se eleva el estado de emergencia a nivel tres. Marlaska insiste: «El Gobierno de la Comunidad Valenciana no lo ha solicitado». La popular Navarro ha asegurado, por su parte, que «no es preceptivo ni vinculante» que el Gobierno autonómico solicite al Ejecutivo central que implante la medida.

Otro reproche muy sonado ha sido la perpetuación en el cargo del jefe operativo de la Policía, José Ángel González, a través del decreto de ayudas de la DANA, en el que se ha aprovechado para eliminar la jubilación obligatoria a los 65 años para este cargo. «Han adquirido el 'modus operandi' sanchista», ha asegurado Navarro, haciendo alusión a una práctica cada vez más común entre el Ejecutivo de colar enmiendas 'contra natura', como ya sucedió con la ley de paridad.