Cada okupa de la urbanización de Carabanchel recibió hasta 15.000 euros por abandonar los pisos

Lo han hecho realizando una 'mediación', que es el eufemismo que utilizan, con los propios okupas. En la práctica, se traduce en que cada una de las 28 familias ha sido premiada con entre 3.000 y 15.000 euros, a cuenta del bolsillo de la propiedad, la inmobiliaria Vivenio. «Lógico: si una de las usurpadoras se quejaba de que había pagado 1.500 euros a la mafia por la llave del piso y que al principio solo le ofrecían 800 por irse... Decía que así no se marchaba ni en broma», afirma uno de los vecinos legales, José María, harto de la presencia de esta gente y de tenerlos como vecinos. Es el peligro de dejarse llevar por empresas de desokupación, que realmente carecen de atribuciones legales para desalojar a nadie de una morada, aunque la haya usurpado o allanado.

De hecho, los que han sido 'indemnizados' con más dinero son quienes más han aguantado. Los primeros en largarse tuvieron que escuchar los gritos de «¡traidores!» de sus hasta entonces compinches. Todos aseguraban que eran ellos las víctimas, que eran familias de Perú sin recursos a quienes les habían ofrecido un contrato de hasta 2.500 euros por las llaves de los pisos, mientras hacían cola en un comedor social. Se las daban de estafados. Mentira tras mentira, conocedores de que así no se vende una propiedad y de que esos acuerdos rubricados eran papeles mojados. Todo muy absurdo, sí, pero que ha costado muy caro a la propietaria legítima y que, además de vivir dos meses a la sopa boba, les ha terminando llenando los bolsillos.

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Tras de sí, los okupas han dejado un reguero de porquería en las que han sido sus 28 viviendas gratis (sobre todo, en la cuarta planta), «que ni los indios del Oeste», señala una persona cercana a la administración de la urbanización, que dispone de pistas de pádel, gimnasio propio y piscina comunitaria. El alquiler mensual por el piso más pequeño, de una habitación, no baja de los 900 euros.

«Ha habido que entrar en los domicilios recuperados con un batallón de limpieza», explica a ABC uno de los conocedores del proceso. «De hecho, hay que cambiar al menos una vitrocerámica, que la han dejado rayada, porque la intención es ponerlos en alquiler de nuevo cuanto antes. Todos son en régimen de arrendamiento. También hay que pintar paredes y quitar mucha porquería, porque han dejado todo muy sucio, como una leonera: comida tirada, ropa por todos lados, muebles por medio, colchones en los suelos...». «Han esparcido tanta porquería, como muebles roídos y bolsas con basura en zonas comunes, que han aparecido cucarachas paseándose por los corredores», añade José María, uno de los vecinos legales y más combativo contra la plaga okupa. Unas nuevas invasoras que, estas sí, son fáciles de fumigar.

Vivenio pagó por el enorme bloque a Pryconsa el pasado julio, cuando la nueva obra fue entregada. Rápido, fueron alquilándose estas casas, desde las más pequeñas a los áticos, aunque quedaban algunos sin habitar. La conserje que primero trabajó allí se dio de baja por enfermedad y la sustituyó un joven peruano. «Es quien sospechamos que pudo atraer a los okupas: porque casi todos eran de su país y porque ese bedel desapareció cuando ellos llegaron», explica otro residente.

Fue en el puente de la Constitución, entre el 6 y el 9 de diciembre, cuando un aluvión de okupas desembarcó en Excelente, 6. Setenta adultos y más de medio centenar de menores, cargados con colchones, muebles, maletas llenas de ropa y útiles para cocinar y comer. Una mudanza en toda regla y al margen de la ley. Traían hasta las herramientas y la pericia para reventar los bombines de los 28 pisos y darles el cambiazo rápidamente. Resulta lógico, y en eso coinciden todas las partes, «que venían totalmente organizados, como una mafia».

Han sido dos meses de infierno para los residentes legales. «Al final, se han ido escalonadamente, desde principios de enero, pero el grueso, 20 familias, lo han hecho en la última semana. Han dejado paredes rotas y techos descolgados, además de muchísima suciedad. Hemos aguantado muchas fiestas, gritos, a horas intempestivas. Controlaban mucho la situación desde el principio, conocían nuestras leyes, sabían que no era allanamiento porque esos pisos no estaban habitados en ese momento... Ahora, algunos se han marchado con el dinero a casa de familiares», relata el afectado: «Actualmente, es raro todo, porque hay un silencio y una tranquilidad absolutos».

Algunos medios de comunicación, en el último tramo de estos dos meses, se hicieron eco de un bulo: circulaban vídeos en los que, presuntamente, los okupas amenazaban con marcharse a vivir a chalés de Boadilla del Monte, una de las localidades con más residencias de lujo en la región. Pero esas imágenes son de hace más de siete meses, del pasado verano, cuando ya andaban buscando donde residir a coste cero.

Con todo, en Excelente, 6, no hay miedo a que regresen, al menos por parte de la propiedad, aunque han reforzado medidas de seguridad: cuando llegaron los okupas, se instalaron alarmas en las viviendas moradas por familias que pagaban religiosamente y ahora se han extendido a los 28 pisos recuperados; también hay cámaras de videovigilancia, conserje y un guardia de seguridad las 24 horas del día. Durante estas ocho semanas de infierno, la Policía acudía al enorme bloque una media de tres veces diaria. Se han producido tres detenciones allí por distintos casos de violencia doméstica, amén de las tres últimas, el 6 de febrero, coincidiendo con la marcha del grueso de los delincuentes.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Carabanchel tenía abierta una investigación por la trama mafiosa que estaba mercadeando con estas viviendas. Los agentes ya tenían identificados a los tres cabecillas: una mujer peruana, otro varón de la misma nacionalidad y un paraguayo, supuesto muñidor de la red. En el momento en que abandonaban la finca, a las diez y media de la mañana de aquel jueves, un dispositivo policial se echó encima de ellos. Cada uno llevaba encima cinco mil euros en efectivo y contaban ya con antecedentes criminales, explican a ABC fuentes del caso. Ahora se les acusa de los delitos de ocupación, extorsión, defraudación del fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal.

Lo primero está claro; la extorsión bien puede achacarse a la presión del pago de dinero por parte de la propiedad, a través de la empresa de desokupación, a cambio de marcharse; el resto de imputaciones son por los enganches ilegales a la luz y porque la mafia, al contar con una estructura, fines delictivos y pecuniarios y estar formada por tres personas al menos, cumple los requisitos para ser considerada un grupo criminal. Pasaron a disposición judicial el sábado 8 de febrero, ante el juez de guardia. Se desconoce si han entrado en prisión, una posibilidad endeble.

Detrás, dejaron un reguero de sal en las puertas, una especie de embrujo típico de Perú; también tabiques agujereados; patadas en puertas; malos olores, y, sobre todo, un pufo de decenas de miles de euros y una indignación que tardarán mucho en olvidar sus víctimas de estos dos meses de vida a todo trapo y por la patilla, como dirían los castizos.