El manifiesto que ha desatado una marea intelectual contra la ley de la memoria oficial

La ADVT redactó este manifiesto en un tiempo récord y su junta directiva «lo aprobó por abrumadora mayoría». De inmediato se adhirió la Fundación Transición. «Lo enviamos a amigos para pedirles su apoyo y que, a su vez, ellos lo solicitaran a quienes consideraran; aquello corrió con rapidez y, en poco más de veinticuatro horas, recibimos el apoyo de más de 160 personas», relata Contreras, que también es activo testigo de la Transición, años en los que fue gobernador civil de Ávila y Santander con la UCD de Suárez.

«La acogida que tuvo el manifiesto en defensa de la Transición y contra la Ley de Memoria Democrática nos ha sorprendido por la rapidez de la reacción y por la calidad y el número de los adheridos», relata Contreras. El pasado lunes vio la luz públicamente, con la adhesión de una larga lista de nombres propios que crece día tras día -ya son más de 200-, en la que hay desde juristas a antiguos dirigentes sindicales, pasando por intelectuales de todo signo, víctimas del terrorismo, diputados y senadores constituyentes, exministros y otros nombres propios vinculados a partidos de centro, de izquierda y de derecha. ABC recoge las reflexiones de ocho de los firmantes, representativa muestra de esa plural lista de personalidades que se han unido contra una ley que, a su juicio, falsea la historia, socava la Transición y, por tanto, nuestro régimen democrático.

Esa pluralidad de perfiles que se han dado cita en este manifiesto coincide con la propia esencia de la ADVT, asociación que nació «en 2007, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando consideramos que se estaba poniendo en peligro el esfuerzo de reconciliación que se hizo en los años de la Transición», relata Contreras.

Respecto al manifiesto de estos días, explica que «lo hicimos porque creemos que una ley como la de la Memoria Democrática, en el caso de que fuera necesaria, debería ser fruto del acuerdo entre el mayor número posible de partidos, y nunca del pacto de los que representan a media España contra la otra media». Recuerda, como contrapunto, la decisiva «Ley de Amnistía de 17 de octubre de 1977, cuyo proyecto fue una iniciativa de los partidos de la izquierda, se negoció con todas las formaciones políticas y fue aprobada por 296 votos a favor, dos votos en contra, dieciocho abstenciones y un voto nulo». «Ese es -subraya Emilio Contreras- el ejemplo que nosotros consideramos que hay que seguir cuando se decide abordar una ley de estas características».

La polémica ley de Memoria Histórica de Zapatero llevó a Francisco Vázquez a suspender su militancia en el PSOE. «Sigo siendo socialista, pero ya entonces consideré que se rompía la reconciliación nacional y que se deslegitimaba al propio PSOE, porque se echaba por tierra la decisiva participación que tuvo este partido en la llegada de la democracia y en su consolidación», relata a ABC. Ahora, la vuelta de tuerca que supone la ley de Memoria de Pedro Sánchez es un despropósito añadido, subraya este veterano socialista que fue líder del PSOE gallego, diputado de la Transición, alcalde de La Coruña durante 23 años y embajador de España ante la Santa Sede entre 2006 y 2011.

«El concepto de memoria oficial es una expresión de totalitarismo, porque el poder se reserva la facultad de decidir qué es verdad, cómo reinterpretar la historia y como adoctrinar con ello», censura. Está a favor de «reparar a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, de dar digna sepultura a los desaparecidos, pero esta ley se aleja de ello al convertirse en una ley de desmemoria contra la Transición, que reabre la división de las dos Españas, las heridas de un pasado conflictivo que la Transición superó a través del consenso». Además, «con la colaboración de Bildu», se ignora lo que fue ETA, «la organización criminal que intentó acabar con la democracia».

Destacado rostro del PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra, el jurista Eligio Hernández fue magistrado, diputado autonómico, fiscal general del Estado, gobernador civil, delegado del Gobierno en su Canarias natal y miembro del Consejo de Estado. Su firma figura entre las primeras que han respaldado el manifiesto lanzado por la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición (ADVT) para plantar cara a la pretendida ley de Memoria Democrática.

