Los vecinos de un bloque entero de Malasaña, desalojados en 24 horas y sin notificación legal

El viernes por la noche, a las 20.25 horas, llamaron a su puerta «dos hombres que no se identificaron»: «Me dijeron que venían a hacerme entrega de una comunicación en mano». Cuál fue su sorpresa, que era una carta de la empresa propietaria del edificio, Arrendaplus S. L., con sede social en Alcobendas, conminándoles a «la desocupación de sus inmuebles y entrega efectiva de la posesión de las fincas arrendadas, con la efectiva entrega de llaves, para la realización de obras de carácter urgente como consecuencia de la existencia» de un expediente administrativo de la Dirección General de la Edificación del Ayuntamiento de Madrid. «Si no llega a ser porque estoy de baja, por la neumonía, a la hora que vinieron estaría trabajando en el bar, y ni me habría enterado», ironiza. Es más, hay una vecina que llegó ayer a su casa y fue entonces cuando se dio de bruces con la novedad. «Y otra pareja iba a pasar el fin de semana en Murcia, pero al final se quedó en Madrid; si se hubiesen marchado, ni sabrían lo que iba a ocurrir», explica el joven.

Y lo que va a ocurrir no es algo que la propietaria no supiera desde hace tiempo. Casi un año, a tenor de la información adjunta al requerimiento de desalojo de los pisos. En agosto de 2021, la vecina del ático se quejó de que se le estaba hundiendo el suelo. Acudieron los Bomberos del Ayuntamiento y técnicos municipales. El primer informe de daños es del 4 de agosto de ese año, y el día 10 de agosto se inició el procedimiento, «ordenando la adopción de medidas de seguridad». El 22 de diciembre, finalmente, la Dirección General de la Edificación ordenó la reparación de los daños.

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Se giraron inspecciones los días 24 de marzo y 5 de abril de 2022, en las que se comprobaron las labores de apeo del forjado del techo del cuarto piso (el suelo del ático). Pasó la primavera, pasó el verano y el 4 de octubre se apercibe a la empresa a que, en un plazo de 15 días, «aporte un certificado técnico que garantice la idoneidad de las medidas de seguridad instaladas, así como de la estabilidad de los elementos afectados por estas», insiste el Ayuntamiento, en referencia a la resolución del 10 de agosto de 2021. También conmina a Arrendaplus, sobre la resolución del 22 de diciembre pasado, a realizar las obras y, en un mes, certificar que son idóneas una vez ejecutadas. Además, Urbanismo avisa a la propiedad de la finca de que «en caso de incumplimiento de lo ordenado mediante la notificación», se procederá a multarla con entre 1.000, 2.000 y 3.000 euros. Firma el documento municipal la jefa del departamento jurídico de Control y Conservación.

Pues bien, mientras todo esto ocurría los últimos 15 meses, los vecinos aseguran que no sabían absolutamente nada. Eduardo lleva año y medio allí, pero otras personas hasta seis años alquiladas, aunque prefieren no salir del anonimato. «Yo pago 515, la del ático 900, otra vecina 530... Y no nos ofrecen ni siquiera una solución habitacional. Solo un trastero durante dos meses. Y todo, sin burofax ni nada. Nada más irse los dos hombres que trajeron la carta, me encontré a una vecina llorando. Hay un lapso de tiempo en el que nadie sabe lo que ocurre. El viernes pasado, 18 de noviembre, la administradora nos dijo que vendrían del Ayuntamiento a echar un vistazo en nuestros pisos. Hicieron cuatro fotos y se fueron. Hasta ayer [por el pasado viernes, 25 de noviembre]«.

Anoche, los afectados hicieron piña y se presentaron en la comisaría de la Policía Nacional, sin lograr nada. Pero el surrealismo de esta historia no iba a acabar ahí: «A las 2 de la madrugada recibí un mensaje desde el teléfono de contacto de la empresa, al que llevábamos llamando todo el rato y en el que nunca respondían», añade Eduardo. El guasap, al que ha tenido acceso ABC, dice lo siguiente:

«Buenas noches, ¿cómo esta? Se han recibido llamadas desde este número, entendemos que es para recibir información. Se ha ofrecido este número de contacto para ofrecer información por parte de la empresa propietaria del inmueble que usted arrienda sito en la calle Marqués de Salamanca nº 12 [hasta la dirección es errónea] esta situación tan complicada que acontece… (sic)».

«La empresa ha sido informada mediante informe técnico y requerimiento municipal, recibiendo a día de hoy las lamentables noticias que conocen; se ha personado personal autorizado por la empresa con la finalidad de entregar personalmente tan malas noticias. Dado que existe un riesgo a la integridad física de las personas que habitan en los inmuebles del edificio, requerido por el ayuntamiento y mediante informe técnico aportado, comunicamos de modo de extrema urgencia procedan a desalojar antes del domingo día 27 de noviembre las viviendas del edificio objeto de rehabilitación estructural integral. En este tipo de intervención es inviable permanecer habitando durante el proceso de la ejecución por motivos integridad física de las personas como indica el plan de seguridad y salud según normativa municipal».

«La integridad de las personas físicas prima, por lo que la empresa solicita que desalojen de urgencia antes del 27 noviembre y se exime de cualquier responsabilidad jurídica civil y penal, ante cualquier suceso o desastre que pueda derivarse del estado del edificio posterior mente a la fecha indicada mediante comunicado para realizar entrega de llaves. Lamentamos lo sucedido pero la empresa debe cumplir con lo requerido acometiendo inmediatamente y de extrema urgencia la rehabilitación integral de estructura según indica el departamento técnico y la Junta Municipal. La empresa ha fijado un horario para atención telefónica de 11 a 14 h para atender dudas y ofrecer la información que precisen. Un cordial saludo!!».

Otro dato llamativo es que la empresa encargó, de parte, un informe a un arquitecto, que confirma el mal estado del edificio. Lo curioso es que el documento con sus conclusiones lo firma el 22 de noviembre y tiene fecha electrónica del día 24; es decir, solo un día antes de presentarse los supuestos representantes de la propiedad en casa de los afectados con las malas nuevas.

Anoche, en Marqués de Santa Ana, 12, todo era un ir y venir de bártulos. Eduardo se quedará unos días en casa de un amigo: «Soy de Zaragoza. ¿Qué hago luego? Quiero al menos una indemnización». Otros afectados son una madre con una niña pequeña, una anciana y él mismo, que prepara la mudanza con neumonía y no para de toser. «Quieren que firme una rescisión de contrato (porque la empresa lo está incumpliendo), que coja la fianza y que me largue... Pero yo estoy pagando por vivir aquí».

ABC habló anoche con un representante de Arrendaplus: «Hemos enviado un burofax, aunque es probable que no les haya llegado aún. También acudieron dos personas con sus DNI. Somos humanos y es una situación desesperada, no un capricho. Estamos buscando una solución habitacional de urgencia». Preguntado por qué no han avisado antes, si el asunto lleva más de un año sobre la mesa, contestó que «es todo un imprevisto, se está actuando de fe»: «Les hemos avisado media hora después de enterarnos. Ya habíamos asegurado las zonas húmedas y pedido presupuestos».