Madrid fijará un tope de 10 días para dar la valoración de dependencia a una persona tras un alta hospitalaria

Este decreto, que llaman de libre elección, estará aprobado este mismo año, y en él se prevé una revisión inmediata de la situación de las personas que están en tratamiento de cuidados paliativos o en urgencia social. Además, para ver el grado de dependencia de menores de 3 años o mayores de 90, se establece en el decreto un plazo máximo de tres meses para realizar esas valoraciones. En el caso de los niños menores de 6 años, se agrupará la evaluación de la situación de dependencia en una única visita. El resto de peticiones de dependencia se resolverán en un plazo máximo de 180 días.

Si la persona quiere mantenerse en su hogar, existen herramientas como la teleasistencia avanzada, los centros de día y otros. Quienes se decidan por ir a residencias, éstas van a modificar su estructura y sus dimensiones para que funcionen «como un hogar, como pequeñas unidades de convivencia», y con una persona específica de referencia para cada grupo.

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Josefina G. Stegmann

La consejera ha explicado que se está en un proceso de transformación de los centros de mayores: en el futuro próximo estarán organizados en unidades de convivencia, «para que tengan la estructura, ambiente y funcionamiento de un hogar». Cada residente tendrá una persona de referencia, el asistente personal, que atenderá a un número determinado de mayores. Esto podría estar en marcha en el segundo semestre del año, asegura la consejera.

Se están introduciendo además mejoras como la geolocalización con relojes de pulsera para personas con deterioro cognitivo. Además, en las residencias los servicios van a mejorar: «Se sirve alimentación de calidad y los profesionales que trabajan allí están muy cualificados», asegura Ana Dávila. Además, ha insistido en que «esta va a ser la legislatura de la calidad de los Servicios Sociales, y habrá una enorme inspección: el cien por cien de las residencias se revisan dos veces al año. Y se pondrá en marcha un sistema pionero de mejora del servicio de restauración, con más de mil auditorías anuales, dos por centro y año».

Para aquellos mayores que decidan quedarse en su casa, también se ofrecen herramientas de cuidado: «Va a haber una apuesta presupuestaria en la ayuda a domicilio, con 241 millones de euros para sumar nuevos usuarios, y también más horas». Y a partir de abril, se van a instalar en los domicilios progresivamente 320.000 terminales de teleasistencia avanzada, con detectores de humo o caídas, o recordatorios de la toma de medicación.

Tendrán además una línea específica para evitar la soledad y el aislamiento, con psicólogos que realizarán atención telefónica y personal de todas estas personas.

Entre las novedades legislativas que se van a poner en marcha, se harán compatibles las prestaciones económicas que hasta ahora no lo son, como la de cuidado en el entorno familiar con la de promoción de la autonomía personal.

Por lo que se refiere a la dependencia de las pantallas, Madrid cuenta ya con un servicio de atención a adicciones tecnológicas, para combatirlo, con «terapias cuya efectividad supera el 80 por ciento» y a las que han asistido casi 27.000 jóvenes. Además, este año este servicio se va a extender a los municipios, para acercar los recursos a toda la región. Alcalá de Henares, Torrelodones y Móstoles serán los primeros en contar con 'unidades móviles' para atender a la población de estas localidades y las más cercanas a ellas.

La consejera ha sido especialmente crítica con la gestión de la llegada de menores inmigrantes sin acompañamiento. La política ha denunciado que en los últimos meses, «más de 600 menores no acompañados han llegado a Madrid, casi tantos como en todo 2023». El problema, asegura, es que «el Gobierno de España no cumple con sus obligaciones: traslada a menores como adultos, y permite que los adultos se hagan pasar por menores. Eso está sometiendo a una presión sin precedentes a nuestros centros, poniendo en riesgo el sistema de protección y a los propios menores». Por eso, ha exigido al Ejecutivo central «información y recursos», además de «que actúe en los países de origen y que controle las fronteras».

De momento, todos los recursos con que cuenta la Comunidad de Madrid en este punto van a seguir activados, a pesar de que se anunció la intención de cerrar alguno, dada la presión asistencial que se mantiene e incluso se incrementa en los últimos meses, ha asegurado la consejera.

Ana Dávila ha hecho hincapié también en el éxito que empiezan a tener las medidas del plan de natalidad: 16.000 mujeres ya se han beneficiado de la ayuda de 500 euros al mes para madres menores de 30 años. «Y acabamos de aprobar ayudas económicas de 1.800 euros por hijo nacido de partos múltiples. Poco a poco, va a influyendo todo esto en un cambio de tendencia: la Comunidad de Madrid es, junto con Extremadura, la única región que ha experimentado en 2023 un incremento en el número de nacimientos», ha indicado. En el caso de Madrid, es la primera subida de este índice en los últimos cuatro años.

Por otra parte, la consejera ha anunciado la apertura de un segundo Centro de Crisis 24 horas para atención de mujeres víctimas de agresiones sexuales, que se unirá al que ya funciona en la región. Y de otras dos instalaciones específicas: una dedicada a mujeres víctimas de violencia y que tengan discapacidad intelectual, y otra para quienes ejercen la prostitución y desean abandonar esta actividad.