Los 12 recursos judiciales de Ayuso para derogar puntos clave del sanchismo

Ayuso se ha adelantado a los planes del PP nacional, con Feijóo a la cabeza, que ha prometido derogar la ley de Vivienda si llega a La Moncloa. La presidenta madrileña, con los instrumentos legales que tiene a su alcance, ha buscado su propia vía para 'derogar' el sanchismo en distintos frentes, incluido el educativo y el fiscal.

Desde la Comunidad de Madrid se justifica esa batalla judicial contra el sanchismo porque «las leyes aprobadas por el Gobierno han ido en la línea contraria al sistema de éxito que viene funcionando en la Comunidad de Madrid, basado en la libertad». Estas fuentes próximas a Ayuso comentan que «son leyes chapuceras, mal hechas, que avasallan las competencias autonómicas».

El equipo de Ayuso defiende que las leyes del sanchismo recurridas «perjudican especialmente a la región, porque el modelo es opuesto al que viene funcionando en Madrid con excelentes resultados». Por eso, argumentan desde Sol, el Gobierno regional «ha defendido los intereses de los madrileños acudiendo a los tribunales en todas y cada una de esas ocasiones». «Este gobierno no ha hablado con las comunidades, no ha dialogado con los sectores afectados, ha legislado de manera unilateral, arbitraria y autoritaria: cerró Madrid con un informe de un comité de expertos inexistente y mediante un estado de alarma que fue declarado inconstitucional», denuncian en la Comunidad.

En la oposición madrileña, el PSOE critica la 'batalla judicial' de Ayuso. «Más que un Gobierno parece un bufete de abogados que siempre defiende a los mismos», lamenta Juan Lobato.

La batalla de Ayuso contra Sánchez empezó, realmente, en el primer año de la pandemia, cuando desde el Gobierno se tomaron medidas que la Comunidad de Madrid consideró arbitrarias y contrarias a los intereses de los ciudadanos de esta región.

Pandemia. Cierre de Madrid

La Comunidad de Madrid puso en marcha tres procedimientos judiciales contra órdenes del Ministerio de Sanidad. En octubre de 2020, inició un procedimiento ordinario en la Audiencia Nacional contra la orden que cerraba Madrid en el puente del Pilar. En marzo de 2021 abrió un procedimiento similar contra el cierre impuesto en Semana Santa, en el marco del estado de alarma. En ambos casos la situación procesal quedó pendiente de fallo. Un tercer procedimiento, contra las restricciones a la hostelería, sí tuvo consecuencias, ya que se estimó la cautelarísima solicitada y se obligó al Ministerio de Sanidad a revocar la resolución impugnada.

El Gobierno de Ayuso presume de que gracias a sus recursos «todos los españoles supieron que no existía el comité de expertos de Sánchez y estaban engañando a todo el mundo».

Entregas a cuenta. Una diferencia de 53 millones de euros

La Comunidad abrió un procedimiento por las entregas a cuenta de los Presupuestos de 2019, al existir, según denunció, una diferencia de 53 millones de euros entre la cantidad prevista y la finalmente abonada. El 12 de julio de 2022 se dictó sentencia por la que se declaró la inadmisión del recurso al considerar la Audiencia Nacional que la comunicación recurrida no sería un acto administrativo impugnable. La Comunidad preparó un recurso de casación, que fue admitido. Ahora mismo esté pendiente de señalamiento de votación y fallo para que el Tribunal Supremo dicte sentencia.

Financiación autonómica. El abono del IVA

El conflicto surgió por la liquidación de los recursos del sistema de financiación autonómica, en relación con las cantidades correspondientes al IVA de 2017. Como consecuencia de un ajuste legal en la mecánica del impuesto, a la Comunidad de Madrid se le abonaron únicamente el importe de 11 mensualidades del impuesto, y se dejó la última desplazada al ejercicio siguiente, en el cual no se compensó el daño. El procedimiento concluyó después de que el 31 de marzo de 2022 se abonaran 425 millones de euros a la Comunidad de Madrid.

