Rebelión vecinal en Villa de Vallecas por el cuento okupa de nunca acabar

El aspecto de la mancomunidad de la calle vallecana dista un poco a cómo lucía en mayo, cuando los vecinos denunciaron por primera vez a ABC el calvario que sufrían. Sin embargo, algún tímido cartel de «Okupas fuera» o «Sareb, soluciones ¡ya!» aún permanece en las ventanas y balcones de estas viviendas. La retirada de estas pancartas fue una condición que Sareb –la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria que nació en 2012– propuso en un encuentro mantenido el 20 de mayo con los vecinos. «Se pusieron en contacto nosotros y nos dijeron que querían reunirse», explica Pilar, presidenta de la comunidad de vecinos.

Los residentes de este edificio fueron preparados a este encuentro, al que asistió «el 90% de la cúpula» del 'banco malo'. Documentos, denuncias, pruebas de amenazas y un listado de cada uno de los okupas que residen ilegalmente en dicha urbanización. «Nos prometieron que no se iban a quedar ni los conflictivos ni los no vulnerables y que iban a acelerar el proceso lo máximo posible», apunta Pilar.

Y así fue, se programó un lanzamiento para el 10 de julio. Sin embargo, no constaban en la lista los nombres de los okupas que llevan haciendo la vida imposible a estos vecinos durante años. «Estábamos contentos. Nos habían dicho que era de alto riesgo y que habría antidisturbios. Llegamos a plantearnos contratar seguridad para asegurarnos de que por la noche no volvieran a intentar entrar», relata Mari Ángeles.

Días antes de la esperada fecha en la que estaba programado dicho desalojo, esta sociedad paralizó la actuación. Según asegura Sareb a este periódico, estos activos forman parte de un proceso judicial largo. La empresa pública no consiguió inscribir estas viviendas en el registro hasta el pasado mes de febrero, por lo que no se ha podido considerar su propietario hasta ese momento. Una vez se llevó a cabo esta inscripción, el conocido como 'banco malo' denunció ante el juzgado la okupación, iniciándose así un procedimiento para comprobar la vulnerabilidad de los residentes de los pisos usurpados.

Durante este proceso, se han encontrado casos de todo tipo. Siete familias vulnerables que ahí residen, que han colaborado con Sareb y además no son conflictivas, se les ha aprobado el alquiler social. La entidad mantendrá reuniones por cada caso para resolver la situación. Desconocen si serán trasladados a otro edificio o mantendrán el piso en la calle de El Yesero, determinan fuentes de esta empresa pública.

Otros han ido dejando las viviendas voluntariamente a lo largo de los últimos días. Sin embargo, los residentes de diez de estos pisos okupados no colaboraron. Ni siquiera abrieron la puerta a los trabajadores que ahí se presentaron. Por ello, tuvieron que aplazar «de forma temporal» este desahucio judicial y seguirán trabajando para confirmar el estado de estas personas. «Nuestros procedimientos son muy garantistas y tenemos que seguir con ello. Si no fuéramos escrupulosos y llega la comitiva judicial e identifica una situación de vulnerabilidad, no habría desalojo», explican.

Mientras esta entidad busca una solución, los vecinos continuarán, como en un cuento de nunca acabar, con este relato interminable. Seguirán sufriendo las amenazas, los ruidos de madrugada y la inseguridad de que lleven a cabo obras sin ninguna precaución. Entre ellas, la transformación de un piso de un dormitorio a uno de dos y el cambio de calefacción de gas a una eléctrica. «Todo esto sin ningún tipo de control», señala Carmen, vecina de 61 años del número 16, el portal en el que más número de okupas residen, y puerta con puerta con los más conflictivos.

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«Me están echando de mi propia casa. Me encuentro mal física y psicológicamente. Llevo de baja desde el 7 de junio. Estoy bajo tratamiento, no cojo peso y voy a urgencias cada dos por tres», lamenta esta afectada que ha pasado noches en vela, dando igual que sea un martes que un viernes, por la música y los gritos.

Este sería tan solo un ejemplo de tantos que los residentes de esta urbanización han enumerado a ABC. «Me han echado carne podrida en el felpudo y han puesto silicona en las puertas de los garajes. La gente está ya muy quemada», apunta la presidenta de la comunidad, que lidera una urbanización cuyos propietarios e inquilinos no están dispuestos a dejar de luchar porque molestos vecinos se marchen.

Entre los tres números que conforman esta urbanización, hay un total de 126 viviendas. De ellas, 18 han sido ocupadas ilegalmente, según apuntaban a ABC el pasado mes de mayo varios residentes.

La historia se remonta a antes de la pandemia, cuando la empresa propietaria quebró y los pisos pasaron a ser activos de la Sareb. Al darse cuenta de esta situación, un okupa decidió montar una inmobiliaria fantasma, abriendo las viviendas a personas por un precio fijo y cobrándoles una suma mensual.

Tras varias fiestas , algún allanamiento nocturno y la estampida de nuevos residentes en su edificio, los vecinos comenzaron a sospechar y a preocuparse. Sin embargo, no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que la Policía acudió a la urbanización tras una llamada de alerta: hubo un intento de forzar la puerta de un coche, aparcado en el garaje de la urbanización, que pertenecía a un vecino fallecido recientemente. «El Canario les dijo [a los agentes] que se dedicaba a alquilar apartamentos y ahí nosotros caímos», reconocía en mayo Mari Ángeles.