Los rehenes del Metro, hartos de la huelga

Juan Mª Ramírez . Juan toma todos los días la línea 6, la de mayor uso, en Avenida de América, una de las estaciones más afectadas por los paros. Entiende los motivos de los huelguistas, pero cree que se deberían respetar los servicios mínimos. Se siente perjudicado: «Todo lo que suponga una mejora está bien; pero, como pasajero, ha sido una locura. Madrid se convirtió en un infierno y la alternativa era el autobús, cuyos trayectos se han retrasado demasiado», afirma. Como a todos, la huelga retrasó su entrada al trabajo.

María del Rosario Vega. «Este paro no me ha afectado de lleno, pero, a mi marido y mi hija, la huelga les hizo llegar tarde al trabajo», cuenta María Rosario. Se confiesa indignada con el corte del servicio durante dos días. «Igual que han rebajado el sueldo a mucha gente y a otros se lo han congelado, pienso que en esta crisis todos tendríamos que ser solidarios y que unos trabajadores no perjudiquen a otros», arguye, y afirma que, aunque todos tenemos derecho a huelga, deben respetarse los servicios mínimos.

Juan Ávila. Como trabajador público, este usuario de Metro dice que apoya a los empleados del suburbano: «Entiendo los motivos de los trabajadores para conseguir sus derechos; el único modo que tienen para hacerlos cumplir es la huelga». «Hay unos servicios mínimos tan abusivos, que si quieren conseguir algo tienen que romper con ellos», expone Juan, que recuerda que en nuestro país sólo hay cuatro ciudades con Metro, mientras que el resto funcionan con otros transportes que también tiene Madrid.

Domingo López. Domingo opina que los trabajadores de Metro están en su derecho de manifestarse en contra de la reducción de sueldos, pero exige que se cumplan los servicios mínimos para no dejar a los madrileños sin transporte subterráneo. «Tal vez no sea necesaria una nueva ley de huelga. Lo que se necesita es que se cumpla la vigente y que se realicen los servicios mínimos que ésta impone», entiende este usuario, que emplaza a la Comunidad de Madrid a que actúe e imponga sanciones a los que han hecho esta huelga «salvaje».

Francisco Martín . Francisco es uno de los dos millones de afectados por este paro masivo. «Creo que la ley hay que cumplirla e, igual que los trabajadores tienen derecho a huelga, los usuarios tienen derecho a recibir unos servicios mínimos», explica. Respecto a la reforma de la ley de huelga, este ciudadano lo que tiene claro es que hay que proteger al usuario, ya que «no hay derecho al cierre total». Para Francisco, estos servicios son esenciales para poder moverse y cree que no es lógico cerrar el Metro por completo.

Elena. El pasado miércoles, Elena tuvo que salir a las cinco de la mañana de su casa para poder llegar a su lugar de trabajo, en el centro de Madrid. Desde Alcalá de Henares, el trayecto en autobús se hizo toda una odisea para esta mujer, que confiesa que durante la huelga ni siquiera pudo dormir pensando en cómo iba a ir a trabajar al día siguiente. «Esta huelga la hemos pagado los trabajadores de a pie, que nos hemos retrasado y perdimos nuestro tiempo en desplazamientos», se desahoga.

Alfonso Tezanos. Extorsión, abuso, indignación. Son las palabras con las que empresarios y consumidores definen lo que ha ocurrido con la huelga de Metro. Alfonso Tezanos, presidente de la Federación de Empresarios de Madrid, advierte de que las empresas madrileñas pierden 108 millones de euros por cada día de paro, además de 12 millones de horas de trabajo de sus empleados. «La economía está resentida y encima nos encontramos con este abuso, porque hacer lo que hicieron los sindicatos es ilegal. Nos han extorsionado a todos los madrileños», afirma Tezanos.

Hilario Alfaro. La huelga también terminó con la buena racha de las rebajas. Desde que se iniciaron, los comerciantes habían notado un nivel de ventas similar al registrado en 2009, pero la imposibilidad de los madrileños de trasladarse trajo un bajón en la facturación. «Para el comercio de la ciudad, que está seriamente afectado por la crisis y la subida del IVA, una disminución de clientes ahora puede provocar situaciones límite en muchos establecimientos», advierte Hilario Alfaro, presidente de la Confederación de Comercios de Madrid (Cocem).

Santos Campano. El terror de los madrileños de no llegar a tiempo a sus trabajos durante la huelga tenía nombre propio: despido. Temían pasar a formar parte de la cola del paro por retrasarse. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Salvador Santos Campano, hace un llamamiento. Para él, la huelga de Metro solo ayuda a reducir la productividad de las empresas poniéndolas al borde del cierre y, por tanto, a generar más paro: «Para muchas pymes y grandes compañías, cualquier alteración como ésta las pone más cerca del cierre», afirma.

OCU . Sanciones, medidas disciplinarias severas, que caiga la ley sobre quienes impidieron el transporte a millones de viajeros. Es lo que piden los consumidores que quieren pasar de las palabras a los hechos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pidió a la Consejería de Transportes que tome las acciones disciplinarias contra los convocantes de la huelga de Metro y que la Comunidad de Madrid use todas las vías legales que estén a su disposición para exigir que se cumplan los servicios mínimos. «Es urgente que el Gobierno acometa, de una vez por todas, la aprobación de una ley que regule el derecho a la huelga, que estipule los eventuales límites en caso de colisión con los derechos de los usuarios», propuso la OCU, a través de un comunicado.

Facua . La Asociación de Consumidores en Acción (Facua), a través de un comunicado, invita a modular la protesta de los empleados de la compañía Metro, que ha durado del lunes al viernes pasados: «Facua Madrid, si bien respeta la libre decisión de los trabajadores de declararse en huelga contra los recortes salariales, no puede aceptar que ésta se realice sin garantizar unos servicios mínimos, que están establecidos, en la circulación de trenes». Además, Facua entiende que estos servicios mínimos deben ser equilibrados y proporcionados, tanto para que los trabajadores ejerzan su derecho constitucional a ir a la huelga como para que los usuarios puedan disponer de un servicio de transporte como el suburbano, tan esencial, sobre todo, en una ciudad como Madrid.