«Me he adherido por la concordia y en defensa de la Transición, que ha alumbrado la etapa histórica más noble, de mayor progreso social y estabilidad política de la España contemporánea», explica a ABC Eligio Hernández. «Una ley como la que se quiere aprobar, sin el necesario consenso pero con el apoyo de Bildu, supone menoscabar la reconciliación, el legado histórico más trascendental de la Transición», advierte.

Al tiempo que reniega de todo extremismo a izquierda y derecha, este jurista subraya la necesidad de que una ley de estas características nazca con el consenso de los grandes partidos de izquierda y derecha, algo que no se ha dado. Lamenta que, ya desde la primera ley de Memoria de Rodríguez Zapatero, «se ha frustrado ese espíritu de la Transición que ha dado sentido al modelo constitucional de convivencia más fecundo que hayamos disfrutado».

En la ley de Memoria Democrática asoman «las tesis radicales del separatismo», censura Juan José Laborda en declaraciones a ABC. Lamenta que esos postulados hayan logrado bañar esta ley en contra de la realidad histórica, gracias a los pactos trabados entre el PSOE, Podemos y fuerzas independentistas, entre las que se cuenta Bildu, la heredera política de ETA. La de Juan José Laborda es una voz especialmente cualificada respecto a la pretendida 'memoria democrática' de estas izquierdas: además de ser Doctor en Historia, a su hondo perfil académico se une el haber sido testigo directo y actor político en la Transición. Militante del PSOE desde 1974, fue uno de los senadores constituyentes. Obtuvo escaño por Burgos en las primeras elecciones democráticas tras la dictadura, en 1977, y lo revalidó sucesivamente hasta 2004. Fue presidente del Senado de noviembre de 1989 a marzo de 1996, y en la actualidad es miembro del Consejo de Estado.

Laborda advierte, de entrada, que «es un enorme error intentar hacer memoria sin tener en cuenta la historia». Y lamenta que eso es justo lo que destila este proyecto de ley que ya ha sido votado en el Congreso y que encara el trámite del Senado para su promulgación y entrada en vigor.

Considera Laborda que, fruto de esos pactos entre el PSOE, Podemos y los nacionalistas, el independentismo «ha conseguido algo así como su programa máximo: señalar que la Transición fue solo obra de los antifranquistas e ignorar lo que fue realmente, un encuentro en clave europea, no en clave republicana, entre los antifranquistas y los que procedían del régimen de la dictadura». Es decir, enterrar en la ley de Memoria «aquel decisivo consenso que fue el milagro de la Transición».

Además, al extender hasta 1983 la sombra del franquismo, «se da cobertura a la reiterada tontería que han sostenido con fervor los pontífices del nacionalismo radical: pretender hacer ver que España no era una auténtica democracia, tesis a la que se sumó Podemos». Por esta vía, la ley de Memoria sirve «a los separatismos», según Laborda.

Subraya también otra «curiosa contradicción»: esta nueva ley pone en tela de juicio la democracia asentada por la Transición «y, sin embargo, no incorpora en su relato ninguna referencia al hecho mucho más trágico y potente de los cerca de 900 muertos de ETA y sus atrocidades; es curioso que no se hable del terrorismo, pero se cuestione la democracia hasta 1983».

Entre «los errores históricos de bulto» que incorpora el texto, Laborda critica también que se incluya como «víctimas» a «las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega». Repara Juan José Laborda en que, más allá de la incongruencia teórica de considerar víctima a un ente, el relato es en sí mismo inexacto, porque olvida datos tan relevantes como que en pleno franquismo, en 1958, «Antonio Tovar, amigo de Dionisio Ridruejo, desde su puesto de rector de Salamanca creó la primera cátedra de Lengua Vasca de la historia, y al frente de ella situó al nacionalista vasco Koldo Mitxelena». En contra de lo que destila el relato de la ley de Memoria, Laborda advierte: «España, como cultura, no es responsable de la persecución de la cultura vasca. Hubo, cosa bien distinta, represores concretos y víctimas concretas, algunas de las cuales hablaban vasco».

Este historiador y expresidente del Senado insiste en que esta ley debería haber sido consensuada por los grandes partidos, en vez de convertirse en objeto de enfrentamiento y romper con el espíritu y el gran logro de la Transición.

