Los patinetes eléctricos seguirán prohibidos en el transporte público madrileño hasta 2027

La Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, que dirige Jorge Rodrigo, ha decidido continuar hasta 2027 con esta prohibición, que implica no permitir que se acceda con patinetes y monociclos eléctricos a la red de transporte público de la región, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios. Además de en los vehículos de transporte público, tampoco se podrá llevar estos patinetes a los intercambiadores de Plaza de Castilla, Moncloa, Príncipe Pío, Plaza Elíptica y Avenida de América.

La medida se puso en marcha, con carácter transitorio, el pasado mes de octubre, tras explotar la batería de uno de estos dispositivos en el interior de un tren del suburbano en la estación de La Elipa, sin causar daños personales. «La ampliación de la misma, viene motivada por el tipo de baterías de iones de litio que utilizan y que son más susceptibles de provocar un incidente en red pública que otros elementos como bicicletas o sillas de ruedas eléctricas», ha precisado el consejero, tras la reunión.

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En 2027 volverá a revisarse esta medida, ya que a partir de esa fecha, todos los vehículos de movilidad personal (MVP) estarán obligados a disponer de una certificación de la Dirección General de Tráfico (DGT). Entonces, se volverán a analizar sus características y su posible riesgo para los viajeros.

Por otra parte, el Consorcio Regional de Transportes va a remitir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la solicitud, mediante certificado oficial, de la situación de la red de Cercanías madrileña, de competencia estatal, con el objetivo de poder actuar con previsión ante incidencias y evitar molestias a los pasajeros.

En este sentido, Rodrigo ha expuesto la urgencia de conocer su plan de actuación para la región a corto y medio plazo, «para corregir las alteraciones que se producen con frecuencia en este servicio esencial para la vertebración de nuestro territorio porque, cada avería en esta red ferroviaria produce un trasvase de viajeros que obliga al Ejecutivo autonómico a reforzar sus medios propios».

En definitiva, según ha explicado el consejero, se trata de obtener datos precisos sobre el estado de los trenes, sus principales puntos conflictivos o las infraestructuras pendientes de actualizar, para que la Comunidad de Madrid pueda adoptar las medidas de planificación necesarias con un margen de tiempo suficiente.

«Esa escasez de información está afectando de manera severa, por un lado, a los ciudadanos, que renuncian a su uso y, por otro, al Gobierno regional que tiene que asumir los costes de cubrir el servicio cada vez que se produce una incidencia. Por ello, pedimos el cumplimiento del Plan de Cercanías 2018/25, que incluye una dotación de 5.000 millones de euros para mejorar la red y la necesidad de convocar la Comisión de Seguimiento de forma periódica», ha concluido.