Un teléfono de atención al vecino y mediadores: la solución de los pisos turísticos de Madrid

En un salón acristalado con vistas a la Gran Vía, una de las zonas más saturadas de pisos turísticos de la ciudad ―hay medio millar, según datos del INE, solo en un puñado de calles que se entrecruzan en mitad de la arteria madrileña―, Madrid Aloja presentó un informe para desmontar con datos las críticas de sus detractores. El informe sobre el impacto de las viviendas de uso turístico en la convivencia, a cargo de la empresa de sensores Roomonitor, ha analizado el ruido en 3.523 alojamientos a lo largo de 2023. Entre el 1 de enero y el 25 de diciembre, se registraron 33.224 alertas por «eventos de ruido», es decir, porque se rebasaron los 70 decibelios en interior entre las 22 y las 7 horas.

De ese informe se extrae que, en todo el año, estos 3.523 apartamentos registraron un promedio de 0,78 alertas al mes. En el 94,6% de los casos, la incidencia se resolvió en menos de 45 minutos; el sensor avisa a los propios huéspedes de que exceden los umbrales de ruido apropiados y a un conserje nocturno para que se presente en el piso turístico. «Solo el 2% de los eventos de ruido», destaca el documento de Roomonitor, «se han determinado como fiestas». Sin embargo, hay que añadir las sobremesas de las cenas, otro incordio en horario nocturno que supone el 32% de los casos. Ambas categorías suman 11.236 alertas en 2023.

Para Adolfo Merás, estas cifras prueban que la armonía entre vecinos y pisos turísticos es posible. «Por cada 10.000 noches reservadas, hay un riesgo de que se produzca una fiesta que tengamos que parar del 0,0689%», señala. El presidente de Madrid Aloja insiste en tres puntos para afianzar la coexistencia: ese control de ruido, cerraduras electrónicas en los portales e «identificación fehaciente» de los huéspedes. Aun así, esta semana han presentado un nuevo plan para 2024, unas medidas piloto que el sector explorará en Madrid, pero también en Barcelona, Sevilla, Cádiz y Valencia.

Los pisos turísticos tendrán su propio 112, un «teléfono de atención al vecino» para cualquier tipo de incidencia. «Así podemos cuantificar, zonificar, evaluar su gravedad; ya sea ruidos por fiesta, actos incívicos en las zonas comunes, obras en el piso... », desgrana Eduardo Suárez, el presidente de We Respect, una plataforma que nació en 2019 para otorgar «sellos de calidad» a estos alojamientos. «Si el incidente es grave, ofrecemos un servicio de mediación profesional entre gestor y vecino para llegar a un acuerdo». Un intermediario que negocie con uno y otro, siempre que ambas partes estén dispuestas.

We Respect también difunde un manual de buenas prácticas entre los empresarios; comunicación con los vecinos y concienciación a los turistas, entre sus claves. El pasado jueves, la marca organizó una «entrega simbólica de certificados» a gestores por «mejorar los cánones de convivencia» y una veintena de propietarios desfilaron sonrientes, en lo alto de la Gran Vía, para recoger sus diplomas.

A pesar de estos buenos propósitos, el crecimiento desenfrenado de los pisos turísticos preocupa a los vecinos. Solo entre marzo de 2022 y marzo de 2023 se incorporaron 4.500 viviendas al alquiler vacacional, según datos de Exceltur. Ya rondan las 25.000, de acuerdo al recuento de anuncios de la plataforma Airbnb. En realidad, la cifra exacta no está clara. La última oficial la aportó el INE (Instituto Nacional de Estadística): 17.000 viviendas de uso turístico registradas en el cuarto cuatrimestre de 2023 en toda la Comunidad de Madrid. Aunque el número varíe, se estima que el 95% son ilegales. El propio ayuntamiento ha reconocido que unas 13.000 no disponen de licencia municipal.

El descontento vecinal, sin embargo, sí es un hecho constatado. Hay carteles de auxilio ―«SOS, vecinos en peligro de extinción»― en los balcones del centro de Madrid, donde se calcula que operan unos 10.000 pisos turísticos. «Un informe hecho por la patronal evidentemente no va a dejar mal al negocio. Las molestias están aquí y la gente no se queja de vicio», señala el delegado de Urbanismo de la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid), Vicente Pérez, sobre la información aportada por Madrid Aloja.

Los timbrazos por error a las 2 de la mañana, el traqueteo de las maletas, los jaleos a deshora... Aunque Pérez considera que un mediador es una buena idea para resolver problemas de ruido, cree que debería ser un «servicio municipal» y, en muchas ocasiones, que son competencia de la Policía. En cualquier caso, añade, «no debería haber ruidos en esa vivienda porque esa vivienda incumple la norma y no debería existir».

Pérez se refiere al Plan Especial de Hospedaje aprobado durante el mandato de Manuela Carmena, la norma vigente, recurrida por el PP y avalada por los tribunales, que obliga a los pisos turísticos a contar con un acceso independiente en la calle. Solo un 5% cumple este requisito. La propuesta vecinal es dar un paso más y ubicar estos alojamientos en edificios segregados: «Defendemos que haya incompatibilidad entre vivienda y VUT; la VUT es un establecimiento de hospedaje y la gente lo que está diciendo es que no quiere tener hoteles en sus edificios», zanja el delegado de la FRAVM.

Al otro lado del teléfono, Víctor Rey no da crédito a las propuestas de la patronal de pisos turísticos. «¿Nos estamos volviendo locos o qué? ¿Tiene que ser el vecino el que tiene tomar iniciativas porque le están molestando?», cuestiona el presidente de la asociación vecinal Sol-Las Letras. Rey asegura que están cansados de escuchar las mismas propuestas, que «las quejas de los vecinos son constantes, cotidianas y reiterativas». Tampoco le tranquiliza el informe, «un estudio que se ha hecho con 3.500 pisos, cuando hay 25.000 en Madrid». No hay medias tintas: «Tienen que asumir que su situación es completamente ilegal. Un edificio que está catalogado como residencial no puede ser un hotel», concluye.

Es una guerra de propuestas y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del ayuntamiento, Borja Carabante, parece haber asumido que la nueva normativa ―su aprobación inicial está prevista para finales de abril― no contentará a nadie. Este viernes, en el pleno de Cibeles, Carabante aseguró que «el principal problema de Madrid» es ese plan de Carmena «que se ha demostrado ineficaz». Lo único que avanzó es que endurecerán el régimen sancionador. El resto de la fórmula municipal, de momento, es un secreto.