El objetivo íntimo de la ley de Memoria no es tanto la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura como el moldear la historia al ideológico gusto de quienes reniegan del régimen democrático del 78. Así lo considera Rafael Arias-Salgado, otro de los testigos directos y actores de la Transición que ha alzado su voz contra esta ley que -afirma- «contribuye a deslegitimar nuestra democracia y a blanquear a los terroristas».

«Buscar, exhumar y dar entierro digno a quienes fueron víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura es algo en lo que estoy totalmente de acuerdo; el problema es que, a la vista de la ley de Memoria, eso se convierte en un pretexto para manipular la historia», advierte en declaraciones a ABC Rafael Arias-Salgado, presidente de la Fundación Transición. Fue diputado constituyente por UCD (1977-1982) y ministro en los gobiernos de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo y de José María Aznar -ingresó en el PP en 1993, desde cuyas filas fue diputado en el Congreso durante once años, hasta 2004.

La Ley de Memoria Democrática «falsea el proceso histórico, trata de establecer una verdad que no tiene nada que ver con la historia real, tiene otra pretensión que enraíza con lo que llamo la 'doctrina Zapatero': pregonar que la democracia del 78 no fue una auténtica democracia, que nació hipotecada y que nuestro régimen democrático hay que conectarlo ideológicamente con la II República», explica Rafael Arias-Salgado. De ahí -indica- que para servir a ese objetivo ideológico, no histórico, la ley de Memoria evite hablar del terrorismo que amenazó la Transición y atacó a la democracia, pero ponga en tela de juicio el régimen constitucional elegido por los españoles.

Como ejemplo de desmemoria intencionada, Arias-Salgado recuerda que, inicialmente, el proyecto de ley ignoraba por completo la Ley de Amnistía de 1977. «Al final sí se cita -indica-, no les ha quedado más remedio, pero no se dice que la amnistía abarcó a los delitos de sangre».

Considera que esta es «una omisión muy grave», porque así se obvia que el terrorismo de ETA persistió pese a esa «ley fundacional de nuestra democracia, promulgada con la especial participación de UCD, PSOE y PCE para construir en España una auténtica democracia sin hipotecas históricas».

La memoria histórica, advierte Francsc de Carreras, «es individual, no colectiva». Es la construcción subjetiva de un relato a partir de vivencias, recuerdos o impresiones, algo bien distinto a la Historia, que es fruto del trabajo de los historiadores. Hacer de la memoria algo colectivo por ley es fabricar «una historia oficial», indica. «El concepto de memoria histórica es una manipulación de la historia por parte de los poderes públicos, del Estado», afirma a ABC este jurista nacido en 1943, que militó en la izquierda antifranquista catalana del PSUC durante la recta final de la dictadura. Abandonó ese partido avanzados los años 80, crítico por la deriva de corte nacionalista que, después, también lamentó al observar el recorrido del PSC.

Fue catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y uno de los intelectuales que promovieron la creación de Ciudadanos para llenar el espacio del centro-izquierda constitucional en Cataluña. Abandonó Cs, defraudado por la negativa de Albert Rivera a formar gobierno con Pedro Sánchez tras las elecciones generales de abril de 2019, lo que acabó provocando la repetición electoral que condujo al actual Ejecutivo del PSOE con Unidas Podemos, apuntalado en el Congreso por el independentismo.

De Carreras censura esos arreglos trabados entre el PSOE y las órbitas radicales entre las que se cuentan los herederos políticos de ETA, Bildu. Alianzas que, a su juicio, conducen a una ley de Memoria que, entre otras cosas, blanquea al terrorismo etarra. «Se pretende olvidarlo, esconder una parte de nuestra historia que es muchísimo más reciente que la Guerra Civil, porque olvidar el terrorismo es algo que interesa a quienes están actuando en política con sus mismos fines ideológicos», afirma.

El resultado, explica, es una ley que se aparta de la historia, que la manipula interesadamente con fines políticos y que cuestiona el régimen democrático, al que precisamente combatió ETA a sangre y fuego. «Es una ley para politizar el pasado y utilizarlo como arma en el presente», a costa de reactivar «viejas luchas mediante una ley antiliberal, porque construir una historia oficial es una acción clarísimamente antiliberal», afirma Francesc de Carreras.

