La llegada de menas a la Comunidad de Madrid dobla los 1.300 del año pasado y el Gobierno solo aporta 1,6 millones de euros para 30

Después de la conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia, la consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, denunció cómo en cuatro horas de reunión el Gobierno no puso sobre la mesa ningún plan riguroso, «ni una sola medida», para hacer frente a la llegada incesante de inmigrantes irregulares y en concreto de menores no acompañados. Ni siquiera, denuncian desde la Consejería, dio una solución para financiar una atención de la que se hacen cargo las comunidades, pero que sobrepasa todos los límites previstos. «Solo se dedicó a atacar a las comunidades autónomas y acusarlas de tener actitudes xenófobas».

La Comunidad de Madrid, como el resto de autonomías, dio el visto bueno al compromiso general de acoger de forma voluntaria 400 menores migrantes de Canarias y Ceuta. Según la distribución acordada, a la región madrileña le corresponde la acogida de 30 menores no acompañados, los mismos que Andalucía o Extremadura. El Gobierno se compromete, a su vez, a aportar 1,6 millones de euros a la Comunidad (en concreto, 1.617.377,68 euros), como presupuesto para atender a esos menores. Supone una media de 53.000 euros por menor inmigrante no acompañado para su atención social, educativa y sanitaria. Un total de 146 euros al día durante un año.

El problema que ve la Comunidad de Madrid es que son datos claramente irreales. Pone sobre la mesa esta otra realidad: en los seis primeros meses de este año 2024, se han atendido en la región 1.239 menores no acompañados. Suponen casi tantos como los que llegaron durante todo el año pasado, y que superaron los 1.300. Para la segunda parte de este 2024, en la Comunidad prevén la llegada y atención de al menos otros mil, por lo que la cifra prácticamente se ha duplicado de un año para otro.

Casi la mitad de los menas que están llegando ahora mismo a la Comunidad de Madrid lo hacen a través del aeropuerto de Barajas. Aprovechan en algunos casos escalas para quedarse en Madrid, y cuando son interceptados se derivan directamente a los servicios sociales de la Comunidad, que se hacen cargo de ellos durante el tiempo que se quedan en los centros, que en muchos casos no suele ser demasiado, a veces solo días, hasta que toman de forma voluntaria e imprevisible otros caminos, ya que son centros de atención, no de reclusión.

La Comunidad tiene un presupuesto de 40 millones de euros este 2024 para hacerse cargo de todos estos menores no acompañados y de sus necesidades. Por eso, desde la Consejería de Asuntos Sociales se considera claramente insuficiente la cantidad aportada por el Gobierno de la Nación, ante una realidad que supera con creces el discurso oficial del Ministerio. En la Consejería se denuncia, además, que se han encontrado con otros 150 menores en los campamentos de inmigrantes de Alcalá de Henares y Carabanchel, a pesar de que el Gobierno se comprometió a que no habría menas en ellos.

Fuentes de la Comunidad subrayan que la inmigración irregular es «un asunto de Estado» y debe tratarse con rigor. Por eso desde la Puerta del Sol se reclama a Pedro Sánchez que convoque cuanto antes una conferencia de presidentes autonómicos para tratar esa cuestión y fijar un plan acordado entre el Gobierno y todas las comunidades autónomas, que incluya una financiación adecuada y una mayor coordinación e información entre administraciones. «Necesitamos recursos específicos para evitar el colapso de los servicios», subrayan fuentes regionales. Por eso ven necesario declarar una «emergencia migratoria» y exigir la implicación de la Unión Europea.

En el Gobierno de Ayuso tampoco ven con buenos ojos la propuesta de reforma de la ley de Extranjería que ha planteado el Ejecutivo de Sánchez, para el traslado automático de menores desde las autonomías de llegada al resto de regiones. La consejera conoció el texto apenas 24 horas antes de que se presentara en la conferencia sectorial y en la Comunidad no ha habido tiempo de analizarlo en profundidad. Pero la primera impresión es «negativa».

A falta de un estudio más exacto de la iniciativa que se acabe registrando en el Congreso de los Diputados y de las enmiendas que se introduzcan por los grupos parlamentarios, la Comunidad de Madrid cree que puede producirse una «invasión de competencias». Fuentes de la consejería explican que el Estatuto de Autonomía de Madrid incluye como competencia autonómica exclusiva la protección y tutela de los menores no acompañados, por lo que no descarta la posible inconstitucionalidad de la norma y la presentación de un recurso si se confirman sus impresiones.