La Ley de Infancia de la Comunidad de Madrid incluirá educar en el uso de redes sociales desde los 3 años

Entre sus novedades, la ley recoge también la escolarización universal y gratuita de 0 a 3 años. Y se extiende más atrás aún en la vida del niño, al incluir medidas para velar por la vida y la salud del 'nasciturus', el concebido no nacido. Se movilizarán, informan, recursos para salvaguardar el interés del menor, lo que se extiende también a la mujer embarazada, con mecanismos que la ayuden desde la fase prenatal.

Una medida que se puede interpretar como un guiño a Vox, cuyos votos –o, al menos, su abstención– son necesarios para que el PP saque adelante esta norma sobre la infancia. El vicepresidente regional, Enrique Ossorio, confiaba ayer en que esta norma reciba hoy el visto bueno de la mayoría de la Cámara madrileña, y pueda entrar en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, apuntaba ayer la necesidad de alcanzar «un gran pacto por la infancia y la adolescencia, en el que la empresa, las administraciones y los medios de comunicación» tienen «mucho que decir y que hacer».

Pasando de las palabras a los hechos, hoy llega a la Asamblea el proyecto de Ley de la Infancia, que el Gobierno de Díaz Ayuso aprobó el pasado mes de julio y ahora debe recibir la ratificación de los diputados. En él, se insiste en la necesidad de cuidar la correcta formación de los niños y jóvenes en el manejo correcto de las nuevas tecnologías, y por eso se incluirán por ley competencias digitales y contenidos relacionados con las buenas prácticas en el uso de estas nuevas herramientas, a las que tan aficionados son los más jóvenes.

Esos conocimientos sobre el aprendizaje de las habilidades digitales básicas deberán incluirse en los currículos de todas las etapas educativas, desde Infantil hasta el Bachillerato y la Formación Profesional, para evitar situaciones de riesgo por uso inadecuado de internet. Esto significa que este tipo de enseñanzas se deberán prestar a lo largo de todo el proceso educativo, empezando por los más pequeños: desde el segundo ciclo de Enseñanza Infantil, de 3 a 6 años. Concretamente, aparece recogido en el artículo 25 de la citada ley.

Esta es, precisamente, una de las partes de la nueva ley que introducen cambios con respecto a la anterior, porque en este ámbito, los usos sociales han cambiado mucho y hacía falta adaptar la norma tanto al nuevo marco normativo nacional e internacional, como a los actuales desafíos en este terreno. Los niños ahora tienen acceso al móvil desde muy pronto, y con una soltura en su uso que no siempre va acorde con sus conocimientos sobre los peligros que conlleva navegar por las redes.

Por eso se refuerza el aspecto formativo, para que los chavales sepan cómo combatir fenómenos como el ciberacoso, cómo manejar las imágenes a las que acceden en las redes sociales o normas básicas de seguridad sobre las que ellos suben, entre otros aspectos.

Para reforzar estos mismos conocimientos, la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció el martes que pondrá en marcha, desde este año y hasta 2027, un Plan de Ciberseguridad para la Ciberprotección y por la Convivencia, que se aplicará en Educación Primaria y Secundaria, desde los 8 años en adelante, con el objeto de prevenir también acciones relacionadas con la ciberseguridad, internet y las redes sociales y que puedan resultar dañinas para los niños y adolescentes.

La idea es llegar a medio millón de alumnos de estos niveles educativos, y crear además una red de asesoramiento para familias sobre la utilización responsable de los videojuegos por parte de los jóvenes.

En este mismo capítulo de la formación, la ley recoge que los estudiantes recibirán información sobre buenas prácticas en el manejo de las nuevas tecnologías y en los riesgos derivados de su uso inadecuado, con especial atención a las situaciones de violencia, noticias falsas o contenidos que puedan dañar su dignidad y desarrollo.

Ese artículo también obligará a los editores y publicadores de contenidos para adultos a utilizar métodos y herramientas efectivas para verificar la mayoría de edad de sus usuarios, más allá de lo que ahora se hace, que es una petición de confirmación a la persona que entra en sus páginas. De este modo, se trata de reforzar esa verificación para evitar que los menores puedan entrar a esos contenidos.

Otro de los aspectos que se van a tratar en la nueva norma tiene que ver con los proveedores de servicios de internet, con los que se van a promover acuerdos para que las nuevas altas e instalaciones de acceso a internet lleven instalados por defecto el control parental, que deberá ser desactivado por el propio usuario si no lo precisa. Pero de oficio, vendrá con dicho control funcionando de forma automática.