El 'no' al plan urbanístico de Madrid paraliza la vivienda nueva y 4.300 empleos

Madrid se expande hacia el sureste. Los Berrocales, Los Ahijones, Los Cerros y Valdecarros son los nuevos barrios que prometen solventar la escasez de vivienda asequible. En total, pretenden sumar más de 105.000 viviendas a la oferta capitalina, más de la mitad de ellas protegidas. Algunos de estos terrenos han estado bloqueados durante años y, tras recibir luz verde para su construcción, las promotoras redactaron sus proyectos para pedir los permisos oportunos a principios de 2023 y empezar la comercialización. El proceso, sin embargo, está en pausa. «Aunque no estuviera en vigor la actualización de la normativa, todo promotor ha planteado su proyecto pensando en sus bondades urbanísticas», explica la presidenta de Asprima (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid), Carolina Roca, «hay muchos que se tienen que parar porque antes eran inviables».

En 1997, Madrid era una urbe distinta. «No se tenía en cuenta la movilidad, había muchísimas actividades que ni se planteaban porque no existían», resume Roca. La guía que ordena la ciudad está desfasada. El pasado verano, el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos quiso desenredar este galimatías urbanístico y consiguió en pleno la aprobación inicial para su modificación. Vox, entonces el «socio preferente», el partido que permitió en 2019 que José Luis Martínez-Almeida fuera investido alcalde, votó a favor.

Como la revisión completa del Plan General de Ordenación Urbana de 1997 no se puede acometer en un solo mandato, el Área de Desarrollo Urbano, en manos de Mariano Fuentes (Cs), apostó por la actualización de ciertas normas, abriendo la puerta —entre otras muchas cosas— a nuevas fórmulas habitacionales como el 'coliving' o el 'cohousing' y al concepto de edificabilidad 'verde', que permite una mayor rentabilidad a las promotoras. Cuantos más elementos sostenibles en el edificio, como placas solares, cubiertas verdes y cuartos para guardar bicicletas, más superficie útil disponible. Y con la convicción de que este cambio saldría adelante, las inmobiliarias imaginaron sus casas siguiendo el futuro plan.

Las cifras que encabezan este artículo proceden de CEIM, la patronal empresarial de Madrid. Es la estimación del impacto que tendría la actualización de las normas urbanísticas en el PIB (Producto Interior Bruto) anual de la ciudad, 255,8 millones de euros, y en el empleo, 4.381 puestos de trabajo. Datos que corresponden a «la cantidad de actividades económicas que no se pueden desarrollar porque no tienen un marco jurídico que las ampare», señala Roca, que desde hace casi una década propone al consistorio cambiar una normativa que, igual que el resto de leyes estatales sobre la materia, contiene un «marcadísimo carácter intervencionista y encorsetador».

El frenazo se produjo el pasado 27 de diciembre. Vox votó en contra del único punto del día en la comisión municipal del Área de Desarrollo Urbano. Era una sesión extraordinaria solo para aprobar la actualización de las normas urbanísticas, el último paso de un largo proceso burocrático que había comenzado en julio y que debería haber culminado este enero, en el pleno mensual del palacio de Cibeles. Ese día, el grupo que lidera Javier Ortega Smith se opuso a cambiar el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 y la noticia, con toda esta tediosa nomenclatura, insertada en el barullo de la prórroga presupuestaria y unas negociaciones con Vox congeladas, pasó desapercibida.

Esos días, Asprima difundió un mensaje que ha reiterado esta semana. La patronal de las promotoras reclama un «pacto político» que olvide los cálculos electorales y permita un «urbanismo posibilista». «Si no sale adelante es por una cuestión estrictamente política», opina la presidenta de la asociación. «El problema es que Vox está dando unas excusas peregrinas y contradictorias sobre por qué ahora vota en contra», apuntan fuentes municipales. Desde Vox se justifican: «No es un tema político, es un tema de estudio en profundidad de la normativa».

La brecha entre el equipo de gobierno y el grupo de Ortega Smith se abrió el pasado septiembre, cuando el portavoz de Vox impuso su línea roja para la inminente negociación de los presupuestos: borrar el nuevo Madrid Central y todas las restricciones a los vehículos más contaminantes. Ahí se empezó a tensar una relación que terminó por romperse en diciembre, cuando Vox no apoyó las últimas cuentas de Almeida ni el cambio del urbanismo madrileño. El grupo sostiene que requiere de un mayor «andamiaje jurídico»: «No puedes estar cambiando la normativa cada tres días, tenemos que estudiarlo y no le vemos la prisa». Su 'no' podría revertirse antes del 28-M.

Las elecciones municipales y autonómicas, y un posible cambio de gobierno en el palacio de Cibeles, preocupan al sector inmobiliario. La actualización del plan de 1997, que afecta a un popurrí de normas y sectores, como a las cocinas fantasma, decaería si PP y Ciudadanos abandonan el bastón de mando. Más Madrid, el grupo mayoritario en la oposición, PSOE y el Grupo Mixto también votaron en contra. Hasta mayo, en cualquier caso, las miradas están fijas en Vox.

Aunque se produzca el desbloqueo político, las grúas continuarán paralizadas varios meses. El documento ha superado la mayoría de trámites —aprobación inicial en pleno y comisión, periodo de información pública y de alegaciones— y solo faltaría el visto bueno de la Comunidad de Madrid. «La Comunidad tiene un plazo máximo de cuatro meses para emitir su informe, pero lo más probable es que lo emitan en un periodo mucho más breve», aseguran fuentes municipales. La ley Ómnibus aprobada por el Ejecutivo regional entronca perfectamente con su actualización, por ejemplo, al introducir la posibilidad de viviendas dotacionales. Roca confía en que la aprobación salga adelante: «Aparte de números, inversión y puestos de trabajo, es importante para la oferta de vivienda asequible».