Un recurso de Más Madrid frena la tramitación de la Ley Ómnibus tras el pacto de PP y Vox para aprobarla

Las enmiendas introducidas por Vox en la norma son de calado ideológico: principalmente, haber conseguido eliminar el requisito del informe de impacto de género en los trámites urbanísticos. «No aporta nada, al tratarse de una materia neutra en este aspecto», aseguraron desde el Gobierno regional para justificar el cambio. Pero la necesidad de estos informes está recogida en las leyes de Identidad Sexual y contra la LGTBIfobia de Madrid. Y también en una norma estatal. Más Madrid utilizó este argumento para oponerse a la medida, que supone, a juicio de Tania Sánchez, diputada de esta formación, «recortar derechos de las personas LGTBI».

En base a esto, solicitó que se suspendiera la reunión de la Comisión de Presidencia, prevista para la tarde de ayer, en la que se iba a aprobar el dictamen de la ley, previo a enviarla al pleno –a mediados de noviembre– para su aprobación. Lo consiguió: ahora, será la Mesa de la Asamblea la que tenga que decidir –y aún no hay fecha para ello– si se aceptan las enmiendas y se continúa la tramitación, o si se rechazan. La base del recurso de Más Madrid es una cuestión de procedimiento: que dichas enmiendas se modificaron a última hora, 'in voce' y no por escrito, y sin que hubiera acuerdo de todos los grupos, lo que invalida su tramitación.

Pese a ser este del impacto de género el punto que más polémica está desatando en la Ley Ómnibus, ésta se ha modificado en otros asuntos para alcanzar el acuerdo con Vox. No hay que olvidar que este pacto llega cuando ambos grupos negocian también los presupuestos regionales para 2023, que necesitan sumar los votos de Vox. De hecho, respecto al texto inicial, se han admitido 80 enmiendas: 56 de Vox, 13 del PP, 5 de Unidas Podemos, 4 de Más Madrid y 2 del PSOE.

La norma crea la agencia de compra centralizada en Sanidad, una nueva categoría de especialista en cuidados paliativos –uno de los 'guiños' a Vox, este contra la ley estatal de eutanasia–, facilitará la homologación de médicos de otros países, mejora la tramitación de la renta madrileña de integración, modifica la ley de suelo y la hace más flexible y con menos trabas a la actuación de los agentes urbanísticos, y moderniza la administración autonómica adelgazando trámites y eliminando los que se consideraban innecesarios, explicó el vicepresidente regional, Enrique Ossorio.

Por su parte, Rocío Monasterio destacó que el peso de Vox se ha dejado sentir en aspectos que son parte de la «batalla cultural» contra la izquierda que quiere dar Vox, según manifestó su portavoz.

Entre ellas, la primera es lo relativo a las leyes de género de Madrid, cuya eliminación volvió a pedir, Monasterio: «Nos encantaría derogarlas, e invitamos a Díaz Ayuso a que lo haga, ya que está tan preocupada por la ley trans que quiere aprobar el Gobierno central». Estas normas, recordó Ossorio, «fueron puestas en marchas y desarrolladas desde una óptica razonable, de defensa de derechos de ese colectivo y evitar la violencia en su contra, y el texto de las mismas es manifiestamente mejorable, pero compartimos sus objetivos».

Vox también destacó otros aspectos de la norma Ómnibus: que reduce burocracia y tramitación administrativa; la enmienda que acaba con «la legislación que permitía que se legalizara la okupación en pisos del IVIMA por la puerta de atrás»; y que tras los cambios auspiciados por Vox, también ha tumbado la modificación prevista en la Cámara de Cuentas: «Hemos conseguido dejar fuera de la Ley Ómnibus los órganos de control y fiscalización, como la Cámara de Cuentas».

En este sentido, los cambios propuestos por el PP planteaban que los consejeros de este órgano se eligieran por mayoría simple en segunda votación, mientras que ahora necesitan de una mayoría amplia de la Asamblea. Ossorio justificó que la ley de la Cámara de Cuentas fue elaborada por Unidas Podemos y aprobada por el parlamento madrileño en tiempos de la presidenta Cristina Cifuentes –cuando el PP no contaba con una mayoría fuerte– y era de aplicación complicada: «Era difícil de llevar a la práctica, por eso planteamos su modificación». Monasterio insistió en que «hemos exigido sacar este órgano de la Ómnibus porque no estamos dispuestos a rebajar la capacidad de control y fiscalización de este órgano: si el Gobierno controla a los que le tienen que controlar, se acabó la independencia», concluyó.

Entre los puntos que se han introducido en la Ley Ómnibus también a petición de Vox, están la creación de una categoría de especialista médico en cuidados paliativos, «para hacer frente a la Ley de Eutanasia aprobada por el Gobierno central», como dijo Rocío Monasterio; incluir un decreto para la reducción a la mitad de los tiempos en atención temprana; permitir las centrales de biomasa en entornos rurales, para tratar los residuos; permitir la caza en vías pecuarias, y el control de plagas como las de conejos; y que se mantenga la publicación de información sobre los cargos para «evitar casos de enriquecimiento». Según defendió el vicepresidente Ossorio, «el texto del Gobierno era muy bueno, pero en la Asamblea se proponen cuestiones que lo mejoran y enriquecen».