Mafias de okupas usan datos de ventas de pisos protegidos en Madrid para usurparlos antes de que entren los nuevos inquilinos

Uno de los lugares públicos donde bucean las mafias son las actas de la mesa de contratación, subidas en el Perfil del Contratante de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, ahí solo se indica que se ha acordado la compraventa, pero no cuándo se hará efectiva. Por eso, después, cuando comprueban 'in situ' que los antiguos propietarios ya han dejado el piso, dan vía libre a los usurpadores.

Las okupaciones de moradas son uno de los quebraderos de cabeza para los tenedores, tanto privados como públicos. En el caso de la AVS, desde 2021, son ya 1.827 los expedientes administrativos de recuperación siendo todos los casos de bienes ocupados sin justo título, que es la denominación oficial, informan a ABC desde la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda.

En lo referente al último año y medio, desde enero de 2023 se han abierto 652 expedientes, 94 de ellos por viviendas asaltadas, lo que representa un 14% de ellas. Eso sí, las denuncias por vía penal son escasísimas, apenas 109 desde 2021.

Estos casos de okupas se detectan gracias al trabajo de vigilancia constante de la AVS sobre cada una de las casas entregadas y el uso que se hace. «Son viviendas en las que no hay ningún problema de violencia o quejas vecinales, casi siempre por traspaso del propio inquilino o a algún familiar conocido», precisan desde la Comunidad de Madrid. Y detallan: «Siempre que se produce una situación de irregularidad, se inicia un procedimiento de recuperación patrimonial que va por la vía de lo contencioso-administrativo. Algunos casos se acaban archivando, pues durante la instrucción se detectan solicitudes de subrogación o permiso para ausentarse de la vivienda». Sobre el uso de información pública por parte de mafias okupas, la consejería no tiene datos certeros que apunten a ese modo de actuar; lo que no significa que no se esté investigando en ese sentido.

Las sospechas sobre este extremo han llegado a la calle del Benelux, en el barrio del Caracol. Los vecinos de este rincón de Valdemoro no salen de su asombro. En apenas dos días, seis personas (en dos grupos) han usurpado la misma vivienda, un bajo del número 7 de esa vía. Se trata de un inmueble de 70 metros cuadrados y dos habitaciones, con su acceso adaptado para discapacitados, mediante una rampa.

La situación es tan surrealista, que los okupas se han denunciado entre sí, pugnando por la posesión del piso. El asunto ha terminado en un juicio rápido en el que ha salido victoriosa la pareja conformada por un rumano y una colombiana. Curiosamente, los últimos en llegar y a los que los otros denunciaron por tirar sus pertenencias y cambiar la cerradura. Ladrones robando a ladrones.

ABC se citó el pasado miércoles con un grupo de residentes del barrio, que dan su palabra pero no su nombre verdadero. Tienen miedo. «Llevo aquí 18 años. El martes 21 de mayo por la noche, un vecino vio que estaban forzando la puerta, con una linterna. Uno de ellos les dejó herramientas para ayudarles a entrar, porque pensaba que eran los inquilinos legales. Llamaron a la Guardia Civil y vinieron varias patrullas. No vieron nada sospechoso y se fueron. La madrugada del viernes al sábado siguientes, sobre las 3.30 horas, unos vecinos observaron cómo varias personas estaban metiendo pertenencias en esa misma vivienda», relata una de las personas de la zona.

La cuestión es que ese piso había sido vendido «hace dos semanas» por una familia a la AVS de la Comunidad de Madrid, que la adquirió para alojar a otras personas. Pero no les ha dado tiempo. Alguien dio el chivatazo a los okupas, no solo a los primeros, sino también a la pareja posterior, que se han hecho con la casa. El engranaje ha funcionado perfectamente; tanto, que al domicilio le han salido varios novios a la vez.

Los vecinos volvieron a llamar a la Guardia Civil: «Pero nos dijeron que ese piso ya está okupado y que no se puede hacer nada. El sábado empezamos a quejarnos de que si no llevaban allí metidos 24 horas, en teoría, se les puede echar. Pero dijeron que llevaban varios días». Ya estaban los seis okupas dentro, algunos españoles y otros extranjeros, todos jóvenes.

Empezó entonces la guerra entre delincuentes, con una pelea incluida delante de los agentes. Luego, el cruce de denuncias y la resolución judicial que ampara a los últimos que llegaron. Nada de ordenar el desalojo de la propiedad. La cuestión que dirimir era qué okupas se quedaban. «Alucinante», se quejan los vecinos. «Y sospechamos que los que se fueron ya han okupado otra vivienda cerca de aquí».

El alcalde de Valdemoro, David Conde, confirma que tienen «conocimiento de la situación por redes sociales y por mensajes de los residentes», explica a este periódico. «El sábado echaron unos okupas a otros. Acudí allí para solidarizarme con los vecinos, porque como ayuntamiento poco podemos hacer. Es verdad que la vivienda acababa de ser vendida a la AVS, la versión es real», detalla.

Se queja de que la legislación actual lleva a situaciones tan ilógicas como esta. «Si se tratara de un inmueble municipal, tendríamos que seguir por desgracia los trámites legales. Y digo por desgracia porque parece que la ley beneficia más a los que delinquen», denuncia el regidor valdemoreño.

Y no es la única toma de moradas ajenas que hay. Sin ser una ciudad especialmente afectada por esta lacra (peores son las situaciones de localidades cercanas como Parla y Leganés), existen otros pisos allanados en la calle de Federico Marín, unos chalés adosados en la de Illescas, un bloque entero en la calle de Herencia y una zona en la ronda de las Comunidades. El problema empezó con la crisis económica global iniciara en 2008.

Mientras, en Benelux, 7, tienen enganchadas la luz y el agua. Han destrozado las cerraduras y algunas puertas de la urbanización. Los gritos de la pareja rumano-colombiana se oyen de día y de noche. Se han cargado el cableado de los telefonillos, solo por capricho... «Estamos planteándonos contratar a una empresa de desokupación. Que se vayan ya», reclaman.