El PP de Ayuso y Vox sitúan la inmigración en el centro del debate y enfrentan sus planes en la Asamblea de Madrid

El Grupo parlamentario Popular de la Asamblea pone en el foco en el Gobierno de Sánchez, al que exigen, entre otras medidas, un mayor control de las fronteras y que garantice «la determinación de edad de los menores extranjeros no acompañados en un plazo máximo de 48 horas». Vox Madrid, por su parte, se centra esta semana en un concepto que consideran clave: el de «prioridad nacional» a la hora de conceder subvenciones y ayudas. Y apunta directamente a la responsabilidad del Gobierno de Ayuso.

La inmigración ilegal es un asunto recurrente de Vox en todos los plenos de la Asamblea de Madrid, aunque prácticamente siempre se queda solo en sus posiciones políticas. Ocurrió la semana pasada, cuando llevó una iniciativa en la que exigía la «remigración» de todos los inmigrantes ilegales, entre otros puntos. Tanto el PP, como el PSOE y Más Madrid votaron en contra.

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Ahora, el Grupo Popular lleva su propia iniciativa, basada en el plan que ya presentó el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, y en la que deja claro que la competencia para frenar la inmigración ilegal es del Gobierno de Sánchez.

Así, en su proposición no de ley, el PP pide al Gobierno de Sánchez recuperar «el control de las fronteras, combatir a las mafias, garantizar retornos efectivos, y asegurar acuerdos con países de origen y tránsito». También emplaza al Ejecutivo a «exigir a la Unión Europea que dote a la frontera sur de Europa de más medios, presencia reforzada de Frontex y una política común de retornos que dé seguridad a los ciudadanos y confianza a quienes llegan de forma regular»

«Que ningún delito quede impune, sea cometido por inmigrantes regulares, irregulares o españoles. La pérdida de residencia será automática cuando un inmigrante incurra en delitos graves y la reincidencia no será compatible con la permanencia en España», defienden los populares.

Otra medida que el PP exige al Gobierno es «garantizar la determinación de edad de los menores extranjeros no acompañados en un plazo máximo de 48 horas, y asumir su atención directa y financiación ante la actual saturación de los recursos de las Comunidades». Defiende, asimismo, «promover, siempre que existan datos que lo permitan, el retorno y la reagrupación familiar de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen con sus padres, familiares o autoridades de protección de sus respectivos países de origen».

Exige, además «dar acceso e informar de manera regular a las Comunidades Autónomas del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, dependiente del Ministerio del Interior, para una mejor coordinación entre las administraciones regionales y los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Por último, quiere instar al Gobierno de Sánchez a «proceder al cierre inmediato de los tres macro campamentos estatales ubicados en la región», en referencia a los centros de Pozuelo, Carabanchel y Alcalá de Henares.

Dentro del plan del PP de Ayuso sobre inmigración, los populares quieren «manifestar su oposición a la reubicación forzosa e impuesta en Madrid de cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España o de cualquier menor extranjero no acompañado». Y piden «seguir trabajando para que la nacionalidad española no sea un mero trámite administrativo, sino la culminación de un proceso de integración lingüística, cultural y económica que refuerce nuestro proyecto común».

En su iniciativa, el partido de Santiago Abascal mira al Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, para que modifique la ley de Subvenciones de la Comunidad de Madrid con el fin de «incorporar el principio de prioridad nacional, garantizando que en el acceso a todas las ayudas públicas concedidas por la Comunidad de Madrid tengan preferencia los españoles».

Vox exige al Gobierno de Ayuso «establecer criterios claros de acceso a las subvenciones en los Planes Estratégicos que otorguen preferencia a los españoles, garantizando que los recursos públicos sufragados con los impuestos de todos se destinen en primer lugar a nuestros compatriotas, sin perjuicio de que los extranjeros que residan legalmente en España y contribuyan efectivamente al sostenimiento de la Comunidad puedan optar a dichas ayudas una vez atendidas las necesidades de los españoles».

También quiere que esos planes «excluyan de cualquier servicio, ayuda o prestación pública a quien carezca de residencia legal en España al objeto de combatir el efecto llamada».

Además, reclama «reforzar los mecanismos de control y transparencia en la concesión de subvenciones, garantizando procedimientos objetivos, públicos y verificables, así como auditorías periódicas que aseguren que cada euro de los madrileños se destina únicamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos, evitando cualquier uso partidista, clientelar».

Vox también pretende que el Gobierno de Sánchez incorpore en la Ley General de Subvenciones estatal las mismas modificaciones y principios establecidos en esa Proposición No de Ley, «asegurando la aplicación del principio de prioridad nacional, así como los criterios de control y transparencia en la concesión de ayudas públicas».