Mafias revenden pisos a mil euros en el infierno okupa de Arganda del Rey

Aún no se han producido incidentes, explican quienes miran de soslayo al portal, propiedad de la Sareb o 'banco malo'. Y los usurpadores, con los que ABC ha pasado una mañana, aseguran que son personas normales, solo que tienen pocos recursos. «Yo soy una okupa, no una criminal», asevera Carmen. El suyo y el de todos los implicados en esta historia es un nombre ficticio. Nadie quiere que salga su identidad ni su cara. Por si acaso. Hay mafias que se están encargando de revender viviendas para meter a familias enteras. Y a solo 1.000 euros por piso. Una 'ganga'.

Entrar en la urbanización y sus zonas comunes resulta fácil. Lo complicado es hacerlo en el número 5. Su acceso natural, la puerta que hay enfrente de la conserjería, permanece cerrada desde el pasado septiembre, explica una vecina, «cuando se fueron todos los que vivían en ese bloque, 16 pisos, todos usurpados». Entonces, sí que tuvieron problemas durante años y años: «Destrozaron, por ejemplo, los cierres de los contadores de agua», que así siguen; «y también las escaleras, descansillos y hasta los pisos por dentro, porque sabían que se iban ya», añade Marcela. «Tengo mucho miedo a que ese infierno vuelva a reproducirse, porque ahora estábamos aquí muy tranquilos», murmura.

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Otra residente nos explica cómo colarnos en el edificio en cuestión. Accedemos a otro bloque y bajamos al sótano. Una vez allí, al otro extremo, hay una puerta que da a una especie de cuarto de escobas que está lleno de cachivaches, presumiblemente de los anteriores okupas. En medio del pasillo, un colchón de matrimonio, con lamparones de orines, descansa sobre una pared. En el cuarto de bicicletas hay un andador para ancianos, más juguetes y sábanas sucias. En los trasteros, un carro de supermercado lleno de sartenes y platos hasta arriba de cochambre, con restos de comida, un balón de fútbol y más porquería, a diestra y siniestra.

Y en el pasillo que va a los cuartos de luces, hay que sortear (como después en la escalera que sube) el rastro que han dejado varios que no se han aguantado y directamente han orinado sobre el rodapié de piedra. Más adelante, un trozo de papel higiénico usado está pegado al suelo desde hace meses. El sello dejado por la empresa de seguridad que se encargó del desalojo del pasado otoño está más que roto. En la sala de contadores de luz y de la fibra óptica, los cables están sacados de las cajetillas. Las piezas de plástico para los accesos a internet, arrancadas. Los pomos de las puertas, desatornillados y en el suelo. Huele a enganches ilegales. Pronto comprobamos que es así.

Porque en la segunda planta, letra A, Carmen se decide a abrir la puerta al equipo de ABC hasta allí trasladado. Se muestra tímida y pide que no salga su rostro. Coqueta, se fastidia, dice, por llevar el pijama para estar por casa. «Si llego a saber que ibais a venir, me arreglo un poco más», sonríe. Tiene 33 años y llegó el 2 de febrero, como las otras dos familias de su planta, a las siete de la tarde: «Eso de que fue de madrugada es falso. Lo que pasa es que a esa hora es cuando los vecinos debieron de enterarse».

Su narración se aprecia sincera: «Soy merchera y vivo sola con mi hija de 5 años. Nosotras estábamos en un piso en Campo Real, de alquiler, pero la dueña quiso venderlo. De ahí nos fuimos a una habitación, también en Arganda, pero la que lo llevaba nos ponía problemas para ducharnos, incluso. No era manera de vivir así con una cría». Hasta que un día se metió en internet. «Busqué pisos vacíos y salieron estos, que no son propiedad de personas», en referencia a la Sareb.

«La cuestión es que quedé un día con un tipo. Iba vestido de oscuro y con una gorra, la cabeza baja, para que no se le viera bien la cara, en la puerta de la urbanización. Sé que me pedía mil euros por la llave del piso, pero que me gasté unos 1.300, porque era todo el dinero que tenía ahorrado. Se lo di en mano. La verdad es que era todo un poco extraño, porque ni siquiera le oí hablar para saber qué tipo de acento tenía. Entramos en el piso y ya teníamos luz», explica Carmen. Los enganches de la electricidad y del agua venían ya con el precio de la llave. «Para lavarnos, caliento el agua en una olla», porque carecen de calefacción. También les han dejado el ascensor sin corriente.

Esta mujer afirma que trabaja limpiando portales: «Me sacaba unos 20 euros por aquí, otros para allá… Y con lo que el padre de la niña me pasa de manutención, tiro para adelante». Dice que saca unos 800 euros al mes, «pero es insuficiente para pagar un alquiler». «Mi pareja actual no vive con nosotras», aunque le oímos desde la puerta, está dentro del piso. Carmen asegura que «si diesen opción a un arrendamiento social», lo pagaría. «Yo soy okupa, pero no quiero serlo. Soy okupa, sí, pero no una delincuente«, insiste.

En ese momento de la conversación aparece un chico de unos 14 o 15 años: «Es el vecino de otro de los pisos okupados». «Hola, Carmen, ¿tienes paracetamol para dejarnos?». «Claro, cariño», y le da una caja entera. «¿Ves? Convivimos en vecindad, como los demás, porque nuestra raza se vuelca mucho con los allegados y con los familiares. Y con los vecinos de aquí haríamos lo mismo, pero aún no hemos ido por las zonas comunes de la urbanización», asegura la mujer.

Los anteriores okupas, los de mediados de la pasada década, pese a ser clientes de grupos mafiosos, contaron con la ayuda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Los vecinos pagadores llegaron a organizar caceroladas, que fueron contestados con reproches de «racismo» por los usurpadores, a sabiendas de que no era ese el problema. La queja era clara: «La inseguridad de las calles, los problemas de incivismo y trapicheo de drogas».

En uno de los pisos reokupados, el 2 de febrero, aún está pegado el cartel en la puerta que advierte a posibles tentaciones de echarlos de allí. Es el del joven que pidió el paracetamol. Se las saben todas: «Advertencia legal sobre el uso abusivo del delito flagrante y la vulneración de la inviolabilidad del domicilio por parte de particulares o cuerpos policiales: este es, al menos provisionalmente, nuestro domicilio y no tenemos intención de marcharnos de aquí. Hasta que un juzgado disponga lo contrario o encontremos otro alojamiento alternativo, nos quedaremos aquí. La entrada en este nuestro domicilio sería denunciada como un delito de allanamiento de morada (6 meses a 2 años de prisión) o de violación de domicilio (de 2 a 6 años de cárcel)». El efecto llamada está servido.

En el otro lado de esta historia, están los que pagan una hipoteca o el alquiler mensual religiosamente. Critican que el alcalde, el socialista Guillermo de Hita, que también es presidente de la Federación Madrileña de Municipios (FMM), «no haga nada». La región no está a la cabeza de las okupaciones en España (Cataluña se lleva la palma), pero los últimos datos conocidos de Madrid hablan de más de 5.200 viviendas usurpadas, de las que cerca del 40% son de titularidad pública del Gobierno regional.