Magistrados europeos instan a renovar el CGPJ con jueces elegidos por la carrera

Los magistrados europeos recuerdan que desde el año 2018 el CGPJ ha visto afectado su funcionamiento por «desacuerdos políticos» que han impedido que pueda llevar a cabo el nombramiento de sus miembros, provocando que el órgano esté dirigido por «miembros previamente elegidos y cuyos mandatos expiraron hace mucho tiempo».

Esta situación se vio además agravada en el año 2021, relata la asociación, cuando el Congreso de los Diputados retiró al CGPJ la capacidad de efectuar nombramientos «de jueces superiores», concretamente, los del Tribunal Supremo, donde actualmente existe un número importante de vacantes que no pueden cubrirse, «obstaculizando y retrasando al tribunal en el desempeño de su labor judicial». «Aunque la Comisión Europea en sus informes sobre el Estado de Derecho de 2022 y 2023 llamó la atención sobre el problema e instó a la autoridades españolas a remediar la situación, no se han tomado medidas al respecto», expresan.

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Por otro lado, cargan duramente contra la posibilidad de que jueces sean llamados a comparecer en las comisiones de investigación 'lawfare'. Tal y como recuerdan en su escrito, tras la cita electoral del 23J, el Gobierno alcanzó un acuerdo con el independentismo para aprobar la ley de amnistía y ahondar en «decisiones judiciales relativas a investigaciones y condenas penales de quienes participaron en el intento de secesión de Cataluña», abriendo la puerta a que magistrados tengan que dar explicaciones en sede parlamentaria.

«Consideramos totalmente incompatible con la independencia judicial que los jueces deban rendir cuentas de sus actuaciones ante otras ramas del Gobierno», manifiesta la Asociación de Jueces Europeos, que explican que «las decisiones judiciales erróneas deben corregirse a través de las estructuras de apelación». «Cualquier presunta mala conducta de un juez solo puede estar sujeta a procedimientos disciplinarios o, en el caso de que un juez sea acusado de haber cometido un delito penal, mediante proceso penal», exponen.

A su juicio, «bajo ninguna circunstancia puede ser aceptable la citación de un juez ante una comisión parlamentaria de investigación para defender su decisión judicial ya que tal proceder constituye un claro ataque a la independencia judicial». «El respeto adecuado de la separación de poderes y la independencia judicial requiere que la crítica pública de las decisiones judiciales por parte de los políticos se realice dentro de la esfera de la moderación y el respeto institucional», especifican.