El juez Marchena ve inconstitucional expulsar a la acción popular de procesos ya iniciados

En el que quizá sea uno de los momentos más delicado en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, con ataques permanentes a quienes están instruyendo causas que cercan al entorno del presidente del Gobierno, aparece «La Justicia amenazada», un ensayo en el que Marchena aborda los entresijos del tercer poder del Estado y llama a una reflexión serena sobre el peligro de legislar «en caliente». Afrontar modificaciones de forma apresurada es «incompatible con el tiempo indispensable para alumbrar un buen texto legal», dice.

Por razones obvias no habla el magistrado de procedimientos en marcha ni de aquellos cuyo desenlace está en manos del Tribunal Constitucional, como la amnistía, pero sí del impacto que ha tenido en el Supremo y en la cúpula judicial despojar al anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la potestad de hacer nombramientos. Marchena parte de que el poder político no ha superado la tentación de debilitar los mecanismos constitucionalmente concebidos para el control democrático de sus decisiones. El equilibrio entre los poderes del Estado «no puede limitarse a un enunciado normativo (...). Cuando ese equilibrio se altera, la justicia se ve amenazada». A continuación, algunas de las reflexiones que contiene el libro.

Noticia Relacionada

Aldama pedirá que declare el presidente del Gobierno si se querella contra él

Javier Chicote

Ya ha pasado casi un mes desde el acto de conciliación fallido y el presidente aún no ha acudido al juzgado

«El nombramiento del fiscal general por el Gobierno nunca debe entenderse como generador de un deber personal e institucional de gratitud que se traduzca en la defensa incondicional de los intereses gubernamentales (...) Se piensa, con un manifiesto error que una buena ley es la mejor forma de garantizar la imparcialidad del fiscal general, pero además de un buen texto legal se necesita algo más. La sujeción del fiscal general a los principios de legalidad e imparcialidad no depende solo de que así lo exija un texto legal. La cultura democrática de quienes asumen altas magistraturas de la nación y, por supuesto, de la ciudadanía que censura jurídicamente cualquier decisión del Ministerio Fiscal, es indispensable para que el control de esas decisiones de trascendencia jurídica pueda llegar a ser efectivo (...). La fortaleza de ese control puede verse debilitada si el proceso penal español avanza hacia un modelo de investigación por el Ministerio Fiscal. En tal caso, sin las debidas reformas que alienten la confianza ciudadana en la institución, lo que se presenta como una reforma de vanguardia puede convertirse en un indudable retroceso».

«La experiencia de los últimos años sugiere la conveniencia de poner límites al ejercicio de la acción popular (...). El proceso penal no puede seguir siendo el escenario en el que, con la excusa de postular el restablecimiento del orden jurídico alterado por el delito, los partidos políticos trasladan a los tribunales de justicia sus enfrentamientos (...). Sin embargo, la conveniencia de una reforma de los límites de la acción popular puede estar muy condicionada por el momento político en el que esta se activa. Una iniciativa legislativa encaminada a restringir el acceso del ciudadano al proceso penal nunca debería plantearse como la búsqueda de una solución para evitar que determinados responsables políticos o personas vinculadas a ellos puedan responder de los hechos imputados (...) Proyectar efectos retroactivos para expulsar de procedimientos ya iniciados a acciones populares que hasta este momento han venido impulsando la actuación judicial desprende el aroma de la flagrante inconstitucionalidad».

«Hay que poner límites a la situación actual, en la que el aforamiento ha llegado a convertirse en una señal de distinción protocolaria que blinda al cargo público y lo diferencia del resto de ciudadanos (...). A mi juicio buena parte de los aforamientos es manifiestamente prescindible. En España hemos asistido a una proliferación de aforamientos carentes de cualquier explicación razonable. Del germen inicial limitado al Gobierno y a los parlamentarios hemos pasado a una legión de aforados cuya simple enumeración desprende aroma de privilegio (...). En España se ha impuesto una concepción 'cuasiprotocolaria' del aforamiento hasta el punto de que el ámbito de poder de los puestos de relevancia en la estructura del Estado tiene que venir 'adornado' con un aforamiento».

«Los juicios paralelos no solo perjudican al acusado al que hay que presumir inocente sino que amenazan el trabajo de unos jueces que, desde luego, no son ajenos, al estrépito que genera el tratamiento informativo de hechos que meses después tienen que enjuiciar».

«Cuando los grupos políticos se imitan unos a otros, cuando cualquier intento de voz crítica es acallado por el temor a sus consecuencias electorales, cuando la definición de lo políticamente correcto no admite matices se está contribuyendo a desfigurar de forma artificial un fenómeno social que poco a poco se nos escapa de las manos (...). Quizá sea el momento de preguntarnos si el actual tratamiento mediático de los episodios de violencia sobre la mujer es la mejor manera de contribuir al objetivo que todos perseguimos».

«Un Código Penal elaborado a impulsos de la rabia popular por la proximidad de un crimen cuya brutalidad ha sobrecogido a todos corre el riesgo de avalar soluciones penales impropias de nuestros días. No se puede legislar 'en caliente', con el impacto todavía reciente de una tragedia a la que se pretende hacer frente mediante una reforma en el Boletín Oficial del Estado (...)» .

«Más de cinco años de batalla entre el Gobierno y el principal partido de la oposición son la mejor muestra de que al poder político no le es indiferente la composición del órgano de gobierno de los jueces (...). La decisión de privar al CGPJ de su capacidad para hacer los nombramientos pendientes supone herirlo de muerte. Se ha laminado el núcleo funcional del Consejo con una más que visible afectación de órganos como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y las Audiencias Provinciales».