Sánchez apela a ocho dictámenes del Consejo de Estado para dar portazo a la Comisión Begoña

La sexta sesión de trabajo de la comisión de investigación sobre los supuestos tratos de favor de la Universidad Complutense a Begoña Gómez se reúne hoy, aunque solo habrá ya dos de las tres comparecencias incluidas en el orden del día. Primero acudirá el vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, y después Cristina Álvarez, asesora de Presidencia del Gobierno. A continuación sería el turno de Sánchez, a quien los grupos parlamentarios no han sustituido por nadie tras confirmar su ausencia. Su silla quedará vacía y la presidenta de la comisión, Mercedes Zarzalejo, suspenderá la sesión.

En teoría iba a ser la última sesión de trabajo de la comisión, pero ahora su labor se paraliza a la espera de que el Consejo de Estado emita el dictamen que le han solicitado PP y Vox sobre la obligatoriedad o no de la comparecencia de Sánchez. El máximo órgano consultivo tiene quince días para enviar su informe. La comisión esperará a conocer su contenido para decidir cuál será su siguiente paso. En el caso de que se concluyera que Sánchez sí tiene obligación de acudir a la Asamblea, se le enviaría otro requerimiento, en ese caso con advertencias incluidas sobre las consecuencias que tendría no presentarse.

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El portazo de Sánchez al Parlamento madrileño está en consonancia con la salida del Grupo Socialista de la comisión de investigación, una decisión que se tomó de la mano de la dirección del partido que encabeza Óscar López, tras la citación del presidente del Gobierno. El PSOE siguió así a Más Madrid, que fue el primero en levantarse y dejar plantados a los diputados del PP y de Vox en esta investigación parlamentaria.

Los socialistas no tienen intención de volver a la comisión, ni siquiera en el debate de las conclusiones, que estaba previsto para marzo. Los trabajos quedan en manos exclusivamente del Grupo Popular y de Vox, que consideran clave el papel de Sánchez y su influencia para la concesión de la cátedra extraordinaria a su mujer. «La cátedra no fue extraordinaria, sino arbitraria y se gestó en la mesa del presidente del Gobierno», sentencian los populares. Desde Vox consideran, a su vez, que Sánchez «es el número uno de la trama», y como tal debe comparecer. Fue este partido el que pidió el informe al Consejo de Estado y el PP se unió a la solicitud, pero pocos creen que el dictamen vaya a ser favorable a sus intenciones.

En el escrito remitido desde La Moncloa al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, se citan hasta ocho dictámenes previos del Consejo de Estado que fijan como doctrina que «los Parlamentos autonómicos no tienen potestad para requerir la comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes, actuales o pretéritos del Estado». En concreto, se cita el de 2016, con Mariano Rajoy en la Presidencia del Gobierno, donde se subraya que el poder fiscalizador y de control de las comisiones de investigación de las cámaras autonómicas al requerir la presencia de determinadas autoridades y funcionarios no puede considerarse «ilimitado, sino que habrá de ajustarse al ámbito propio de actuación de las instituciones autonómicas».

En el dictamen de 2017, el Consejo de Estado señala que «no cabe» que las comisiones parlamentarias autonómicas «sean creadas o utilizadas para ejercer, con ocasión de la investigación de hechos o circunstancias incardinados o relacionados con el ámbito competencial autonómico, un control directo o indirecto de las instituciones del Estado». Con ese informe se rechazó la comparecencia del presidente del Gobierno en una comisión de investigación en el Parlamento catalán sobre la Operación Cataluña.