Ayuso abre un nuevo frente contra el ministerio de Mónica García por «invasión de competencias»
Denuncia que el proyecto de ley de gestión pública de la salud «está redactada genéricamente y carece del mínimo rigor normativo, económico y organizativo»
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Nuevo choque entre el Gobierno regional y el Central en relación con la normativa estatal. En este caso, es por el proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, la norma emanada del ministerio que dirige Mónica García y ... que pretende un mayor control de la colaboración público-privada en la sanidad española. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones a este proyecto de ley, ya que considera que se podía estar produciendo una «invasión de competencias» del Ejecutivo central sobre el autonómico, además de considerar en que es redundante en sus planteamientos y encontrar la norma «falta de rigor», carecer de memoria económica y establecer «un marco de inseguridad jurídica».
La Comunidad ha presentado alegaciones a la consulta pública previa al proyecto de ley citado, porque entiende que el texto «podría exceder las competencias estatales e invadir competencias propias de las comunidades autónomas en materia de coordinación y bases generales de la sanidad, y podría suponer una vulneración de las normas europeas incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico».
A juicio de los responsables regionales de Sanidad, el texto legal «trata de regular el modelo de colaboración público-privada en materia de transparencia, auditoría y rendición de cuentas, cayendo en la redundancia, ya que muchas de las normas propuestas ya se vienen aplicando en la Comunidad de Madrid desde hace muchos años».
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La Consejería que dirige Fátima Matute considera que la propuesta ministerial «no aporta soluciones realistas, ni concretas. Está redactada genéricamente y carece del mínimo rigor normativo, económico y organizativo, al no aportar cifras, referencias doctrinales, ni económicas alguna y sin relacionar ni concretar los problemas que dice querer subsanar con la normativa vigente».
En su escrito de alegaciones, asegura también la Comunidad de Madrid que «la gestión indirecta» en materia sanitaria «en ningún momento incide en el régimen de acceso y en el contenido de la prestación sanitaria para los ciudadanos, ni tampoco altera la financiación con fondos públicos del servicio, por lo que en ningún caso esos problemas aludidos en la consulta, entre los que se encuentra 'la pérdida del control de gestión por las Administraciones Públicas', podrían justificar el proyecto desde el punto de vista de las competencias regulatorias de bases y coordinación que tendría el Estado en la materia».
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