Universidad. Conflicto por los precios

La Comunidad interpuso un recurso contra el acuerdo de 27 de mayo de 2020, de la Conferencia General de Política Universitaria, para la fijación de los precios públicos correspondientes a los servicios universitarios, ya que la Comunidad de Madrid no está de acuerdo con los importes fijados, al entender que no responden a la realidad de esta Administración y no respetan la correlación mínima necesaria entre el coste del servicio y el precio. El procedimiento se encuentra aún en fase de conclusiones. La Comunidad de Madrid ya ha presentado su escrito.

Fondos Covid. Reparto 'arbitrario' a favor de otras regiones

La Comunidad impugnó el Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones, para el ejercicio 2021, destinadas a la financiación del desarrollo de actuaciones de la inversión 'Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad', en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata de una discrepancia sobre el reparto de los fondos Covid, en relación con ciertas cantidades que habrían sido repartidas de un modo «aparentemente arbitrario en favor de ciertas comunidades autónomas».

En el procedimiento, en el Tribunal Supremo, se suspendió el fallo y se emplazó a las comunidades beneficiarias de las subvenciones cuestionadas, que serían: Extremadura, País Vasco, Navarra y Comunidad Valenciana. Estas comunidades se personaron para oponerse a la demanda presentada por la Comunidad de Madrid.

Educación. El currículo de Bachillerato

Ayuso presentó ante el Tribunal Supremo un recurso contra el currículo de Bachillerato, al considerar que conculca ocho derechos constitucionales. La Comunidad cuestiona la extralimitación del Estado como legislador básico, «al no dejar margen de desarrollo de la materia», y denuncia la vulneración de los principios constitucionales y educativos esenciales en la definición del contenido de las materias educativas. El recurso se desestimó al entender que no ha demostrado la invasión de las competencias, especialmente por el hecho de que la Administración autonómica ha dictado el Decreto 64/2022 que desarrolla la norma estatal. El Estado recurrió a su vez ese decreto. Está pendiente de resolución.

Guerra judicial. Currículo ESO

El Gobierno de Sánchez mantuvo la batalla judicial con la Comunidad de Madrid y recurrió también el Decreto autonómico por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. El Estado pidió la suspensión cautelar y ahora mismo está pendiente de resolución en el Tribunal Superior.

En el Ejecutivo de Ayuso presumen de que han podido evitar «gran parte de los perjuicios de la Ley Celaá, protegiendo la libertad de las familias para elegir tipo de educación y la educación concertada que eligen más de 300.000 familias en Madrid».

Fondos europeos. Autonomía en gestión

Ayuso recurrió la resolución de la Secretaría General de Fondos Europeos, donde se establecen las instrucciones para su reparto. La Comunidad sostiene que infringen la potestad de auto organización autonómica. También cuestiona su naturaleza jurídica, pues su contenido desborda el ámbito de la instrucción, por lo que no habrían sido aprobadas por el órgano competente.

Ahorro energético. 'No' al apagado de escaparates

La Comunidad de Madrid recurrió ante el Constitucional el decreto ley de ahorro energético. Considera inconstitucional la limitación de la temperatura máxima de calefacción y mínima de refrigeración de los edificios públicos, por exceder de las bases estatales en la materia, la instalación de sistemas de cierre de puertas para la ventilación de los edificios y locales públicos, por contravenir la competencia autonómica en materia de sanidad e higiene, el apagado obligatorio de escaparates y edificios públicos, por invadir las competencias autonómicas en materia de comercio interior, promoción turística y vigilancia y protección de edificios. Aprovecha para denunciar el abuso de 'decretazos'.

Impuestos. Grandes fortunas

Ayuso también llevó ante el TC el impuesto a las grandes fortunas y solicitó su suspensión cautelar al considerar que «invade las competencias autonómicas en materia fiscal, genera inseguridad jurídica y vulnera la lealtad institucional». En Sol sostienen que el recurso protege en los tribunales «de un impuesto contra Madrid, el de Patrimonio, que va contra la economía y la prosperidad de los madrileños».

Vivienda. «Extralimitación»

El Consejo de Gobierno aprobó el miércoles pasado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Vivienda, al considerar que hay una «extralimitación» por parte del Estado en una competencia que considera «exclusiva» de la Comunidad de Madrid. El recurso, anunciado a pocos días de las elecciones, aún no se ha presentado.