El pasado lunes la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición difundió un manifiesto, apoyado por más de 300 personas e identidades, que carga contra las reformas de los delitos de sedición y malversación que el Gobierno de Pedro Sánchez ... está llevando a cabo. Entre los firmantes se encuentran varios exministros y exdiputados socialistas, además de otras personalidades de la política y el mundo judicial y académico.
En tan solo dos días, el manifiesto ya ha logrado 2.119 adhesiones hasta las 18 horas de ayer miércoles. Personas procedentes de diferentes sectores de la población española han trasladado su voluntad de apoyar dicho escrito, en el que tachan de «burla» que el Gobierno hable de contribuir a la 'desinflamación del conflicto catalán' con las modificaciones en la sedición y la malversación cuando «todos han declarado hasta la saciedad que volverán a intentarlo».
Entre los firmantes no solo hay exministros, exdirigentes autonómicos, alcaldes, consejeros o exdiputados, también se encuentran sindicalistas, catedráticos, profesores, periodistas, médicos, arquitectos, farmacéuticos, camareros y recepcionistas, entre muchas otras profesiones. Todos ellos rechazan las decisiones que el Gobierno está tomando para «obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos separatistas y los que están contra la Constitución».
En el manifiesto explican que «cambiar» estos delitos «supondrá un estímulo para atentar contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente» y aseguran que con la rebaja de la malversación «se deja impune la desviación de caudales públicos para realizar actos contra el Estado y la integridad territorial». «Pactar la redacción del delito con los delincuentes que lo han cometido es un hecho insólito», denuncian.
«Reclamamos la retirada inmediata de los artículos de la Proposición de Ley Orgánica en todo lo que se refieran a los delitos de malversación y sedición y requerimos la urgente tipificación de un delito contra la Constitución con las penas recogidas en Europa para evitar un vacío legal que pueda dividir aún más la convivencia democrática», concluye el manifiesto.
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