Madrid recupera la jubilación parcial de profesores de la escuela concertada desde el próximo curso

Concretando esta medida, los profesores de la enseñanza concertada podrán optar voluntariamente a una reducción de su jornada lectiva, que les haga pasar de las 25 horas semanales a una jornada reducida de 13 a 18 horas. En todos los casos, mantendrán el cien por cien de la cotización a la Seguridad Social de cara a su jubilación.

La medida también permitirá la incorporación, a través del contrato de relevo, de nuevos docentes a los centros educativos concertados madrileños. Además, se cubrirá la financiación de todas las sustituciones de los profesores de los colegios concertados desde el primer día de baja, sin que tengan que esperar diez días como ocurría hasta ahora.

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Sara Medialdea

Emilio Viciana ha hecho un repaso a las novedades que han ido introduciendo durante el mandato en el sistema educativo: la próxima eliminación del uso individual de pantallas en el colegio, desde el próximo curso; el fomento de los exámenes orales o la escritura a mano; el apoyo a la jornada partida en los colegios, o el acuerdo al que se ha llegado con los profesores para ir volviendo progresivamente a las 18 horas lectivas.

Además, el consejero ha señalado que la Comunidad de Madrid va a llevar a los tribunales el Real Decreto sobre universidades que, a su juicio, «ataca a las privadas de forma retroactiva», y que consideran que invade las competencias regionales y puede ir contra la Constitución.

El consejero ha detallado las principales novedades del Decreto de Formación Profesional que se aprobó en el último Consejo de Gobierno, entre las que se encuentran la integración del sistema de FP de empleo y de educación, un novedoso catálogo de optativas que responde a las necesidades de las empresas o nuevos itinerarios integrados entre los distintos niveles de la FP, que facilitan el progreso académico de los alumnos.

Uno de los temas que más interés genera es la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), que el consejero espera tener aprobada en diciembre de este año. En este sentido, Viciana ha defendido especialmente el futuro Distrito único de prácticas que incluirá la norma, y que se concibe para ser un complemento de los convenios que ya están en marcha, respetando la autonomía universitaria; y «como una herramienta eficaz que permita que los alumnos universitarios y de FP no se queden sin su plaza de prácticas, y que las empresas e instituciones encuentren los estudiantes que buscan».

En este sentido, ha señalado que «los alumnos de la pública tendrán prioridad» en este sistema de reparto de prácticas, y que su principal ventaja será que se conectarán todas las ofertas mediante una aplicación informática, de manera que «si no hay plazas en una universidad o centro de FP, puedan elegir otros».

Por lo que se refiere a la nueva financiación, ha recordado el consejero de Educación que «hasta ahora, no había sistema de financiación: había sistemas de subvenciones nominativas». El que se redacta en la Ley de Universidades regional establecen una financiación por parámetros, respetando la norma estatal pero «adaptándolo a la idiosincrasia de las universidades de Madrid», con tres etapas: «una financiación básica, una por necesidades específicas (para proyectos concretos, como nuevas infraestructuras o la reforma de otras antiguas) y la gran novedad, la financiación por objetivos», que permitirá incrementar los fondos que se reciben para quien cumpla con una serie de indicadores.

En cuanto a las universidades que ahora pueden estar pasando por una situación económica más complicada, como es el caso de la Complutense, el consejero Viciana ha sido tajante: «No vamos a dejar caer a la Complutense, pero intentaremos que una situación así nunca se repita».

Otro punto objeto de polémica en esa futura ley es la sanción por escraches. En este sentido, defiende Emilio Viciana que «es muy importante garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales, el de reunión y el de expresión. La universidad es un ámbito para el diálogo y para la manifestación política también, pero no se puede permitir que estas actuaciones impidan el desarrollo normal de la vida universitaria, que se corten espacios o la circulación, o que no se pueda acceder a las aulas».