Madrid estudiará la recaudación de 2022 antes de avanzar en la nueva rebaja de medio punto en el IRPF

La política de baja fiscalidad es una de las señas de identidad de los gobiernos populares en Madrid. De ahí que los 550 millones de euros correspondientes al año 2022 recaudados por el impuesto a grandes fortunas que impuso el Gobierno central a Madrid se haya destinado, precisó Albert, a financiar la deflactación del IRPF y las ayudas fiscales que se dan a la compra o alquiler de viviendas en pequeños municipios.

La consejera Albert presumió de los buenos datos económicos de Madrid: una subida del 2,9 por ciento en el PIB en 2023, y del 2,7 en el dato interanual del primer trimestre; líderes en creación de empresas y captando un 62,1 por ciento de la inversión extranjera que llega a España, en el primer trimestre de 2024. Y unos datos de creación de empleo especialmente reseñables en relación con los jóvenes, donde la tasa de paro (17 por ciento) está diez puntos por debajo de la del resto del país (27,7 por ciento).

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En este primer año en el cargo, la consejera pone también el acento en el Sistema de mediación y conciliación laboral, que actúa cuando hay un conflicto laboral y antes de que llegue a los tribunales: en 2023 ha habido más de 98.000 conciliaciones de las que 38.936 se saldaron con acuerdo. Y las solicitudes han aumentado un 40 por ciento este año. Acudir a la conciliación supone un ahorro importante, de tiempo –un litigio se prolonga de media 508 días– y de dinero: unos 300 millones de euros.

En materia de fiscalidad, la deflactación, aplicada por segundo año consecutivo en la región, ha supuesto un ahorro de 153 millones de euros a los contribuyentes, calculan en Economía. Y la nueva deducción del 20 por ciento en el IRPF para inversiones extranjeras se aplicará a inversiones mobiliarias: en deuda pública o acciones de empresas.

Por otra parte, desde enero se pueden pagar tributos por Bizum, una fórmula que han utilizado los ciudadanos para más de 40.000 pagos desde que en enero funciona.

En lo relativo a los fondos europeos, a pesar de que sus procedimientos de aplicación han sido «farragosos» y los sistemas de volcado de información «poco eficientes», según la consejera Rocío Albert, la Comunidad de Madrid ha conseguido movilizar hasta hoy un 97 por ciento de los mismos. «Y sólo un 28 por ciento de ellos han ido a empresas públicas; todo lo demás fue a movilizar empresas privadas». Calcula Albert que «al ciudadano le han llegado el 57 por ciento» de esos fondos, que se han invertido, por ejemplo, en la ampliación de la línea 3 de Metro, en el intercambiador de transportes de Valdebebas, o en el plan de rehabilitación de edificios públicos.