Oficinas para las víctimas de delitos en Madrid: «Es zona de seguridad»

La entrada en un juzgado es, para el lego en la materia, algo intimidante. Si además llegas en calidad de víctima, la cosa es aún peor. Por eso, la Oficina de Atención a Víctimas de Delito se convierte en el salvavidas al que agarrarse cuando se siente el agua al cuello.

Madrid es pionera en dar trato especial a las víctimas: desde las primeras salas del Servicio de Atención a la Víctima, en 1996, al Servicio de Protección a las Víctimas, Testigos y demás Personas en Situación de Riesgo que se creó en 2009.

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En 2015 llegó la aprobación del Estatuto de la Víctima por parte del Gobierno de Rajoy. En él, se establecía que las comunidades organizaran oficinas de asistencia a las víctimas. Madrid se apuntó a la iniciativa, y ahora cuenta con 21, distribuidas entre la capital (Plaza de Castilla, Albarracín y Julián Camarillo) y 18 municipios.

María Jesús Juárez es la coordinadora de esta red de oficinas, y lleva años dedicada a diseñarlas y mejorarlas. Son como una isla, un refugio para las víctimas.

En las oficinas trabajan psicólogos, trabajadores sociales y personas formadas en Derecho; en total, 57 empleados públicos que trabajan en la red de oficinas de asistencia a víctimas de delito de la Comunidad de Madrid y que atendieron a 11.402 personas en el año 2023, lo que representa un incremento del 25,1 por ciento con respecto al anterior ejercicio. De todos, 10.216 –un 89,6 por ciento– fueron mujeres y 875 hombres –el 10,4 por ciento–. Del total de las atenciones, 1.368 (el 12 por ciento) fueron menores de 18 años.

Las víctimas llegaron a estas oficinas sobre todo por delitos de violencia contra la mujer (en un 35,1 por ciento de los casos), y en actos contra la libertad sexual –abusos o agresiones– (31,4 por ciento). También hay casos de violencia doméstica –intrafamiliar–: un 9,1 por ciento. Y víctimas de delitos informáticos –ciberacoso, fraude y 'phishing'– en un 6,2 por ciento de casos, además de hechos próximos a delito que no son objeto de denuncia (un 5 por ciento).

«La oficina pretende evitar la revictimización», recuerda Juárez. Su personal asesora a la víctima de cómo va a ser el largo proceso legal: «Este es el principio en un camino con muchas fases». Les facilitan contactos con abogados y procuradores para que les expliquen cualquier duda. Pero se les ayuda «sin influir en lo que haga la víctima». Incluso cuando saben que, si se niega a denunciar, «probablemente en dos semanas la volveremos a ver».

En muchas ocasiones, las víctimas son menores, o éstos vienen acompañando a sus madres. Hay una sala infantil, con juguetes, microondas y cambiador. Allí se les atiende y distrae de la situación. La oficina cuenta también con un parque infantil en su interior, «es la única de España», presume María Jesús Juárez.

«El Gobierno regional siempre estará cerca de víctimas y sus familias», afirma el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. La plantilla de las oficinas se ha incrementado en 39 nuevos empleados públicos desde 2021. «Es algo que tuvimos claro desde el principio», comenta María Jesús Juárez: «El modelo de Madrid fue ir más lento, pero con un sistema siempre público y gratuito, y con personal que fueran empleados públicos, para poder especializarlos». Gracias a eso, insiste, «cada víctima que llega aquí, procuramos que tenga la misma persona de referencia».

Sus usuarios llegan por diferentes vías: «La mayoría, de forma voluntaria. Otras, enviadas por el juez o el fiscal, si las ven muy perdidas o que no han entendido el procedimiento. O las trae directamente la Policía, en delitos graves o cuando hay personas vulnerables». En la oficina, hay cosas que nunca faltan: «Paciencia, una caja de clinex, y abrazos». Los profesionales lo ratifican: «Cada caso es un mundo» y merece su atención y su empatía.

«La oficina está abierta a cualquiera que haya sido víctima de un delito penal; no se les pide ni datos de nacionalidad ni nada, sólo ser víctimas de delito», reseña María Jesús Juárez. Incluso, apunta, «se puede utilizar la Oficina sin que se haya puesto la denuncia». Todos pueden estar tranquilos en este espacio: «Este es un entorno seguro, una zona de seguridad».

Para los niños, se estrenó en la Oficina de Víctimas de la calle Albarracín la primera Sala Gesell, dos habitaciones contiguas separadas por una gran cristalera que sólo permite ver desde uno de los lados. En esa parte están abogados, juez, fiscal, acusado, escuchando a todos pero sin ser vistos ni oídos.

En el otro, la psicóloga con el menor que tenga que declarar. Muebles infantiles, un parchís de Bob Esponja, y otros detalles crean un ambiente acogedor. Pero una pequeña cámara en una esquina y un micrófono en el techo alertan de que aquella no es una simple sala de juegos.

A pesar de los años transcurridos al frente de este negociado, y de la intensidad de cada una de las historias que atraviesan esas puertas, quienes trabajan allí siguen emocionándose; traban lazos con algunos casos especialmente duros y, al recordarlos, vuelve a erizarse el vello de sus brazos.