Madrid formaliza la demanda ante el Supremo contra la Ley de Eficiencia de Bolaños

El político explicaba que esta misma mañana «acabamos de interponer la demanda para exigir que evalúe los costes de implantación y dote a las comunidades autónomas de la financiación suficiente para poder llevarla a cabo». Según los cálculos de la Comunidad de Madrid, 43 millones de euros solo el primer año de implantación.

Precisamente el acto tiene lugar el día en que se está desarrollando una jornada de huelga de jueces y fiscales de todo el país.

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La primera fase de implementación de la Ley de Eficiencia entra este martes en vigor y, por ello, se constituyen Tribunales de Instancia en 14 de los 21 partidos judiciales de la Comunidad de Madrid. También hoy se constituyen 126 Oficinas de Justicia en los municipios (de los 158 Juzgados de Paz que tiene la Comunidad de Madrid).

El Gobierno regional presentó el recurso el 16 de mayo que ha sido admitido y ahora se ha formalizado la demanda. El Gobierno central no ha evaluado el coste real de la aplicación de esta Ley, tal y como exigía el Gobierno autonómico, ni tampoco ha dotado a las comunidades autónomas de la financiación necesaria para llevarla a cabo.

De acuerdo con las reglas que rigen el sistema de financiación autonómica el Estado está obligado, «por el principio de lealtad institucional», a establecer mecanismos para evaluar el coste que supone la aplicación de medidas legislativas, recordaba el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid.

Esta Ley, a su juicio, nace «sin la financiación necesaria para ponerla en marcha y sin el tiempo suficiente para implantarla con éxito». Sin embargo, el consejero ha recalcado que la Comunidad de Madrid es una administración «responsable: no somos insumisos de la Ley y, por eso, hoy ya son una realidad en nuestra región los primeros 14 nuevos tribunales de instancia y 126 oficinas de Justicia en el municipio, lo que antes se denominaban juzgados de paz».

«Nuestro objetivo no es otro que dotar de medios a la Justicia y respetar su independencia. Ojalá que el Gobierno de Sánchez y Bolaños tuvieran tan claro este mismo objetivo», ha sostenido. Si lo hubiera hecho, se habría ahorrado «una huelga de 3 días de jueces y fiscales, que hoy empieza por el intento del Gobierno de meter las manos en la Justicia, modificando el acceso a la carrera judicial para orillar los principios de mérito y capacidad y modificando la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Estatuto del Ministerio Fiscal para dar un poder casi absoluto al fiscal general del Estado y otorgar la instrucción de los procesos penales a la Fiscalía».

A su juicio, «el poder judicial está en el radar del Gobierno de Sánchez porque está investigando los casos de corrupción que afectan a su gobierno, su partido y su entorno más cercano. Hoy el Sanchismo, no lo olvidemos, está en prisión preventiva de la mano del muñidor de los pactos con independentistas que sujetan a Sánchez en la Moncloa», ha lanzado. El Gobierno «trata de meter las manos en la Justicia porque se siente agobiado por las investigaciones judiciales sobre su familia, su entorno y su propio gobierno. Lo que quieren es que la justicia no haga su trabajo», ha concluido.