Nueva sentencia, y ya es la séptima, contra el alcalde de Fuenlabrada por el centro de menas de La Cantueña
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid condena además al ayuntamiento a pagar las costas, 1.300 euros
Los primeros menores extranjeros han llegado ya al centro de La Cantueña de Fuenlabrada
Las administraciones regional y municipal de Fuenlabrada siguen enfrentadas en los tribunales por el centro de acogida de menores inmigrantes no acompañados de La Cantueña, en la localidad de la corona metropolitana madrileña. Esta semana se conoció una séptima sentencia a favor de la tesis de la Comunidad de Madrid y en contra de las del Ayuntamiento que dirige Javier Ayala. En este caso, es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el que desestima el recurso de apelación del consistorio que pretendía suspender las obras del centro de menores, y además condena al Ayuntamiento a pagar las costas.
El consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, se felicitó de la sentencia en redes sociales: «Se trata de la séptima decisión judicial que pierde el alcalde de Fuenlabrada, que en este asunto se ha comportado como el perro del hortelano», dijo. En el mismo mensaje, pedía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «que ponga freno al caos migratorio en España».
El Gobierno regional avisó el pasado mes de abril que, a la vista de la avalancha de menores inmigrantes no acompañados que estaban llegando a Madrid, necesitaba de otro centro de acogida, al estar llenos los dos que hay en la capital, en Hortaleza y Casa de Campo. Decidió hacerlo sobre un edificio y parcela llamada La Cantueña, cedida años atrás por el Ayuntamiento de esa localidad. El Gobierno municipal rechazó la idea por considerar el espacio inapropiado para el uso y el tamaño del centro demasiado grande para la integración de estos menores.
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Desde entonces, lleva meses intentando frenar en los tribunales las obras del centro, e intentando revertir la cesión del espacio por considerar que se aplica a usos diferentes de los acordados. El Gobierno regional está ganando esta batalla judicial, mientras que el centro ya está abierto y cuenta con unos cien menores acogidos allí.
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