Las normas urbanísticas que cambian en Madrid: balcones más grandes en los nuevos edificios y coto a las cocinas fantasma

La actualización -que deberá recibir en un plazo de cuatro meses el visto bueno de la Comunidad de Madrid para ponerse en marcha- no ha estado exenta de polémica en el pleno de Cibeles. Se ha aprobado solo con los votos del PP, que cuenta con mayoría absoluta para hacerlo, y que ha defendido que la normativa es «necesaria, imprescindible y urgente» y que «se crearán 4.182 puestos de empleo y se incrementará en 215 millones de euros el PIB de la ciudad», en palabras del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

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Los partidos de la izquierda no han dejado de criticar la norma. El PSOE la ha tildado de «insuficiente» y ha asegurado que «de los 215 millones, el 80% irá a las constructoras, las entidades bancarias y las aseguradoras». El partido capitaneado por la exministra Reyes Maroto ha censurado que el Ayuntamiento de Madrid no haya recogido la prohibición de abrir cocinas fantasma a menos 500 metros de colegios o centros de salud ni la limitación de horario, y ha subrayado que la normativa «solo favorece a especuladores privados». Más Madrid ha ido más allá, y ha informado que llevará el reglamento a los tribunales, tras calificarlo de «fraude» y «atropello», para «evitar que el Gobierno municipal se salte la ley».

Los restaurantes virtuales, o cocinas fantasma, operativos solo para que los 'riders' recojan los pedidos realizados a través de aplicaciones proliferaron con la pandemia en los bajos de los inmuebles y patios de vecinos. Ahora, se prima su implantación en polígonos industriales y se limita su actividad en zonas residenciales. Solo podrán instalarse en locales de uso industrial con un máximo de 350 metros cuadrados, con la obligación de que tengan en el interior del establecimiento las zonas de espera, carga y descarga y estancia de los transportistas. El máximo de cocinas permitidas será de ocho.

Tal y como adelantó este diario, las viviendas de nueva construcción deberán tener mínimo 40 metros cuadrados. Se potencia la incorporación de balcones y balconadas, incrementando su saliente (hasta 0,75 metros frente a los 0,45 de antes) y se admite la posibilidad de disponer terrazas sobre el espacio libre de parcela sin computar en edificabilidad cuando estén descubiertas en al menos dos plantas.

La norma regula los tendederos, trasteros y zonas comunitarias. No será necesaria la separación física entre cocina y tendedero, y se admite la instalación en planta baja de los trasteros, sin que cuenten en la superficie total edificable.

Los locales comerciales podrán transformarse en vivienda siempre y cuando el uso principal del edificio sea residencial, estén situados en planta baja o planta de piso, y se integren en la composición de la fachada del edificio.

Se integran en la nueva categoría de la clase de residencia compartida. En el 'coliving' se aumentarán las zonas comunes y se reducirá el número de habitaciones, que no podrán ser inferiores a 15 m2 para una persona, ni a 10 m2 por persona cuando esté prevista para más de una. En el 'cohousing' la superficie mínima de la vivienda será de 30 m2, compensando el resto hasta los 40 m2 con las zonas comunitarias.

Las normas introducen un nuevo parámetro urbanístico: el factor verde. El objetivo es mejorar la sostenibilidad ambiental mediante el aumento de la superficie vegetal total en la edificación a través de cubiertas y fachadas verdes y, en el espacio libre de parcela, fomentar la plantación de arbolado y el ajardinamiento. Los elementos de producción de energía sostenible o elementos constructivos de mejora de la eficiencia, así como los cuartos para guardar vehículos de movilidad sostenible, no computarán a efectos de edificabilidad. «Todas las nuevas edificaciones con aparcamiento deberán contar con puntos de recarga de vehículos y plazas reservadas para los de movilidad sostenible», ha anunciado Carabante.

Se flexibilizan los usos y se simplifica la implantación de equipamientos dotacionales básicos para crear «agilidad». Así, la instalación de un centro cultural o deportivo, por ejemplo, se hará sin tener que redactar un plan especial. De igual forma, se permite el destino transitorio de solares por un plazo máximo de cuatro años para que se puedan dedicar a zonas de esparcimiento y a la mejora del paisaje urbano hasta que se construya el dotacional previsto.