La solución de Almeida a la vivienda: rescatar edificios en ruinas y desalojar okupas en 24 horas

«Madrid va a ser la primera ciudad de Europa en construcción de vivienda asequible», ha asegurado Almeida en un acto de precampaña en lo alto del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). El candidato del PP ha desgranado la lista de desbloqueos urbanísticos, los desarrollos del sureste, el macroproyecto de Madrid Nuevo Norte y la operación Campamento, que levantarán decenas de miles de viviendas en la próxima década. Pero al margen de estas actuaciones a largo plazo, Almeida ha prometido levantar 2.500 viviendas al año en el siguiente mandato y destinar el 50% a los jóvenes. Parte del parque procederá de inmuebles en ruinas, sobre todo, del centro de Madrid, que el PP plantea rehabilitar y convertir en vivienda pública.

Los 12.000 pisos se sumarían a los 4.000 erigidos por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) desde 2019. Para ello, el PP apuesta por emplear «fórmulas de colaboración público privada», como la cesión del derecho de superficie. De los 12.000, 500 construidos sobre parcelas dotacionales se destinarán a 'cohousing' y 'coliving'. Respecto al alquiler, Almeida baraja la compra de 247 viviendas de segunda mano del mercado privado para dedicarlas a políticas públicas. Y un 10% del total de viviendas municipales se reservarán a los colectivos más vulnerables.

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Los incentivos fiscales, sello de los populares, acompañarán al ladrillo. Almeida propone reducir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al mínimo legal, el 0,4% -una medida atascada desde que Vox se negara a negociar los presupuestos- y una rebaja del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) del 4% al 3%. El regidor plantea además la «exención total» del IBI a los propietarios cuyas viviendas han sido okupadas. Y todo un paquete de medidas antiokupación: «El Ayuntamiento de Madrid va a ser el mascarón de proa contra la okupación ilegal», ha aseverado. Aunque sus propuestas necesitan una serie de reformas normativas que dependen del Gobierno de España.

El desalojo de okupas suele ser un proceso que se atasca entre largos trámites administrativos y judiciales. Tanto el PP como Vox han querido abanderar la erradicación de esta práctica; el pasado noviembre apoyaron una ley antiokupa en el Congreso de los Diputados, pero los votos en contra del PSOE, Unidas Podemos y sus socios la tumbaron. Hace unas semanas, un vídeo del candidato de Vox en Madrid, Javier Ortega Smith, incendió las redes. El concejal se encaró con varios okupas de un edificio de Carabanchel. Más de un millón de visualizaciones. Aunque sin paseos desafiantes, Almeida también quiere transmitir un «mensaje terminante» contra la okupación: «Ya no es solo un problema de agresión a la propiedad privada, es un problema vecinal. Uno no tiene que aguantar comportamientos incívicos e indecorosos».

Así que el alcalde plantea que las expulsiones se efectúen en 24 horas e impedir que los okupas puedan empadronarse en la ciudad de Madrid. «Le vamos a pedir al Gobierno que haga las modificaciones legales oportunas», ha dicho; en materia procesal, de vivienda y en la ley estatal de Haciendas Locales que regula los impuestos municipales como el IBI. Al hilo de las reformulaciones normativas, Almeida espera descongelar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997 -otra medida bloqueada por Vox- después de las urnas, en el primer pleno del nuevo mandato.

El candidato del PP ha aprovechado este viernes para hacer balance de los últimos cuatro años al mando en el Palacio de Cibeles. La EMVS es la mayor promotora de vivienda pública y, cada día, el Ayuntamiento de Madrid entrega las llaves a dos familias. «Vamos a llevar a cabo un ejercicio continuista, lo que nosotros siempre dijimos, que ante un aumento de la demanda se había congelado la oferta, y por eso hemos desbloqueado la mayor bolsa de viviendas», ha destacado Almeida. A finales de este año, el consistorio entregará sus promociones en El Cañaveral, y ya está recepcionando parcelas en otros nuevos barrios del sureste aún en construcción, como Los Cerros.

La puntilla del plan de vivienda del PP es la oposición frontal al Gobierno de Pedro Sánchez. La reforma de la ley de vivienda, paralizada en el Congreso de los Diputados desde hace más de un año, «va en la dirección contraria», ha lanzado Almeida. Ni Madrid declarada zona tensionada, ni topes al alquiler siguiendo el modelo de Barcelona: «No vamos a aplicar en el ámbito de las competencias municipales las atribuciones que nos concede la ley de la vivienda. Y no lo hacemos por motivos ideológicos: somos liberales».