El PP desatasca las normas urbanísticas medio año después del 'no' de Vox

La actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997 es un paso intermedio para revisar al completo la normativa urbanística de Madrid, uno de los compromisos de José Luis Martínez-Almeida para los próximos cuatro años. Incluye conceptos modernos como el 'coliving' y el 'cohousing', regula las cocinas fantasma y premia los elementos sostenibles en la edificación, entre otras cosas. Esta modificación ha superado el último trámite necesario antes de recibir el visto bueno en el pleno del Palacio de Cibeles; esa luz verde definitiva se producirá el lunes, en una sesión extraordinaria y exclusiva para el expediente. Un escollo insalvable que, hace medio año, el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos no era capaz de sortear por el cambio de postura de Vox, que en la comisión de este miércoles, para sorpresa del PP, ha decidido abstenerse.

«Vox siempre ha estado a favor de avanzar en el PGOU. Madrid tiene que adaptarse a las nuevas realidades, pero se llevó a cabo con poca transparencia en el último momento y con las prisas de intentar aprobarlo antes de las elecciones», ha dicho en la sesión el concejal de Vox Ignacio Ansaldo. El grupo municipal, que votó a favor del expediente en su aprobación inicial, el 6 de junio de 2022, se enrocó en la negativa a finales del año pasado, cuando cerró la puerta a cualquier negociación con el anterior Gobierno bicéfalo. «Estas normas están cargadas de ideología de género, absurda de por sí, y más para el urbanismo, también de la Agenda 2030 y sus normas globalistas», ha criticado el edil. Su apoyo ahora es prescindible.

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El PP, que ganó 28 concejales en las urnas del 28M, una cifra inalcanzable desde los tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón, ha descongelado unas normas que atraerán 255 millones de euros y 4.381 empleos, según los datos que maneja CEIM, la patronal empresarial de Madrid. Y lo ha hecho sin tocar una sola coma del texto original, lo que obligaría a empezar de cero un largo proceso burocrático y comprometería los planes de algunas promotoras, que idearon sus proyectos de acuerdo a la nueva normativa en tramitación. Sobre todo, en los desarrollos del sureste, los futuros barrios de Los Berrocales, Los Ahijones, Los Cerros y Valdecarros.

Para los socialistas, sin embargo, es «un claro abuso de la mayoría absoluta», ha dicho el edil del PSOE Pedro Barrero. «Imponen un modelo urbanístico que carece de ambición y favorece a los especuladores y a los promotores privados», ha añadido. El concejal de Más Madrid Álvaro Fernández ha señalado que es «una oportunidad desaprovechada» para atajar el problema de la vivienda en la ciudad. «Lejos de evitar la fuga de usos residenciales, van a promover más cambios a usos terciarios, como pueden ser hoteles», ha destacado el concejal.

Aunque la principal preocupación de la oposición son las cocinas fantasma. El expediente limita estos negocios de restaurantes virtuales en las zonas residenciales a un máximo de 350 metros cuadrados de superficie y ocho fogones, y deben resguardar en su interior el espacio para carga y descarga. La proliferación de estos locales durante la pandemia obligó al ayuntamiento a paralizar la concesión de licencias, una moratoria que caduca el 16 de agosto. Una vez el pleno apruebe las normas urbanísticas, será el turno de la Comunidad de Madrid de ratificar el expediente, lo que puede alargarse hasta cuatro meses. «El limbo jurídico hasta su aprobación definitiva no va a evitar las series afecciones de las cocinas fantasma», ha remarcado Barrero (PSOE).

Esta supuesta carta blanca a las cocinas fantasma dependerá de los tiempos del Gobierno autonómico, pero el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, confía en que «no agote ese plazo»: «No esperamos que haya ningún vacío legal». El área dispone además de tres meses para conceder una licencia, de forma que los permisos podrían retenerse, como fecha límite, hasta el 16 de octubre. «Las cocinas agrupadas se regulan de una manera que permite la actividad económica y que también permite el descanso de los ciudadanos. Es una buena noticia que por fin se hayan aprobado estas normas urbanísticas», ha zanjado Carabante.

La aplicación efectiva de las nuevas reglas tardará, previsiblemente, varias semanas. Esas 1.800 páginas han atravesado un periodo de información pública de cinco meses -mucho más largo de lo habitual por el bloqueo político-, en el que han recibido 207 alegaciones, de las que se incorporó el 20%. Más Madrid, PSOE y Vox se alinean en que olvidan asuntos importantes, pero los tres grupos coinciden con el PP en que es hora de sustituir el Plan General de 1997. Esa ambiciosa tarea recae en Almeida, que ha prometido ponerla en marcha. Ya ha dado el primer paso: crear una dirección general específica con la única misión de reescribir el urbanismo madrileño.