Malestar por la «opacidad» en el borrador de la ley de Transparencia

Como si de un tesoro se tratara, el Gobierno esconde con celo desde hace tiempo el anteproyecto de la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública. Es una asignatura pendiente de Zapatero —recogida en sus programas electorales de 2004 y 2008— que ya existe en casi un centenar de países y que acercará a los ciudadanos datos sobre las administraciones públicas. Sin embargo, asociaciones españolas y expertos internacionales critican la «contradicción» de un proceso de redacción opaco y cerrado a la participación de la sociedad. Ante ello, animan al Ejecutivo a publicar el borrador de la ley, una «enriquecedora» práctica habitual en otros países.

Desde hace casi siete años, Natasa Pirc vigila la transparencia de las administraciones eslovenas. No concibe el turbio procedimiento con el que se está gestando la ley en Moncloa. «Es inimaginable», repite continuamente. «Yo misma escribí al Gobierno para preguntarle sobre sus plazos y me dijeron que era un asunto secreto», señala a ABC. Desde Canadá, Toby Mendel, director ejecutivo del Center for Law and Democracy y uno de los mayores expertos en acceso a la información a nivel mundial, remarca que «es fundamental que esta ley surja de un proceso de consulta».

Los consejos que llegan desde el exterior van en consonancia con las reclamaciones de la Coalición Pro Acceso, una plataforma que desde 2006 promueve la adopción de la ansiada transparencia. Su directora, Helen Darbishire, reclama insistentemente un espacio para el debate: «No podemos dar nuestro punto de vista ni establecer análisis comparativos porque el Gobierno no quiere hablar ni comentar cuáles son sus intenciones».

El 3 de mayo, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, «escribimos al Ejecutivo para solicitar una copia del borrador —pendiente de aprobación— pero aún no hemos recibido una respuesta». La misma suerte ha corrido Intermón Oxfam.

La historia se repite en FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Su presidenta, Elsa González, reconoce que solo han recibido unas «notas» sobre el asunto y, aunque «aún es arriesgado juzgarla, me parece que es una ley mucho más restrictiva de lo que esperábamos».

Oscurantismo burocrático

Esperanzado se muestra también Manuel Sánchez de Diego, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense e integrante de la Coalición Pro Acceso, que lamenta el oscurantismo reinante, pese a que «tuvimos una entrevista con María Ángeles Ahumada, directora de Coordinación Jurídica del Gobierno». «Confío en quienes están preparando el anteproyecto porque tienen capacitación técnica y sensibilidad con este asunto, pero tengo miedo a las interferencias de algunos ministerios».

También a esa resistencia funcionarial apunta Eduardo Bernoti, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos entre 2002 y 2005. «Las leyes de transparencia son una herramienta demasiado importante como para que no sean sometidas a una discusión pública, abierta y robusta», declara.