El PP de Ayuso evita el choque con Vox tras su concentración contra el centro de menas en Hortaleza
El portavoz de los populares denuncia la «hipocresía» de la izquierda y la política «fracasada» de Sánchez
La izquierda calienta motores contra Ayuso con la inmigración como principal arma arrojadiza
Madrid
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Iniciar sesiónVox defendió ayer la concentración «pacífica» que se produjo el martes por la tarde junto al Centro de Primera Acogida de Hortaleza, con «vecinos» que protestaban por la inseguridad en sus barrios, según sostuvo la portavoz en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino ... . El acto había sido prohibido por la Delegación del Gobierno, al entender que había un «riesgo elevado de alteración del orden público y la posibilidad de incurrir en un delito de odio». Los dos partidos de la izquierda en el Parlamento madrileño, Más Madrid y PSOE, hicieron responsable a Vox y cargaron contra su «racismo», mientras que el Partido Popular evitó el choque frontal con la formación de Abascal y centró todas sus críticas en la política del Gobierno de Sánchez sobre inmigración irregular.
El delegado del Gobierno, Francisco Martín, advirtió de que no se descartan sanciones para los dirigentes de Vox que acudieron a esa concentración frente al centro de Hortaleza. A la misma hora, la portavoz de Vox en la Asamblea y la diputada nacional Rocío de Meer habían convocado a los medios de comunicación en el mismo lugar para hacer una declaración y exigir el cierre inmediato de todos los centros de menores extranjeros no acompañados (menas).
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Pérez Moñino aseguró que no tiene «miedo» a sanciones por parte del «delegado de Sánchez». «Nosotros fuimos allí a hacer una declaración a medios y que yo sepa, a día de hoy todavía Vox puede alzar la voz contra el Gobierno y decir la verdad, algo que se ha convertido en un delito de odio y en una persecución por parte de los delegados y los lacayos de Pedro Sánchez, pero no vamos a dejar de hacerlo», avisó. La portavoz de Vox criticó al PSOE porque «se dedica a perseguir» a los que se concentraban de forma «pacífica» y al PP por «ponerse de perfil».
La izquierda se lanzó en tromba contra Vox. La portavoz del PSOE, Mar Espinar, acusó a ese partido de «incendiar las calles» con su discurso «racista» y alertó del «fascismo» que, a su juicio, se está blanqueando. En la misma línea, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, pidió que «caiga todo el peso de la ley» sobre quienes acudieron a esa protesta que tachó de «racista e ilegal». «Los pequeños cobardes que vimos concentrarse, además de esparcir y agitar el odio y el racismo, lo hacen saltándose la ley», aseguró.
Quien no quiso criticar a Vox fue el portavoz del PP en el Parlamento madrileño, Carlos Díaz-Pache. Al contrario, defendió su derecho a la concentración y cargó contra la «hipocresía» de la izquierda por querer prohibirla.
«La izquierda ha hecho manifestaciones en todos los puntos de la Comunidad de Madrid sin avisar absolutamente a nadie y no le ha preocupado la normativa o lo que estaban haciendo. Lo hacen constantemente y parece sorprendente esa hipocresía», comentó. También censuró que tachen de «racista» a quien pretende hablar de un problema. Pache optó por poner el foco en el Gobierno de Sánchez en el «fracaso» de su política migratoria. «Condenamos esa fracasada política de inmigración y exigimos al Gobierno que solucione los problemas».
Vía judicial
Más allá del debate político, en el terreno judicial el Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso que interpuso en julio la Comunidad de Madrid contra el decreto estatal de reparto de menores inmigrantes no acompañados por vulnerar competencias autonómicas. Además, el Gobierno regional de Ayuso anunció ayer que había presentado un nuevo recurso ante el Supremo contra el último decreto de reparto de menores. Este último recurso judicial se produce después de los dos anteriores presentados por la Administración autonómica: el primero contra el Real Decreto-ley del 18 de marzo y el segundo, contra el Decreto de desarrollo aprobado en la misma línea en Consejo de Ministros el 22 de julio.
El consejero y portavoz del Gobierno de Ayuso, Miguel Ángel García, denunció que el reparto de menores ha sido pactado «con partidos independentistas» y que, por tanto, beneficia a Cataluña y País Vasco frente al resto de autonomías. Por eso, considera además que «aboca a una desigualdad entre regiones» porque no garantiza la financiación para atender a los menores desplazados.
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