Los madrileños podrán elegir el centro que les atienda con la Ley de Libre Elección de Servicios Sociales, que empieza a tramitarse

Con esta publicación, se inicia el trámite de esta nueva norma, que intentará modernizar la prestación de estos servicios, situando al ciudadano «en el centro», señalan en el Gobierno regional. Se procurará que los usuarios y sus familias puedan elegir el recurso que mejor se adapte a sus preferencias, y también se va a reforzar la colaboración público-privada.

Para supervisar y evaluar la calidad de los servicios que se prestan, estará la nueva Agencia Madrileña de Calidad, que actuará con independencia y autonomía respecto al resto de órganos directivos de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Hasta ahora, estas competencias recaían en la Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación.

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Ahora, la Agencia se dedicará a ello y también revisará todas las prestaciones de la cartera pública, incluida la gestión de los registros oficiales para la inscripción de las entidades del sector, la función inspectora, la valoración del Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y su modernización. También se hará cargo del desarrollo de las obras y el mantenimiento de los inmuebles adscritos a la Consejería. Y también se crearán y adscribirán a ella los cuerpos de inspectores.

Por otro lado, el consejo de Gobierno aprueba este miércoles la nueva Ley de Hacienda, que ya está lista para pasar a la Asamblea para tramitarse allí. El objetivo de esta norma, señalan en Sol, es «reforzar la seguridad jurídica y simplificar la administración pública regional», para «ordenar de forma más eficiente la gestión económica, financiera, presupuestaria y contable del sector público».

Entre sus novedades, se encuentran que moderniza el funcionamiento del sector público y mejora su sistema contable, avanza en la planificación presupuestaria y el control financiero, refuerza la comunicación y la transparencia con la Asamblea y conlleva una reforma profunda de la Ley de Subvenciones.

Un ejemplo de lo que contempla es que define la naturaleza de las sociedades mercantiles del Ejecutivo autonómico, incluyendo a las que forman parte de un grupo, y dentro de estas a las contempladas en el supuesto del artículo 42 del Código de Comercio, adaptándose así a la normativa estatal.

También dice que con ella se regulan más claramente las operaciones económicas, ordenando aspectos antes contemplados en los presupuestos, como las operaciones financieras activas, y establece una diferenciación entre Tesorería General, que abarca todo el sector público salvo universidades, y la Central, encargada de gestionar los recursos financieros de la Administración autonómica y de los entes sin gestión propia en esta materia.

Por esta ley, las universidades públicas y sus entes dependientes quedan excluidas expresamente de los presupuestos generales del Gobierno regional, a pesar de formar parte del sector público autonómico. Esta supresión se ha realizado, dicen, con el objetivo de respetar la autonomía universitaria.

Asimismo, se incorporan novedades relativas a cuestiones como la programación plurianual a medio plazo y la estabilidad presupuestaria, y también se legisla un régimen específico para el ejercicio de la función interventora en materia de personal, para evitar tener que reflejarlo en las leyes anuales de presupuestos. También se renuevan y modifican cuando es necesario todos los temas relativos a la Hacienda autonómica, como derechos y obligaciones, ingresos, política financiera, o auditorías y control, entre otros.

Esta propuesta de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo deroga la anterior Ley 9/1990, con más de 30 años de existencia. En este tiempo han aparecido figuras legales, como fundaciones o consorcios, que hacían necesaria su actualización, con el fin de evitar duplicidades y adaptarla a la normativa europea, estatal y autonómica vigente, explican.

También se anula la Ley 1/1989, del Control Parlamentario de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, ya que la nueva norma incorpora y desarrolla la remisión de información a la Asamblea de Madrid por parte de la Administración regional.

Además, todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la nueva Ley quedan derogadas. De esta forma, se incide en la lucha contra la hiperregulación, eliminando legislación desactualizada o con carácter redundante o innecesario.