Vox logra que se retire la bandera LGTBI del edificio de grupos del ayuntamiento y pide quitar la de Ucrania

Las insignias arcoíris no pueden ondear en la calle de Mayor después de una resolución judicial que estimaba parcialmente la medida cautelar solicitada por el partido liderado en el ayuntamiento por Javier Ortega Smith. Al menos, no estarán presentes hasta que se dicte sentencia firme sobre si pancartas o banderas no oficiales pueden colocarse en el exterior de un edificio o espacio público.

Al borrado de las LGTBI se suma ahora la posibilidad de que desaparezcan también las ucranianas, instaladas en el balcón del Partido Socialista. Ayer, Ortega Smith aseguró que su formación también pedirá al juez que las retire de manera temporal. «Lo vamos a pedir porque no estamos ante la embajada», dijo el portavoz municipal de Vox. «Imaginen que alguien pone la bandera de Ucrania en un balcón del ayuntamiento y en el de al lado la de Rusia, o en otro la de China y la de Estados Unidos. ¿Esto qué sería, la ONU?«, se preguntó el también el secretario general de la formación.

Ellos mantienen que en los inmuebles municipales solo deben ondear «banderas oficiales» porque son edificios «de todos los ciudadanos», y califica de «falacia» las posiciones de otros partidos –como Más Madrid y PSOE– que aducen la libertad para mantener la bandera en el exterior. «Cada uno en su casa o despacho puede poner la bandera que sea», concluyó Ortega Smith.

Frente a él se encuentran los partidos representados por Rita Maestre y Mar Espinar, que ya han anunciado que se personarán en la causa y pedirán la nulidad del auto. «Lamentamos los pasos atrás, con un PP subyugado a lo que dicta Vox. El PSOE solo da pasos atrás para coger impulso y derrotar a Almeida en las urnas», dijo Mar Espinar, la portavoz socialista.

Más Madrid, por su parte, denominó a Vox como «los auténticos socios del PP», en palabras del portavoz de Seguridad, Miguel Montejo, que acusó al Gobierno municipal de buscar «un conflicto social» tergiversando la ley.

En esta batalla falta por conocer la decisión final del Gobierno, liderado por PP y Cs. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, afirmó que los servicios jurídicos «estudian la interposición de recurso», pero mientras tanto el ayuntamiento «no puede hacer más que acatar el auto y cumplir».