Operación pantano: El ingeniero admite que facturó a comerciantes extorsionados
Declaró ayer ante el juez en la investigación sobre la gestión socialista en San Martín de Valdeiglesias
Registro de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias
El ingeniero municipal del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, Manuel Sanz Zapata, implicado en la operación Pantano, que investiga la presunta corrupción de la exalcaldesa socialista, María Luz Lastras, declaró ayer ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Navalcarnero, ... admitiendo que facturó, a través de su empresa, ZM Ingenieros SLP, a los comerciantes que denunciaron extorsión. El juez intenta con su declaración aclarar la investigación realizada por la Policía Local de esta localidad, que forma parte de un amplio informe de la unidad de delitos económicos de la Guardia Civil, y que apunta a este ingeniero municipal como autor de delitos relacionados con «negociaciones prohibidas, falsificación documental y extorsión».
El modus operandi de este ingeniero, que no es funcionario pero ejercía como arquitecto municipal, lo expone la Policía Local, tomando como base las declaraciones de los afectados, que denunciaron que para conseguir la licencia de apertura, el citado ingenieron les obligaba a realizar unas mejoras, que tenían que contratar con una empresa suya, pagando en metálico y firmando el proyecto José Ramón Portabella, socio de Sanz Zapata en la empresa: «El ingeniero municipal, al acudir (un comerciante) al ayuntamiento a solicitar información, les dijo que el proyecto lo tenía que hacer un amigo suyo para no tener problemas y que, en caso contrario, no les daría la licencia de funcionamiento», señala el informe, al que ha tenido acceso ABC.
En su declaración de ayer, Sanz Zapata no respondió a ninguna pregunta del representante jurídico de la acusación, realizada por el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, y por su alcaldesa, Mercedes Zarzalejo, del Partido Popular, solo a las del juez y su abogado, según las fuentes jurídicas consultadas por ABC.
Estas mismas fuentes señalan que el ingeniero durante la época socialista investigada, 2016 y 2017, admitió que elaboraba los presupuestos para las obras que había que realizar y que los facturaba. Sin embargo, entró en contradicción al negar que su empresa tuviera un contrato mercantil con el Ayuntamiento para pagar su trabajo.