La participación que el PSOE ha dado a Bildu en la redacción de esta ley la vicia gravemente, denuncia este intelectual catalán. Que en las 48 páginas del proyecto de ley no aparezcan ni una vez las palabras ETA, terrorismo, terrorista o víctimas del terrorismo es, según este jurista, «el resultado palpable de que ha sido elaborada dentro de los pactos de los dos partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, con los herederos de quienes en su día fueron terroristas y ahora no quieren que se les reproche su carácter antidemocrático». Con la ley de Memoria «se está utilizando la política de la manera más torticera posible, que es violando la verdad del pasado», concluye De Carreras.

El exministro socialista Javier Sáenz de Cosculluela se confiesa «muy decepcionado» con el PSOE de Pedro Sánchez, en el que sigue afiliado desde el inconformismo. Por eso, cuando ABC le pregunta si sigue militando en el Partido Socialista, contesta con un elocuente «sigo cotizando al PSOE». «Yo contribuí a crear este partido y no me voy, porque es mi partido y mantengo mis convicciones socialdemócratas; lo que pasa es que el de ahora es otro PSOE», explica.

Como «hijo y a la vez protagonista de la Transición», reniega de plano de la ley de Memoria que Pedro Sánchez ha pactado con Podemos y los independentistas, incluidos los radicales de Bildu, herederos políticos de ETA. «Me resulta insoportable ver que se ha recabado el apoyo de Bildu en un asunto tan delicado y que en el proyecto de ley se hayan aceptado enmiendas de ese partido», indica el abogado Sáenz de Cosculluela, que fue diputado constituyente, con escaño en el Congreso desde las primeras elecciones generales tras la dictadura (1977) hasta 2000, y ministro en los gobiernos de Felipe González.

Le indigna que se haya dado cobertura a la tesis de los herederos políticos de ETA: cuestionar nuestro régimen democrático, extendiendo hasta 1983 la sombra del franquismo, cuando «todos sabemos lo que en esos años hacía la gente a la que representa Bildu», subraya Sáenz de Cosculluela.

Según este exministro socialista, la ley de Memoria «se ha hecho sin consenso, prescindiendo de media España, así que mucha gente a a ver en ella un motivo de división».

La democracia española «no necesita ninguna historia oficial», indica Félix Ovejero, profesor de Filosofía Política de la Universidad de Barcelona. Pero, en su opinión, ya que pretende dictarse con la llamada Ley de Memoria Democrática, «en el primer párrafo de esa historia resultará obligado un inventario de quienes han intentado acabar con la democracia. Y en la lista -afirma-, encabezándola, deberán figurar los herederos de la banda terrorista ETA que, entre otras cosas, hizo lo posible por propiciar un golpe militar, y unos nacionalistas que quieren acabar con nuestra comunidad de ciudadanos, los mismos que, según parece, están dictando esa pretendida historia oficial».

José Rodríguez de la Borbolla se afilió al PSOE en 1972, en la clandestinidad a la que forzaba el franquismo. Cinco años después, con la Transición recién estrenada, se convirtió en secretario general del partido en Andalucía. Fue senador entre 1979 y 1982, año en el que tomó posesión como consejero de la Junta de Andalucía, gobierno autonómico que acabó presidiendo durante seis años, entre 1984 y 1990. Fue, por tanto, parte activa de la Transición y de la consolidación democrática. Ahora, desde ese privilegiado activo, se cuenta entre los firmantes del manifiesto contra la ley de Memoria porque, dice a ABC, «no nace desde el consenso ni contribuye a la concordia» sino a cuestionar el régimen democrático nacido precisamente de una ejemplar reconciliación nacional.

«La memoria democrática debería ser un instrumento para un doble objetivo: cerrar un pasado sucio e impulsar la mejor convivencia de la sociedad actual», afirma Rodríguez de la Borbolla. Pero a ninguno de los dos fines contribuye la que ha pactado el PSOE de Sánchez con los radicales, porque es una ley «que no ha sido ampliamente consensuada y, tal y como se ha conformado, es el proyecto de una parte del país contra otra». Además -apunta- en ella «pesa» negativamente la mano de Bildu, partido que sigue renegando del régimen democrático del que disfruta España y que «llega a decir que la Constitución no se votó en el País Vasco, lo que es totalmente falso: hubo una abstención muy alta, pero ganó el 'sí': esa es la verdad histórica».