Polémica en el Colegio de Médicos de Madrid: la Justicia investiga la exclusión de Tomás Merina tras su victoria

«Desgraciadamente, se ha abierto el proceso penal contra unos miembros del Colegio de Médicos que están llevando a una situación insostenible la corporación. A pesar de todo, creemos que existen vías de solución para resolver el problema. Mi junta, que no está impugnada, debe tomar posesión lo antes posible. La Consejería de Presidencia, que vela por la legalidad de las corporaciones, debe tomar parte en el asunto y cesar a la Junta que actualmente está gobernando el Colegio», ha expresado el denunciante a través de ICOMEM para todos.

La Comisión de Recursos fue responsable de anular su candidatura semanas después de que Merina ganara las elecciones del pasado 17 de diciembre. La decisión se produjo tras un recurso presentado por el doctor Manuel Martínez-Sellés, presidente en funciones del ICOMEM, derrotado en los comicios, quien alegó que Merina no cumplía los requisitos de legitimidad necesarios para presentarse.

Inicialmente, la Junta Electoral validó la candidatura de Tomás Merina. Sin embargo, el 26 de noviembre, Martínez-Sellés presentó un recurso contra ella. La Comisión de Recursos, órgano independiente legal y estatutariamente previsto, compuesto por cinco médicos encargados de revisar y resolver las controversias que puedan surgir en el ámbito electoral y administrativo del Colegio, no respondió entonces y permitió que el proceso electoral continuara.

El 17 de diciembre, Merina se impuso con claridad en las urnas, obteniendo el 46,9 por ciento de los votos, mientras que Martínez-Sellés quedó en último lugar entre las candidaturas presentadas. El resultado fue el siguiente: 9.530 votos en total, de los que 21 fueron en blanco y 61 nulos. La candidatura de Tomás Merina obtuvo 4475, la de Manuel Martínez-Sellés, 2393, y la de la doctora Esther Rubio, 2580. La Junta Electoral proclamó oficialmente a Merina como ganador, y el propio ICOMEM publicó los resultados.

No fue hasta el 14 de enero, casi un mes después de las elecciones, cuando la Comisión de Recursos resolvió el recurso que había permanecido sin respuesta desde noviembre. En su decisión, el órgano anuló la proclamación de la candidatura de Merina, prevista para el 22 de enero, y bloqueó su toma de posesión como presidente. Esta resolución se adoptó sin que hubiera aparecido ninguna nueva prueba en contra del ganador. Tomás Merina sostiene que la decisión fue arbitraria y responde únicamente al resultado de las elecciones, en las que los médicos madrileños rechazaron la continuidad de Martínez-Sellés.

Según la denuncia interpuesta por Merina, al anular su candidatura, «la Comisión de Recursos tomó una decisión para la que no estaba capacitada, ya que su mandato de cuatro años se encontraba vencido tras los comicios». «Aunque la actuación de la comisión pueda ser impugnada ante la jurisdicción contenciosa, la posible prevaricación que tiene por objeto acabar con una elección democrática debe ser perseguida penalmente», señala la denuncia.

La denuncia también pide que se investigue un posible delito de revelación de secretos después de que la documentación personal aportada por el doctor para defenderse de las acusaciones en su contra haya sido publicada en prensa, vulnerando la confidencialidad con que un órgano del ICOMEM debería haber tratado sus datos personales.

En un primer auto, el juez encargado de la cuestión ordenó incoar diligencias previas por el presunto delito de revelación de secretos contra los cinco miembros de la Comisión. Ahora la justicia deberá determinar si hubo delito de prevaricación en esa actuación.