Roca reconoce que no declaró 1,5 millones al fisco porque era «dinero opaco»

Sobre los 1,5 millones de rendimiento que obtuvo de la mencionada operación -una vez que el 90% de las acciones de Yambali se transfirieron al promotor granadino José Ávila Rojas-, Roca ha admitido que no declaró los beneficios al fisco español y ha argumentado que no tenía que tributar por ese dinero en España. Roca ha sido firme en su contestación: "La pregunta es fácil señor fiscal. Si yo participo con dinero opaco a las autoridades españolas, difícilmente voy a declarar el beneficio a las autoridades españolas". Y ha añadido que en esta operación no le "regalan nada" , porque cuando él y el ex comisario Florencio San Agapito entraron a formar parte de la sociedad, el valor de suelo era de 4.900.000 euros, en lugar de los 4.300.000 euros con el que supuestamente participaron los "socios originales", Juan Hoffmann y Pedro Román, ambos imputados en esta causa. Sobre la negociación del convenio urbanístico con el Ayuntamiento, ha explicado que habló con el alcalde, Jesús Gil, una semana antes de reunirse con Román, y que el regidor le dijo que había que actualizar el convenio y duplicar los parámetros. Román declaró la pasada semana en el mismo sentido al señalar que Gil le había dicho que hablara con Roca, quien le comentó que el alcalde había establecido que el exceso de aprovechamiento que debía pagarse al Ayuntamiento era de 240 millones de pesetas (1,44 millones de euros), frente a los 60 millones de pesetas (360.000 euros) exigidos al anterior propietario de la parcela. En otro momento de su declaración, Roca ha defendido que "no existe ningún dato objetivo que permita afirmar" que él "decide o actúa de forma para que se dé una licencia urbanística". Previamente, ha comparecido ante el tribunal que enjuicia esta causa el ex comisario de Policía Florencio San Agapito -que afronta una petición fiscal de 9 años de cárcel-, quien ha asegurado que nunca habló con Roca y ha dicho que formó parte de la operación porque Román le propuso que participara porque él no tenía capacidad económica para afrontarla solo.

El "caso Malaya", cuya investigación judicial arrancó a finales de 2005, tuvo como consecuencia una medida inédita en la historia democrática: la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril de 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de 2007.

El fiscal pide para Roca nueve años por blanqueo; seis años por malversación de caudales públicos; otros seis años de prisión también por malversación de caudales públicos; dos años de cárcel por fraude; seis años por cohecho pasivo y un año de prisión por cohecho pasivo acto injusto.