Un juzgado da la razón a la Comunidad de Madrid sobre el centro de La Cantueña y condena en costas al ayuntamiento

Este fallo, ha insistido, viene tras otros siete que abonaba los argumentos regionales. La sentencia, ha explicado el consejero, señala que «la Comunidad de Madrid es la legítima propietaria del inmueble: está documentado que pertenecía al momento de la suspensión y ahora a la Comunidad». Así lo dice la inscripción registral de la finca, que «no consta ni modificada ni revocada».

Además, explica la sentencia que «no resulta jurídicamente admisible que no se recurra la decisión de acometer las obras iniciadas por la Comunidad de Madrid pero se dicte un decreto paralizándolas, impidiendo de facto que se de cumplimiento a una resolución autonómica». Para a continuación, señalar que «ninguna administración, a través de una resolución unilateral, puede privar de eficacia a los actos de otra administración adoptados en el marco de sus competencias».

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Sara Medialdea

Dice además el fallo que «ha habido desviación de poder por parte de ayuntamiento de Fuenlabrada», lo que el consejero explicó señalando que el ayuntamiento de la localidad «esgrimía la falta de licencia para poder acometer estas obras cuando no era necesaria esa licencia». Por eso, indicó que el alcalde fuenlabreño, Javier Ayala, «está perdiendo una ocasión única para dejar de poner palos en las ruedas en la Comunidad».

Pero la visión es muy diferente desde el ayuntamiento de Fuenlabrada, que tacha de «rotundamente falso» que la sentencia diga que el centro es propiedad de la Comunidad. Fuentes del Gobierno local señalan a ABC que «una vez más, la Comunidad de Madrid que hacina y aísla a los menores no acompañados demuestra que su único interés es hacer partidismo de un asunto tan importante como es la atención a los y las menores. Ahora, sacan pecho de que una sentencia anula un decreto de paralización de obras cuando las obras han acabado ya hace meses».

Insisten en que este tipo de macrocentros «no sirven para atender a los menores y trabajar en su integración», y recuerdan al Gobierno regional que «el Tribunal Superior de Justicia de Madrid investiga aún el contrato a dedo del Gobierno de Ayuso para las obras de este centro».